En la última semana una sonada protesta de transportistas, pescadores y agricultores ha puesto contra las cuerdas al gobierno socialista. Las causas son varias y la solución a la misma compleja. Sin embargo desde la doctrina carlista se pueden develar varias carencias, contradicciones e insuficiencias del actual sistema liberal-socialista.
La sumisión de España a poderes foráneos (táctica recurrente de los gobiernos ilegítimos), sobre todo a la U.E. ha determinado la total pérdida de capacidad sobre nuestros sectores productivos, especialmente sobre la pesca y agricultura, pero también en materia de transportes. Estos sectores se han visto desguarnecidos y arrastran las nefastas consecuencias de una política entreguista a poderes extraños. La falta de capacidad de actuación de España determina la imposibilidad de regular muchos aspectos absolutamente esenciales en dichos ámbitos. No es ni mucho menos la primera protesta y no será la última, pues la crisis no hace más que agravar la situación a la que ya estaban expuestos sin que desde instancias internas se puedan afrontar reformas eficaces.
Además la filosofía del sistema nos conduce al reparto del poder entre grandes capitalistas y mafias sindicales. Resulta paradójico que los sindicatos del sistema (izquierdistas) hayan estado absolutamente ausentes en este conflicto en el que se ven afectados tantos trabajadores. Los sindicatos del sistema están más preocupados por promocionar el aborto o si operan en alguna Región española con incidencia separatista por las reivindicaciones nacionalistas de turno. Buen ejemplo nos lo da el antiguo Reino de Valencia, donde la llamada Intersindical Valenciana durante estos días solo se ha manifestado publicamente para reivindicar la emisión de TV3 en dicho territorio. Curioso es que las grandes empresas transportistas no apoyen la protesta y gocen de todo el apoyo institucional, pues es más fácil controlar a asalariados que se piensan defendidos por los sindicatos del sistema que a pequeños propietarios y empresas familiares.
Para ver atendidas sus necesidades los transportistas (quienes realizan un trabajo costoso, con riesgos y muy sacrificado) tienen que recurrir a distintas medidas de presión con lo que se demuestra la absoluta falta de representatividad de los sistemas partitocráticos. Al margen de la consideración moral de determinadas actuaciones de protesta durante el conflicto, justo es reconocer que en no pocas ocasiones el sistema avoca a los pequeños propietarios a adoptar medidas radicales para hacer oír sus pretensiones.
Por último es verngonzoso que no se den medidas concretas y contundentes para atajar la ruina que se ciernes sobre los sectores productivos de la economía española mientras el Estado y las autonomías despilfarran millones en políticas absurdas y disparatadas. Un vistazo a los Presupuestos Generales del Estado nos muestran lo ridículo que suponen 6.000 millones de euros para un ministerio como el de "igualdad" que solo sirve para subvertir y destruir el lenguaje. O las cantidades análogas que se pierden año tras año en artificiales inmersiones lingüísticas. La voracidad burocrática se tiene que servir de una imposición injusta, abusiva y confiscatoria para sus políticas de subversión social. Y el ámbito energético es el más afectado por dicha imposición a través de incalculables impuestos indirectos. Bastaría con acabar con la burocracia inecesaria y los puestos políticos como medidas de mínimos para terminar con la actual situación que está conduciendo a la ruina a tantas familias españolas.
En cambio el gobierno prefiere otro tipo de medias. Suscribiendo una carta al director de Agencia FARO:
- La represión socialista
- ¡No me puedo creer lo que estoy oyendo! ¡Más de 20.000 actuaciones policiales contra los transportistas! ¡Más de 110 detenciones! (¿cuántas más?) Ni que fueran la ETA... Miento, contra ETA nunca ha habido tal represión. Palabras como "sanciones, contundencia, firmeza" empleadas por la vicepresidente para justificar la brutal represión que están sufriendo unos ciudadanos honrados que, con extrañas* excepciones, sólo reclaman sus derechos más elementales. Ni en la Transición se vio nunca tal represión, cuando los que ahora predican la "tolerancia cero" y llaman "terroristas" a los transportistas en su foro, hundieron la economía con sus huelgas salvajes y piquetes violentos. Y han seguido haciéndolo siempre que les ha convenido, también con piquetes políticos, como en el 14-M y en la última campaña electoral. Pero como ahora va contra ellos, cambian las reglas del juego e invocan la "tolerancia cero" que no tienen contra ETA o Ibarreche. ¡Cuánta hipocresía y manipulación tenemos que aguantar! y ¿por qué?
- Fdo. Piedad J. Santos
- * Después de lo de García Calvo, queremos saber quiénes son exactamente los integrantes de esos piquetes violentos.
La situación presenta tíntes de catástrofe para decenas de miles de empresas familiares que contribuyen a vertebrar la sociedad. Sin embargo lo público lejos de intervenir para regular y fomentar sectores afectados, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, se encuentra con que no tiene competencias mientras que en el ámbito de lo impositivo su capacidad de gravamen aumenta vertiginosamente y no tiene escrúpulo alguno en mandar a la fuerza pública de modo brutal contra los que reclaman justas pretensiones.
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