La mentira del sufragio en la partitocracia

Para que no decidan por ti hay que acabar con el sistema

Agencia FARO. Madrid, 2 abril 2010. Reproducimos y glosamos una noticia del diario El País.


PSOE y PP negocian que los emigrantes sólo puedan votar para el Senado
El acuerdo supondría vetar a 1,3 millones de españoles el sufragio en las elecciones municipales, autonómicas y para el Congreso de los Diputados
FERNANDO GAREA

El PSOE y el PP negocian un pacto para que los emigrantes que forman parte del CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) sólo puedan votar en las elecciones para el Senado . El acuerdo, que está muy avanzado en la subcomisión parlamentaria sobre la reforma de la Ley Electoral, supondría que 1,3 millones de emigrantes españoles residentes en todo el mundo dejasen de votar en elecciones municipales, autonómicas y para el Congreso de los Diputados.

La fórmula pactada, que está ya casi cerrada, pasa por crear una circunscripción específica en el Senado para estos votantes. Es decir, que habría senadores electos por cada provincia, más los correspondientes a una circunscripción exterior, más los designados por las comunidades. El proceso electoral se llevaría a cabo mediante votación presencial en los consulados para evitar fraudes. Los emigrantes votarían en urna en los días previos a la jornada electoral, y las papeletas serían remitidas después a España por valija diplomática.

Los dos partidos están convencidos de que es preciso revisar la actual situación, en la que el color político de un Ayuntamiento o un escaño del Congreso pueden ser decididos por el voto de ciudadanos que nunca han residido ni residirán en ese municipio o circunscripción electoral.

La situación será aún más significativa en sucesivos procesos electorales cuando se aplique la Ley de Memoria Histórica, que prevé que puedan recibir la nacionalidad española los nietos de españoles. En este momento el número de solicitudes para lograr el pasaporte rondan las 300.000, según los datos manejados por los partidos.

La base legal en la que PSOE y PP se apoyan es el artículo 68 de la Constitución, que establece que "la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España". La expresión "se encuentren" era interpretada hasta ahora de forma amplia, pero los partidos quieren equipararla a "residencia". Es decir, que si no hay residencia en las respectivas circunscripciones, no debe haber derecho a voto en todas las citas electorales. Se acepta que los emigrantes puedan votar en los referendos, pero queda en el aire si podrán hacerlo en los comicios europeos.

La reforma de la ley electoral que negocian los dos grandes partidos supone exigir residencia efectiva para votar en las municipales. Para las autonómicas se aplicaría la definición de los nuevos estatutos sobre los ciudadanos de las comunidades como los que tienen residencia en su territorio.

Otra de las medidas que incluiría el acuerdo consiste en endurecer los requisitos exigibles para presentar candidaturas. En este momento es reconocido que hay candidaturas que se presentan casi con el único fin de disfrutar de beneficios como el acceso al censo, la posibilidad de contar de forma automática con espacios gratuitos de publicidad o las subvenciones para el mailing electoral. Por eso los dos partidos mayoritarios trabajan con fórmulas como exigir un número mínimo de firmas para avalar las candidaturas, o una fianza que disuada a las que no tengan apoyos previos.

Actualmente, la ley electoral ya exige a las agrupaciones electorales un número de firmas de aval que resulta disuasorio. Pero los dos grandes partidos prevén extender esta exigencia a todas las candidaturas.

Entre los flecos que quedan por cerrar está la petición insistente del PP para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada. Los nacionalistas no lo ven con malos ojos, pero el PSOE lo rechaza, y eso que los populares han elevado hasta el 42% del voto el límite exigido para que gobierne automáticamente la lista más votada.

Los dos partidos están también de acuerdo en medidas referidas a las campañas electorales; por ejemplo, que las televisiones privadas estén obligadas a emitir espacios gratuitos de publicidad electoral como hacen las cadenas públicas.

También hay acuerdo para crear un consejo permanente que se encargue de establecer unas normas fijas para los debates electorales, evitando así tener que pactarlos cada vez.

Inicialmente, PSOE y PP se inclinaban por eliminar la actual limitación legal de no publicar encuestas la última semana de campaña, y barajaron la posibilidad de permitirlas hasta la misma jornada de reflexión. No obstante, es probable que fijen el límite en el lunes previo al domingo electoral.

Los dos partidos tienen previsto cerrar el acuerdo durante el mes de abril, cuando culmine el mandato de la subcomisión. Sin embargo, la iniciativa para cambiar la Ley de Partidos y la Ley Electoral con el fin de obligar a la izquierda abertzale a condenar el terrorismo podría modificar ese calendario, de forma que se tramitase toda la reforma legal de forma conjunta.

Los partidos nacionalistas apoyan casi todas las modificaciones previstas, aunque la negociación se lleva casi de forma bilateral entre PSOE y PP. De los acuerdos globales quedarán excluidos Izquierda Unida y UPyD.

El diputado Gaspar Llamazares, principal defensor de la reforma de la Ley Electoral, lamenta que el acuerdo haya acabado con la posibilidad de cambiar el sistema para evitar que su formación sea discriminada en la atribución de escaños. El diputado de IU es crítico con la negociación, que, en su opinión, busca perpetuar el bipartidismo.

Muchos votantes con poder relativo

•El censo electoral se compone de los españoles que residen en España y los españoles en el extranjero. Éstos forman el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), y su registro se realiza y se actualiza en las oficinas consulares. Desde sus países de residencia votan por correo en todos los procesos electorales.
•El CERA a 1 de enero de 2010 incluye a 1.312.646 personas. Las provincias con mayor número de votantes residentes en el extranjero son Madrid (163.374), A Coruña (122.461), Pontevedra (102.001), Barcelona (96.599) y Ourense (77.658).
•El voto de los residentes ausentes puede cambiar algún diputado en elecciones generales y autonómicas, lo que tiene poca influencia en el Congreso y algo más en parlamentos regionales. Sí es clave en las municipales en lugares como Galicia o Canarias. Algunos municipios gallegos tienen un 50% de votantes no residentes.
•En las últimas elecciones gallegas, en 2009, el voto de los emigrantes suponía el 12% del censo. El PSdeG consiguió arrebatar un diputado al PP en Ourense gracias a los votos del exterior, aunque no le sirvió para mantener el Gobierno.
•En las elecciones generales de 2008, los emigrantes cambiaron de signo un diputado por Barcelona, que pasó del PP a CiU por poco más de 200 votos, y un senador por Tenerife, que pasó de Coalición Canaria al PP.


¿Otra vuelta de tuerca para apuntalar a los dos partidos idénticos que en España representan la farsa electoral del sistema? Desde la recta final (unos pocos años antes de la muerte del General Franco) de la llamada Transición, se planificó la implantación de unos partidos políticos sin presencia ni apoyo entre los españoles. Los preparativos pasaron por la imposición de una sucesión absolutamente impopular e indefendible en la Jefatura del Estado (la de Juan Carlos); la eliminación, domesticación o sabotaje de aquellos grupos que, aun en situación de semiclandestinidad, sí gozaban de militancia y apoyos (como el Partido Comunista y la Comunión Tradicionalista, por citar a los más distintos y a la vez a los más representativos); por la promoción de nuevos "líderes" artificiales (como Felipe González Márquez); por la gradual entrega de los medios de información a unos pocos grupos comprometidos con la citada Transición; por la financiación masiva de los nuevos partidos.

Vino después una normativa electoral, a la que alude la noticia reproducida de El País, pensada para favorecer exclusivamente a los partidos políticos y dificultar hasta lo casi imposible la presentación de candidatos y agrupaciones independientes, incluso en las elecciones municipales. A lo que se añadió el sistema de listas cerradas y bloqueadas, en manos de los profesionales de los nuevos partidos políticos. En los últimos años, hemos asistido no sólo a la promulgación de normativas electorales autonómicas, sectarias y discriminatorias, sino a la imposición feminista de la llamada paridad en las listas electorales (asuntos de los que FARO se ha ocupado en ocasiones anteriores). Con todo ello, la proclamada libertad del liberalismo democrático ha quedado reducida a la imposición totalitaria más descarada.

Sin embargo, llama la atención que este pacto del Partido Popular con el Partido Socialista pretenda, por una parte, reducir el voto --cuyo ejercicio además se dificulta-- de los españoles dispersos por el mundo a la elección de unos pocos escaños en el Senado, cámara casi completamente inútil. Si puede defenderse que quienes no residan en un municipio no voten en las elecciones locales, en cambio no se puede sostener que no se vote al Congreso de los Diputados, cámara que concentra, técnicamente, todo el poder de esta dictadura democrática. Ni que se les pueda negar el sufragio en las elecciones autonómicas, cuando las disparatadas comunidades autónomas creadas en 1978 son de hecho mini estados nacionales.

Para algunas comunidades autónomas muy representativas, tanto el PSOE como el PP cosechan, a costa de gastar muchos millones del dinero de los contribuyentes, miles de votos en la diáspora americana, y no pocos en la europea. Es el caso de las organizadas comunidades asturianas y gallegas en el exterior, por ejemplo. Cabe, pues, la sospecha de que el Partido Popular pacte estas reformas porque necesite apuntalarse, dado el creciente descontento de parte de su electorado habitual, que poco a poco va dándose cuenta de que el PP es el Partido Socialista bis; y de que el Partido Socialista crea poder compensar su pérdida de votos del exterior con los votos de los inmigrantes, especialmente de los mahometanos, cuya invasión de España con tanto ahínco fomenta. Aunque en algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, el voto inmigrante prefiere al PP, que compite con el PSOE en estimular la desaparición demográfica de España.

Permítasenos un cierre de tono agresivo, pero no por ello menos verdadero. Si el sufragio electoral es, en inmortal cita de Félix Sardá y Salvany, mentira universal, ¿qué habremos de decir cuando se niega a los españoles y se concede a los moros?

Sobre las mentiras de la representatividad liberal:

http://montejurralealtad.blogspot.com/2009/10/la-corrupcion-como-signo-del-sistema.html

Caminos de rendición

Los carlistas somos beligerantes contra cualquier tipo de secesión de las Españas.

Pocos días después de que nos ocuparnos de la denuncia de Mayor Oreja en relación a unas posibles negociaciones entre el gobierno (de ocupación) de España y la banda terrorista-nacionalista ETA salían a la palestra dos significativas informaciones en las que podría estar la clave de dicha denuncia. En primer lugar la creación de un “grupo de mediadores internacionales” en el eufemísticamente por ellos llamado “conflicto vasco”. Por otra el anuncio de que el nacionalismo “legal” invitaba al brazo político de ETA a conmemorar unidos el llamado aberri eguna, o “día de la Patria Vasca”. Estos dos hechos, interrelacionados, merecen no ser perdidos de vista.

La creación de dicho “grupo de mediadores internacionales” responde a una estrategia continuada del entorno terrorista en su intención de “internacionalizar el conflicto”, de hecho su poderoso aparato de propaganda lleva trabajando desde hace décadas en esa línea, con discretos resultados que no pasan de la implicación de la toda la extrema izquierda internacional e internacionalista y el concurso de asociaciones de bobalicones como Amnistía Internacional. No obstante la llegada al poder del bolivariano (y por tanto antiespañol) Hugo Chavez en Venezuela supuso un salto cualitativo en la proyección internacional de la banda. Además el actual contexto político español es un terreno seguro para la presión en el ámbito internacional por la debilidad intrínseca del gobierno (de ocupación) que aún es más notable y agravada en el aspecto de las relaciones diplomáticas e internacionales. Reparemos asimismo en la personal fascinación que Rodríguez Zapatero, mascarón de proa de toda esta tragicomedia esperpéntica digna del mejor Valle-Inclán, siente por cualquier grupillo internacional de mindundis que expresen cualquier idea disparatada siempre que sea subversiva contra el orden natural y la razón. Existe un peligro cierto de que ZP llegue a creerse todas las mentiras de este grupo internacional, pues su fanatismo ideológico altera tanto su percepción de la historia como de la realidad. Este grupo en cuestión está participado por “mediadores” del llamado conflicto sudafricano (recordemos que Nelson Mandela fue un cruel terrorista marxista, como denunció reiteradamente el recordado Carlos Etayo, y que de una situación de detestable apartheid se ha pasado a la no menos deplorable institucionalización del racismo antiblanco y a que Johannesburgo y Ciudad del Cabo sean las ciudades más inseguras del planeta, seguidas por cierto de Caracas) y por algunos republicanos irlandeses empeñados en arrimarse al muy pro-británico nacionalismo vasco, con el que ningún paralelismo serio puede hacerse.

En segundo lugar la presencia del brazo político de ETA en el día del aberri eguna es la repetición del precedente de aquel Pacto de Estella de 1999, en pleno gobierno del PP. Los nacionalistas, para reafirmar su carácter anticatólico, tienen la desfachatez de intentar politizar el Domingo de Resurrección, reemplazando el culto debido a Dios por la idolatría nacionalista. Y pese a aparentes diferencias de detalle parece claro que el nacionalismo volverá a ceder su espacio a la banda terrorista ETA.

El escenario previsible en el que se podría representar una nueva rendición ante ETA podría estar determinado por tanto por la reintegración del entramado político de ETA en el tronco común del nacionalismo y la mediatización de un grupo de “observadores internacionales” que certificasen la vuelta a la cotidianeidad del entramado mafioso etarra a aquellos lugares donde tras mucha lucha han sido desalojados. Pero entre bambalinas, con la opacidad que caracterizó al anterior periodo de rendición y que caracteriza a todos los grupos ocultos, quedaría la cuestión de los presos etarras con una más que previsible amnistía discreta y paulatina (en 1936 y en 1977 el PSOE fue uno de los principales promotores de una gran amnistía para miles de criminales tanto o más sanguinarios que los actuales etarras). ¿Qué escrúpulos podría tener quien tan recientemente se entregó a una claudicación de mastodónticas dimensiones? A esta casta politicastra no se le puede exigir ni siquiera la aplicación de su Estado formal de Derecho, pues un pequeño grupo de criminales lo mediatizan a su antojo. Si se aplicase un Estado justo de Derecho habria que empezar por plantear medidas severas* y la pena de muerte para los terroristas, tal como contemplaba el Código Penal carlista que sancionó S.M.C. Carlos VII. En cambio ni siquiera la penas ridículas a las que han sido condenados, con un trato privilegiado en las cárceles, serán cumplidas en su integridad. No podemos dejarnos distraer con un mero cambio de gobierno en una comunidad autónoma creada contra las libertades forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y con la permanente amenaza a Navarra sobre los dogmas, mitos y símbolos del nacionalismo. Hace tan solo dos años el partido que llegó al poder tras el oscuro atentado del 11-M ponía a un Estado al mismo nivel que una banda de criminales, y solo las incansables movilizaciones del pueblo español en las manifestaciones más grandes que se recuerden en los últimos 30 años frenaron --oficialmente-- y por puro cálculo electoral dicha negociación. Pero las incongruencias del sistema político siguen siendo las mismas, así como el mesianismo iluminado del actual gobierno de ocupación, al que sin duda le encantaría andar nuevos caminos de rendición.

* Recordamos a este respecto unos estractos del comunicado de los jóvenes carlistas de septiembre de 2002

"Ante la amenaza del separatismo vasco: La Constitución y los estatutos, lodos de la transición":
"Denunciamos que bajo el Estatuto no hay una aspiración real del pueblo vasco, sino un instrumento opresor del nacionalismo que lo inspira del principio a fin. Los carlistas nos mostramos enemigos y beligerantes contra el nacionalismo en todas sus formas y contra todos sus cómplices. Defendemos como siempre la unidad e integridad de las Españas y rechazamos los instrumentos antitradicionales, antivascos y antiforales como el Estatuto de Autonomía, del que exigimos su abolición inmediata y la vuelta a los regímenes forales vascongados. El nacionalismo no es más que la especulación de la burguesía con la sentimentalidad del pueblo.

"Si el Gobierno [...] y los partidos constitucionalistas tienen verdaderamente intención de poner coto a ETA, a Batasuna y a su tupida red de colaboradores, deberán demostrarlo empezando por crear el clima que permita el regreso a Vizcaya, Guipúzcoa y Álava de las decenas de miles de vascos que se han visto forzados a exiliarse desde el comienzo de la Transición; a la vez que suprimen el adoctrinamiento nacionalista y el entorno del que se nutren las organizaciones separatistas. Para ello es imprescindible:

Suspensión del mal llamado Estatuto de Guernica.
Cierre de las ikastolas donde se enseña una historia falsa para justificar el separatismo; retirada de los libros de texto y programas educativos del Gobierno autónomo vasco.
Cierre de ETB y de las emisoras de radio y restantes medios en manos nacionalistas.
Retirada de toda ayuda o subvención a la llamada Academia de la Lengua Vasca, y a cualquier programa de imposición del euskera batúa, eje de la estrategia nacionalista; apoyo en cambio a las variantes tradicionales del vascuence.
Estatuto de autonomía para Álava, y apoyo a las iniciativas similares para Vizcaya y Guipúzcoa.
Fin de la tolerancia para con los defensores del separatismo terrorista. Si son extranjeros, decláreseles personae non gratae. Si obispos, solicítese a la Santa Sede su remoción, y no se dude en expulsarlos del territorio nacional.
Proscripción del uso oficial de la ikurriña, bandera del Partido Nacionalista Vasco, que en absoluto representa a Vasconia. Prohibición del uso de las armas de Navarra en los emblemas autonómicos vascongados.
Derogación de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución de 1978; fin del hostigamiento nacionalista contra Navarra.

"Las propuestas anteriores corresponden a una política de mínimos sin la cual la lucha contra el terrorismo separatista no será eficaz ni creíble."

No serán nunca creíbles las proclamas antiterroristas de los partidos políticos que apoyan el terrorismo abortista, más sangriento que los otros, como el PSOE, el PP y la UPyD de Rosa Díez. No será nunca creíble el antiseparatismo de quienes acepten la Constitución de 1978, aunque propongan su reforma, ni los Estatutos de Autonomía que suplantan a los fueros y libertades regionales.

Viva Dios que nunca muere. Viva Dios Santo Amor.

Procesión de Cristo Resucitado, Cádiz.

Cristo ha vencido a la muerte. Feliz Pascua de Resurrección.