martes, 24 de noviembre de 2009

El cupo hoy. ¿Fueros o fraude?


De entre los pocos estudiosos de las instituciones jurídicas de la Tradición Española el Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad del País Vasco Jon Arrieta Alberdi ha publicado análisis bien ponderados sobre la foralidad vascongada. Si bien condicionados por manejar en ocasiones términos poco rigurosos en relación con el derecho tradicional hispánico y por un ambiente intelectual donde hay dogmas civiles bien asentados por el nacionalismo que acaban influyendo en el contexto general de la obra, restándole valor. Además están realizados en un ambiente donde es muy difícil pensar o expresarse en libertad, como la UPV, tan copada por el terrorismo etarra. En cualquier caso, pese a sus carencias, nos gustaría destacar el esfuerzo de comprensión y explicación realizado, que nos lleva a enlazar con la actualidad del falso sistema foral vascongado. El profesor Arrieta realiza la siguiente explicación de la foralidad en su obra La idea de España entre los vascos de la Edad Moderna:


3. EL MUNDO INSTITUCIONAL VASCO: LA FORALIDAD COMO JURISDICCIÓN PROPIA

El periodo abordado en esta exposición (siglos XVI-XVIII) coincide con el asentamiento y madurez de las instituciones vascas de derecho público. El proceso de pacificación y asentamiento de la sociedad vasca en el bajo medievo estuvo centrado en la reducción de la superioridad abusiva de los Parientes Mayores y en la formación de cuerpos provinciales organizados a modo de hermandades, en las que las villas, a la sazón bastante consolidadas, pasaron a ocupar una posición de mucho peso. Las provincias vascas eran, en definitiva, un espacio en el que privaba la implantación de núcleos dotados de jurisdicción propia, dando lugar a un conglomerado de entes capacitados para ejercerla en un mosaico plural y dinámico (López Atxurra).

En la base se encuentra la jurisdicción municipal y la de las corporaciones (consulados de mercaderes, y gremios potentes como los de ferrones). Téngase en cuenta que la Baja Edad Media fue el periodo en el que en estas tierras se consiguió llegar a un equilibrio social y territorial, el primero por superación de los conflictos entre y con los Parientes Mayores, y el segundo por la organización de los núcleos de población en el nivel municipal y urbano –por un lado– y el provincial (Juntas Generales y Diputación) por otro. Los municipios ostentaban la mayor parte de la gestión y ejercicio de la vida pública, pero su representación provincial aparecía cada vez con una forma y presencia más madura y organizada, de modo que era necesario tenerla en cuenta en su relación con otros núcleos, jerárquicamente más elevados, de potestad jurisdiccional (las propias Juntas y el Corregidor, Chancillería de Valladolid, Consejo de Castilla).

La jurisdicción propia requiere de un territorio definido. Las provincias consolidan su forma y proporciones y ligan cada vez más sólidamente a ellas sus instituciones. La madurez jurisdiccional se manifiesta en la capacidad normativa de los municipios en su ámbito y de las Juntas para asuntos provinciales; en la policía y orden público, fomento y algunas prestaciones sociales; en el procedimiento judicial basado en el juez natural y, para Vizcaya, jurisdicción propia en la Chancillería de Valladolid. En cuanto a la fiscalidad y al comercio, los defensores de la foralidad, fiscalidad propia y libre comercio, los explican siempre en función de la defensa, es decir, trasladan la justificación al terreno de las obligaciones.

El conjunto potestativo, que en forma de privilegios, diferencias y ventajas constituye la foralidad, tiene su otra cara en las obligaciones que implica. Todos los defensores de las instituciones forales se refieren a un mismo hecho: las provincias exentas cumplían una función defensiva de la Monarquía. Su situación geográfica era determinante, particularmente ante Francia, que representó en estos siglos el riesgo político, dinástico y religioso por excelencia. Los Pirineos pasaron a ser en el siglo XVI, tanto para Francia como para España, un compacto bloque de defensa integrado por las poblaciones montañesas asentadas y permanentemente preparadas para la guerra. Las provincias y reinos pirenaicos defienden a la Monarquía defendiéndose a sí mismos.

La pertenencia a un gran Imperio, líder entonces del mundo católico, era una garantía de seguridad para provincias que se hallaban geográficamente situadas en zonas de riesgo. El respaldo general que la Monarquía podía proporcionar era la contraprestación lógica al compromiso de actuar como primer frente de defensa contra potentes enemigos, ante cuyos potenciales ataques, a su vez, el volumen y la solidez del Imperio ejercían un efecto disuasorio tranquilizador para las pequeñas provincias fronterizas. Éstas se sentían relativamente cómodas y seguras y, al mismo tiempo, alejadas, casi ajenas, a la acción jurídico-administrativa directa de la Monarquía. Es curioso comprobar la gran proximidad de ideas y argumentos que podemos encontrar en las descripciones y defensas de los ordenamientos jurídicos propios de autores guipuzcoanos, catalanes o sardos de la época moderna, cuando Fuenterrabía, el Rosellón y la isla de Cerdeña tenían un valor estratégico considerable.

En lo que a las provincias vascas y a Navarra se refiere Francia representó el riesgo político, dinástico y religioso por excelencia en los siglos XVI y XVII. Valois y Borbones estuvieron intensamente enfrentados con los Habsburgo y estas dos últimas casas tuvieron siempre la vista puesta en conseguir la titularidad del liderazgo político militar de la cristiandad europea. Cuando se abrió el frente de la Reforma y ésta caló en la, hasta entonces, católica Francia, el problema de la posible contaminación provocó el cierre aún mayor de la frontera pirenaica, en parte de la cual, precisamente, había prendido especialmente la nueva confesión.


Como vemos históricamente la foralidad, no solo vascongada, sino también de los reinos hispánicos fronterizos, está determinada además de por un fortalecimiento del poder provincial en detrimento del municipal por su posición de avanzados y fidelísimos reinos ante la más que posible invasión. Así, el profesor Arrieta reconoce los derechos forales se complementan con obligaciones principalísimas. Faltaría además profundizar algo más en la filosofía jurídica foral. Era un modo de atemperar cualquier tentación absolutista, ajena a la Tradición Española y respondía a la concepción orgánica de la sociedad. Los fueros no solo eran territoriales, y no solo provinciales, pues también los habia municipales. Y al tiempo los habia eclesiásticos, universitarios, militares, etc. con plena vigencia todos en el Señorío de Vizcaya y las Provincias de Álava y Guipúzcoa. En el ámbito económico los Fueros territoriales de los reinos hispánicos fronterizos disfrutaban de ciertas exenciones fiscales en un contexto de precarísima hacienda pública. Las contribuciones fiscales no eran universales, porque estamos en el contexto de una sociedad jerarquizada en la que cada cuerpo, cada estamento o cada territorio asume circunstancias singulares. En el contexto de los reinos fronterizos estas exenciones se explican por ser los primeros en defender la integridad de la Monarquía. El cupo tal y como lo conocemos hoy vendría después, como desenlace de la III Guerra Carlista en un intento de salvar algún rasgo de foralidad, que enseguida fue usado por los liberales vascongados para sus intereses económicos particulares. En esos años nace un incongruente fuerismo liberal que acabará desembocando en el nacionalismo racista actual.
Esta introducción histórica es muy útil para realizar una reflexión sensata sobre el actual cupo económico de la Comunidad Autónoma Vasca o Euskadi siguiendo la nefasta terminología del racista Sabino Arana. Recientemente el cupo ha vuelto a ser actualidad en primer lugar por el blindaje que el PSOE ha pactado con el PNV del mismo, a cambio del apoyo sin matizaciones de la nueva ley del genocidio abortista y de otras leyes anticristianas. Y en segundo lugar por la reciente propuesta del partido UPyD, nacida de la delegación del partido en Vascongadas, de anular el cupo vascongado y el concierto económico navarro.
Mal se puede hablar con propiedad de fueros en medio de un parlamentarismo soez, de un Estado anticatólico y antitradicional y mucho menos de cupo y haciendas "forales" cuando las mismas lo única que hacen es ser administradores de un régimen fiscal confiscatorio. La mera especulación de los mismos en el debate parlamentario por si sola invalida la presunción de autenticidad de los actuales "fueros". Pero mucho peor es la dinámica en que se circunscriben: la del liberalismo constitucionalista, que no puede reconocer más derechos que los de la soberanía popular, lo que impide nuevamente la vigencia de un derecho consuetudinario y tradicional como es el foral. Más difícil se hace todavía hablar de fueros cuando estos sirven para amparar las políticas contranaturam de los parlamentos liberales, sean estos estatales o autonómicos, cuando los fueros en su origen eran una custodia y estaban sometidos a la ortodoxía pública católica.
En este contexto el cupo hoy día no es más que una coartada de los nacionalistas para alegar "hechos diferenciales", cuando si en algo se diferenciaban los fueros de los reinos hispánicos fronterizos es que se justificaban por una lealtad que se entendia inquebrantable a Dios, a la Patria y al Rey. Además del aspecto exótico que defienden hay que considerar el poder económico que suponen unos presupuestos controlados por los nacionalistas, pues su gran poder económico es una de las explicaciones de la dictadura nacionalista. El desfalco y fraude que ha protagonizado el cupo desde que está en manos de los nacionalistas es uno de los robos más grandes de la historia. Mientras que el régimen navarro dentro de sus carencias y debilidades ha aportado con justicia al sostenimiento de los gastos comunes el cupo ha sido la excusa para chantajear y chulear al Estado aportando siempre objetivamente mucho menos de lo que se recibe y no colaborando en los gastos generales de los que se benefician los vascongados (la propia fundación del BBVA lo ha denunciado en el mismo Bilbao), como en el reciente caso de la defensa de atuneros españoles por las Fuerzas Armadas. Los tradicionalistas se encontraron además con un apoyo esencial a la reivindicación foral con la doctrina católica --defendida por la máxima autoridad magisterial de todos los Papas-- del principio de subsidiariedad. Dicho principio ya estaba de hecho en la configuración tradicional de las Españas. Por contra los actuales "cupos" y "pseudofueros" no hacen más que reproducir la indeseable inmiscusión de lo público allá donde no le corresponde.
Más que la anulación del cupo de las Vascongadas, lo que deseamos es la restauración y correspondiente dignificación de todo el régimen foral hispánico y de su Monarquía legítima, corolario y garantía plena del mismo.

domingo, 22 de noviembre de 2009

Alakrana: vergonzoso punto y seguido.

Los desarrapados piratas mahometanos huyen con el botin. Se lo gastaron en prostitutas y drogas.
Una vez más el débil gobierno de ocupación neomarxista ha hecho el más clamoroso de los ridículos institucionales en el desenlace del secuestro del atunero "Alakrana". La rendición ante las exigencias de unos bandidos tercermundistas absolutamente desalmados --el relato del Patrón del atunero es espeluznante-- que están gastando el dinero del rescate, pagado por todos los españoles, en drogas y prostitutas pone de manifiesto la absoluta inutilidad del gobierno para enfrentarse a grandes crisis en las que se ponen en juego los intereses de toda una nación además de conceptos tan elevados como Justicia y Autoridad absolumente desconocidos y pisoteados por el mismo. Los medios del sistema por otra parte apenas han reparado en el sacrilegio cometido por los piratas mahometanos contra una imagen de la Virgen del Carmen, así como tampoco sobre la actitud del proetarra ayuntamiento de Bermeo, que además de solo ondear en su balcón la ikurriña también cuelga del mismo una bandera en favor de ETA (¿dónde está la deslegitimación institucional del terrorismo de la que hablan Ares y Basagoiti?).
Poco después del desenlace del secuestro ya se han intentado nuevos asaltos a barcos españoles. Las medidas aprobadas por el gobierno amparan intereses bastardos, pero no una preocupación sincera por nuestros barcos. Finalmente, pese a que se aseguró que legalmente no era posible, se apobó el embarque de seguridad privada en los barcos. Y la prestación de servicios de seguridad privada se ha concedido a Segur Ibérica. Dicha empresa de seguridad es participada por destacados miembros del PSOE, entre ellos Carmen Romero mujer del ex presidente Felipe González, aunque actualmente se encuentren separados. Dicha empresa es la encargada de la seguridad de casi todas las sedes del PSOE, entre ellas la nacional de la Calle Ferraz en Madrid así como de casi todos los Ministerios desde la llegada del PSOE al poder. Además también trabaja de modo principal con la Generalitat de Cataluña, en manos del PSOE y ERC. Ha protagonizado además no pocos incumplimientos del Convenio Colectivo de Seguridad Privada y de los derechos laborales de sus trabajadores. A los vigilantes además se les ha dado una formación tremendamente deficiente, de solo 72 horas y ni siquiera se les ha exigido la ha dado la Formación Marítima Básica, que es la habilitación mínima que cualquier persona ha de tener para trabajar en la mar y que ofrece conocimientos esenciales antes de embarcarse. Pese a ello los vigilantes han hecho valer de momento su experiencia previa en la Infantería de Marina española o ante situaciones muy difíciles como la escolta en Vascongadas y Navarra para repeler ya tres ataques contra pesqueros vascongados.
La Audiencia Nacional finalmente volverá a dejar sin juzgar a los piratas capturados, malogrando la labor realizada por las Fuerzas Armadas con su detención. Las presiones políticas han impedido se aplique la Ley sobre los piratas que establecia la posibilidad de juzgarlos en España, tal como pedia la Fiscalía.
A los piratas, desde las primeras navegaciones humanas, se les toma o se les hunde. Unos pacifistas de pacotilla no pueden acabar con este multisecular derecho consuetudinario y tradicional que es la ley del mar. Ni se negocia con ellos ni se anda con miramientos. Cuando los piratas ganan, España pierde, y viceversa. La rendición nacional se está celebrando como una gran victoria, no sólo por la vergonzosa exhibición de un Gobierno rendido, sino por una oposición degradada y unos medios de comunicación moralmente envilecidos. Todos celebran la victoria pirata y la derrota española. Lo malo es que la catastrófica gestión política, militar y diplomática del caso Alakrana, que ha culminado con el titular, España se rinde ante los piratas, no es el punto final. Tras la humillación española, la guerra continúa, porque los piratas –por definición situados en frente y fuera de todo derecho y toda ley–, siguen atacando.

sábado, 21 de noviembre de 2009

La muerte de la agricultura y el campo

En el día de hoy, 21 de noviembre de 2009, una inmensa movilización agraria ha colapsado Madrid exigiendo medidas para la salvación del sector. Un sector esencial para nuestra existencia; un sector de gran capacidad y potencialidad competitiva; un sector que custodia un modo de vida tradicional y sano; un sector que asegura la preservación de la naturaleza, siempre que se ejerza la actividad productiva con responsabilidad. El campo ha sido conducido a la ruina y con él se han cebado todas las grandes injusticias del sistema liberalcapitalista: la explotación del trabajo frente a la dignidad del mismo, el carácter urbanita de la Revolución con todos sus prejuicios frente al mundo rural y la necesidad de crecimientos económicos sin freno moral ni respeto por los modos tradicionales de producción ni por la calidad de lo producido.

Sometidos a la usura de préstamos de grandes bancos que absorbieron a las cooperativas del crédito agrícola, a la imposición a la baja de pequeños precios por el gran capital para luego especular con los mismos y que el consumidor pague por los mismos productos hasta treinta veces más, a estúpidas regulaciones que nunca redundan en mejor calidad sino en puras trabas burocráticas al tiempo que proliferan cultivos transgénicos y altamente perjudiciales, así como a la competencia de un mercado mundial que impone los productos de fuera antes que los propios, la dura actividad agraria hoy en día es contraproducente. El agricultor y el ganadero pierden dinero dejándose la vida en el campo mientras los grandes capitales de distribución se enriquecen de modo fraudulento. El gobierno socialista de ocupación de España y el gobierno mundialista de la U.E. imponen normas absurdas, regulaciones e impedimentos, pero son incapaces de regular el mercado y acabar con los abusos.

Desde las primeras políticas liberales desamortizadoras el campo ha sido herido de muerte. La voracidad capitalista y el neomarxismo pueden terminar de acabar con un modo de vida y producción tradicional ajeno a la miseria moral del nihilismo postmoderno.