Acto religioso judío en el Senado.
"Izquierdas" o "derechas" son dos cabezas de la misma hidra revolucionaria. Este aspecto se acrecienta y observa más claramente en el actual momento histórico, cenital del sistema demoliberal. Una de los rasgos que al menos en España solía distinguir a las "izquierdas" y las "derechas" era su posición ante el Estado sionista de Israel. España fue el penúltimo de los estados que forman parte del continente europeo en establecer relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. El último fue el Estado del Vaticano. Estas relaciones sólo pudieron tener lugar con un gobierno del PSOE con mayoría absoluta parlamentaria (enero de 1986) y fueron fruto de las presiones del importante lobby judío que por aquel entonces se hacía más visible en los partidos separatistas catalanes, en el PSOE y en el ámbito del Jefe del Estado, Juan Carlos. Destacados dirigentes socialistas como Fernando y Enrique Múgica Herzog o Joaquín Almunia Amann (los tres judíos, según las singulares leyes raciales de los judíos, que señalan que la pertenencia a dicho pueblo la determina la madre) hacían ver como la causa del sionismo era la del socialismo. El primero de ellos afirmaba que sólo tenía los banderas por las que luchar: la ikurriña —bandera racista y estrafalaria que en su origen sólo pretendía ser la bandera propia del PNV de Vizcaya— y la bandera del Estado de Israel. Tras el establecimiento de relaciones diplomáticas, el Estado español reconoció plenamente a la Palestina ocupada como "hogar nacional del pueblo judío" (tesis pura y radicalmente sionista) durante el gobierno de Rodríguez Zapatero cuando la cartera de Exteriores la ocupaba la ministro de cuota Trinidad Jiménez.
Con el tiempo se fue abriendo entre las llamadas "derechas" una mayor influencia de las tesis sionistas. No faltaban precedentes, como las ayudas dadas por los gobiernos de Primo de Rivera y de Francisco Franco a los sefarditas. Esta tendencia se reforzó durante los noventa del siglo pasado, por aquel entonces ya era imposible discrepar entre las "derechas" del Estado de Israel ni cuestionar la más mínima ejecutoria histórica del pueblo judío. En una vuelta de tuerca definitiva el actual gobierno del PP ha aprobado la concesión automática de la nacionalidad española a los descendientes de los sefarditas (que en Israel constituyen un espectro cada vez más influyente y radicalizado, como se ha visto en las últimas elecciones allí celebradas), la introducción del "legado" judío en la "marca España" (demostración una vez más de que para los liberales la Patria no es más que un negocio), así como una serie de leyes "antidifamación" severísimas, las cuales no protegen a ningún otro credo religioso o etnia. Conceptos del liberalismo como la libertad de expresión o la aconfesionalidad del Estado representan de por sí una gran mentira y una perversión moral e intelectual. Pero los mismos ejecutores de esos conceptos los aplican de un modo absolutamente cínico y selectivo. La libertad de expresión podrá amparar los ataques más duros a la Iglesia Católica, pero no permitirá opinar sobre el judaísmo. La aconfesionalidad del Estado supone acabar con toda influencia pública de la única religión verdadera, y a efectos democráticos, la mayoritaria de España. Se cuidan muchos los poderes públicos (y desde hace cincuenta años también los eclesiásticos) de cualquier gesto que pudiese ser interpretado como influencia del catolicismo en la política. Sin embargo recientemente en el Senado los partidos del Sistema han organizado con el gobierno del PP un acto religioso judío. ¿Será un reconocimiento público institucional de que la democracia liberal en que se asienta el actual Sistema es una creación del judaísmo, como afirman los propios judíos?
Con el tiempo se fue abriendo entre las llamadas "derechas" una mayor influencia de las tesis sionistas. No faltaban precedentes, como las ayudas dadas por los gobiernos de Primo de Rivera y de Francisco Franco a los sefarditas. Esta tendencia se reforzó durante los noventa del siglo pasado, por aquel entonces ya era imposible discrepar entre las "derechas" del Estado de Israel ni cuestionar la más mínima ejecutoria histórica del pueblo judío. En una vuelta de tuerca definitiva el actual gobierno del PP ha aprobado la concesión automática de la nacionalidad española a los descendientes de los sefarditas (que en Israel constituyen un espectro cada vez más influyente y radicalizado, como se ha visto en las últimas elecciones allí celebradas), la introducción del "legado" judío en la "marca España" (demostración una vez más de que para los liberales la Patria no es más que un negocio), así como una serie de leyes "antidifamación" severísimas, las cuales no protegen a ningún otro credo religioso o etnia. Conceptos del liberalismo como la libertad de expresión o la aconfesionalidad del Estado representan de por sí una gran mentira y una perversión moral e intelectual. Pero los mismos ejecutores de esos conceptos los aplican de un modo absolutamente cínico y selectivo. La libertad de expresión podrá amparar los ataques más duros a la Iglesia Católica, pero no permitirá opinar sobre el judaísmo. La aconfesionalidad del Estado supone acabar con toda influencia pública de la única religión verdadera, y a efectos democráticos, la mayoritaria de España. Se cuidan muchos los poderes públicos (y desde hace cincuenta años también los eclesiásticos) de cualquier gesto que pudiese ser interpretado como influencia del catolicismo en la política. Sin embargo recientemente en el Senado los partidos del Sistema han organizado con el gobierno del PP un acto religioso judío. ¿Será un reconocimiento público institucional de que la democracia liberal en que se asienta el actual Sistema es una creación del judaísmo, como afirman los propios judíos?