El pasado día 2 de enero de 2014 se cumplían ochenta años del asesinato del carlista Ignacio Rojo, jefe de la Guardia Municipal de Durango. Hay precedentes, algunos recientes, de carlistas que también ostentaron jefaturas de guardias o policías municipales, así como de las forales.
El diario nazionalista (anti)vasco Deia daba el típico tratamiento deplorable de dicho acontecimiento histórico, intentado no sólo infamar su memoria, sino también hermanarse con los libertarios cenetistas, de los que eran enemigos declarados hasta julio de 1936. El artículo en cuestión: http://www.deia.com/2013/12/
Interesa destacar como se achaca a Ignacio Rojo el ser represor de anarquistas y nacionalistas vascos. Sobre la tensión con los pistoleros libertarios, auténticos hampones antes que movidos por ideas políticas, puede verse el artículo consagrado a rescatar la memoria de Ramón Sales Amenós: http://elmatinercarli.blogspot.com.es/2010/06/ramon-sales-amenos-obrerismo-y_27.html
Sobre la lucha contra los nazionalistas (anti)vascos resulta interesante que desde sus propios medios se reconozca el antagonismo con los carlistas (o tradicionalistas, como son denominados en el artículo). No pocas veces el nazionalismo ha intentado sacar provecho de la dilatada trayectoria política del carlismo, algo para lo que ha contado con el apoyo de cierta pseudohistoriografía liberal y en muchos casos oficialista.
Esta presunción de afinidad entre carlistas y nazionalistas tan superficial e ignorante suele descansar básicamente sobre el concurso de los carlistas en el llamado Estatuto de autonomía vasconavarro, que se proyectó durante la II República.
Los ejemplos de la Mancomunidad catalana o de los Estatutos de la II República eran intentos bastante ambiguos e imperfectos de defender las libertades regionales. Por eso jamás los carlistas los tomaron con demasiado entusiasmo, e incluso en el propio seno del Carlismo hubo duras polémicas internas sobre la conveniencia de participar en dichos proyectos. En cualquier caso nunca el nacionalismo en Vascongadas o en Cataluña, ni mucho menos en Navarra, fue una fuerza significativa por aquellos años, por lo que los estatutos no tenían en si mismos ese cariz separatista que con la instauración de la partitocracia liberal postfranquista han adoptado.
Así, circunstancialmente, en unos momentos concretísimos se produjo el concurso del Carlismo en dichos proyectos, a los que también concurrieron los nacionalistas, sin que ello signifique que fueran proyectos inspirados o capitaneados por los mismos nacionalistas. Hasta la irrupción del terrorismo y su secuencia de asesinatos y transterramientos el nacionalismo nunca fue una opción significativa en Vascongadas y pese a sus métodos mafiosos nunca lo ha sido en Navarra. Para el Carlismo la autonomía política de los territorios no era un fin en si misma, y la concepción tradicional de los Fueros es algo mucho más enjundioso que meras autonomías regionales. Pero conforme el Estado va paulatinamente invadiendo cada vez mayores espacios de politicidad autónoma se organizan protestas e instrumentos para atemperar el poder del mismo. Durante la II República además estas invasiones se vieron agravadas por cobijar además despiadados ataques a la Iglesia y a los católicos desde el gobierno central. Así era obvio que el Estatuto podría ser un medio para salvaguardar aquellos derechos que estaban siendo cruelmente pisoteados. Ocasionalmente el Carlismo podía unirse en las Cortes de la II República con un Antonio Pildain y Zapiain para defender un Estatuto al que el socialista bilbaíno, de origen asturiano, Indalecio Prieto se refirió como “un reducto clerical contra el espíritu democrático y liberal de toda España”. Pildain, representante de los integristas vascos más cercanos al nacionalismo (pese a concurrir como “independiente” por su condición de clérigo) y que luego seria un recordado Obispo de Canarias durante el franquismo por lo férreo de su doctrina moral (enfrentándose al mismo franquismo por su apertura al turismo europeo y su tolerancia con las sectas protestantes), señalaba que frente a la persecución religiosa había que “optar por una de estas tres posiciones dentro de la doctrina de Cristo: la resistencia pasiva, la resistencia activa legal o la resistencia activa con las armas en la mano”. No obstante llegado el momento de la prueba al inicio de la Cruzada sus nacionalistas “católicos” optaron mayoritariamente por posicionarse del lado de los mismos que bramaban contra el Estatuto vasconavarro confesionalmente católico de la II República (al menos en su primer borrador) y los mismos con los que hoy en día defienden un Estatuto centralista, totalitario, antiespañol y radicalmente anticristiano.
Resulta interesante conocer las diversas posturas dentro de la Comunión respecto a la implicación en la Mancomunidad (en el caso catalán) o en los Estatutos. Nos dan una idea de enorme libertad y democracia (en el sentido estricto, no ideológico, de la palabra) interna que reinaba en el Carlismo, siempre dejando a salvo los fundamentos de la Legitimidad Española .
Don Matías Barrio y Mier fue uno de los juristas carlistas más destacados, que tuvo un concurso esencial en la restauración de las instituciones forales en Vizcaya, llegando a ser decano de la Universidad de Oñate. Delegado político de Carlos VII fue un decidido opositor al acercamiento de los carlistas con Liga Regionalista, germen de lo que posteriormente vendría a ser la Solidaridad Catalana. También se oponía al incipiente movimiento de la Mancomunidad catalana (unificación de las diputaciones provinciales catalanas, una suerte preestatuto).
Enrique Gil Robles, quizás el mejor teórico del Carlismo en el siglo XX, también Catedrático de Derecho Político, fue otro de los opositores al entendimiento con los regionalistas catalanes. Su oposición se basaba en argumentos teóricos, pues temía una deriva liberal del autonomismo, como de hecho ocurrió.
En cambio Juan Vázquez de Mella , campeón del tradicionalismo, apoyó el acercamiento a los regionalistas y la participación en la Mancomunidad.
En Cataluña el acercamiento a la Liga Regionalista era cosa del carlismo burgués, de "El Correo Catalán" que quería proteger sus intereses de clase. El Carlismo obrero, representado por "La Trinchera" era violentamente antiliguísta. Lo que le llevó a agrias polémicas con los carlistas de "El Correo Catalán". Merece la pena resaltar la figura de Tomás Caylà Grau. Su amor por los Fueros catalanes estaba inscrito solo en la Tradición Catalana, no en el parlamentarismo liberal. Su catolicismo radical y militante le llevó a un cruel martirio. Todo un ejemplo de tradicionalismo.
En el ámbito del estatuto vasconavarro hay que partir primero de la coalición "católico-fuerista", que daría lugar a la llamada "minoría vasconavarra". En principio sólo concebida como unión de carlistas y católicos independientes dispuestos a defender los Fueros. Pero la presión eclesiástico hizo que se permitiera la entrada de militantes del PNV (por entonces José Antonio Aguirre, "napoleonchu" como le llamaban con pitorreo, era presidente de las Juventudes Católicas de Vizcaya). Los primeros resquemores empezaron cuando por decisión unilateral de los nacionalistas la candidatura se presentó como "candidatura Pro-Estatuto" en Vizcaya y Guipúzcoa, mientras que en Álava y Navarra mantenía su denominación oficial de "coalición católico-fuerista". Los carlistas que obtuvieron acta en dicha coalición fueron el Conde de Rodezno, Joaquín Beunza, Rafael Aizpun, Miguel Gortari (por Navarra); José Luis de Oriol y Urigüen (por Álava); Julio Urquijo Ibarra (por Guipúzcoa) y Marcelino Oreja Elosegui (por Vizcaya). Habrá seis representantes del PNV y cinco católicos “independientes” (venian prácticamente todos del integrismo, a excepción de un alfonsino navarro).
Pronto se rompería la minoría en dos facciones: los dispuestos a colaborar con la República y los refractarios a defender el régimen masónico republicano. El PNV se encontraba entre los primeros. Los carlistas entre los segundos. Desde entonces, el hostigamiento del tradicionalismo contra el PNV fue brutal. Un folleto editado por los carlistas en Bilbao y significativamente titulado “Nacionalismo, judaísmo y masonería” denunciaba las componendas del PNV con el régimen masónico republicano. El PNV mostraba su verdadera faz presentando por Guipúzcoa al navarro Manuel de Irujo de tendencias socialistizantes y partidario del laicismo radical; además de sabiniano racista de estricta observancia, sosteniendo delirantes teorías sobre la "raza vasca".
Hubo carlistas que confiaron hasta el final en un cambio del PNV. Entre ellos Juan de Olazabal Ramery, uno de los más fogosos defensores de la Unidad Católica de España. Pero sus esperanzas se vieron frustradas. Al final el PNV se quedó sólo en un estatuto no confesional, exclusivo para las Vascongadas, que se podría calificar de "etnicista", en la línea de los racismos triunfantes en dicha época.
El Estatuto vasconavarro en sus inicios por su carácter confesional fue atacado radicalmente por socialistas, republicanos, radicales y demás revolucionarios. No obstante los nacionalistas del PNV no tardaron en llegar a una componenda con los socialistas, acordando un texto impío. El PNV era un partido liberal desde hacia mucho tiempo e incluso acogía en su seno una línea laicista y socialista representada por Manuel de Irujo. Este carácter laicista, pese a que no era compartido por parte de sus bases ni por el clero que lo apoyaba, se manifestaba en episodios penosos. En 1905 causó tremendo escándalo que el PNV invitase a un pastor protestante a un acto oficial en el ayuntamiento de Bilbao, a lo que un joven Esteban Bilbao Eguía se opuso con radicalidad, siendo removido de su cargo por orden del gobernador civil.
Pero desde el principio dentro del Carlismo encontró un opositor destacado en Víctor Pradera Larumbe. El mismo también se opuso al pacto de la Solidaridad Catalana, retando a Cambó en 1917 a una pública controversia que este no aceptó. Pese a alejarse en determinadas épocas de la disciplina de la Comunión nunca dejó de ser un tradicionalista, y pese a su intento de unir a todas las fuerzas nacionales y antirrevolucionarias jamás transigió con la estrategia de Herrera Oria de aceptación de los poderes constituidos. El aragonés del PNV Telesforo Monzón (que después de estar 40 años de vacaciones durante el franquismo acabaría en el partido proetarra HB) no le perdonó su defensa de la españolidad de Navarra y Vascongadas y decretó su muerte, pese a gozar de inmunidad por ser miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales.