El tetralema del Carlismo además de banderín de enganche para los voluntarios de la legitimidad proscrita es toda una enunciación de la doctrina política de la Tradición de las Españas, de donde nacen los derechos históricos de cada uno de los reinos y principados que la componen. El mismo establece una correcta prelación y jerarquización de sus principios, que son la sistematización de los fundamentos políticos de las Españas áureas (por más que en el ámbito de la experiencia histórica hayan sido ocasionalmente desconocidos). Las bases doctrinales del Carlismo se asientan sobre el Dios, Patria, Fueros, Rey, no como compartimentos estancos, no como pura enunciación de valores vacíos al modo de retahíla sino en base a un orden, que nace de una determinada ontología.
En este sentido los Fueros, más allá de las peculiaridades regionales, corporativas o sociales, se circunscriben a un determinado Estado de Derecho y legislativo que ha de atender en primer lugar a Dios (el deber de toda comunidad política para con el Creador, según la multisecular doctrina de la Iglesia Católica) y después al bien común, que es la Patria. En los Fueros obviamente están inscritos los derechos históricos de los señoríos, principados, reinos, municipios, comarcas, además de las sociedades no territoriales, que constituyen la Patria. El Rey seria en última instancia el garante de dicho Estado de Derecho, no pudiendo prevalecer su voluntad sobre el Derecho, siempre que este sea justo.
Una obra esencial, ¿Qué es el Carlismo? lo resume del siguiente modo:
47 Jerarquía de valores
También se ha de notar, que los puntos del lema tradicionalista no tienen valor igual. Por el contrario, es hallan jerarquizados a tenor de su importancia práctica y su alcance lógico. El rey ha de encarnar la institución monárquica, Según muestra el hecho de que la legitimidad de origen está subordinada a la de ejercicio. Por eso no le es lícito anteponer intereses personales al bien mayor que es la realeza.
Las libertades concretas inscritas en los fueros son, a su vez, bienes particulares legítimos: más subordinados al bien común que es la patria.
Y la patria, máximo bien humano que precede a los intereses de los individuos, porque el bien común tiene primacía sobre los bienes singulares, ha de sujetarse a los designios de Dios, dado que lo humano es inferior a lo divino.
48 Cinco escalones
Se han de distinguir, por eso, en el tablero ideológico carlista cinco escalones:a) El bien personal del rey. b) El bien institucional de la realeza. c) Los intereses de las familias y pueblos españoles. d) El bien común de las Españas. e) Y el bien supremo de la cristiandad.
Cada uno de ellos se subordina al siguiente. Los príncipes son para sus pueblos, los individuos ceden ante la patria, las Españas son servidoras de Dios.
49 El criterio hermenéutico
Cuando se haya de tasar, en cada caso determinado, la importancia de los puntos doctrinales de referencia política - sobre todo cuando surjan discrepancias o disyuntivas para elegir entre alguno de ellos que contraste con cualquiera de los restantes- el orden de valores es claro: de más a menos, sigue el orden de Dios, patria, fueros, realeza y rey.
Interpretar los temas de la doctrina tradicionalista alterando esa tabla jerarquizada de valores políticos está vedado al carlista. Y no por una sinrazón arbitraria, sino por una razón elemental: que cuando se altera la prioridad natural de tales valores, aunque en la alteración parezcan salvarse particularmente cada uno de los valores, en realidad se los destruye a todos. Incluso el que se pretendía supervalorar o favorecer. Sobre esto, la experiencia histórica de la teoría y la práctica política del Carlismo es concluyente.
Razón de esta introducción reside en la bastarda y saturada apelación que estos días se está realizando a los derechos históricos de Cataluña con la intención de aprobar un Estatuto que no sirve ni a la descentralización ni al principio de subsidiariedad (por estar viciado de los mismos vicios del centralismo burocratista), pero lo que es mucho más importante: es radicalmente contrario tanto a Dios como a la Patria. Los derechos históricos solo pueden darse en el contexto de la Tradición catalana. La legislación anticatólica y separatista emanada de un parlamentillo partitocrático es contraria a los derechos históricos de Cataluña, es toda una Nueva Planta de carácter revolucionario y anticatalán. Como se ha recordado recientemente desde el excelente blog catalán El Matiner no pueden reivindicar los derechos históricos (los Fueros de Cataluña) los mayores europeístas, que son los nacionalistas. Menos todavía si ese nacionalismo, salvado su origen oligárquico, es masónico, antiespañol y radicalmente anticristiano. El nacionalismo no obstante juega al sentimentalista y habla de unos derechos históricos que continuamente pisotea.
Motivación distinta movía a los carlistas a implicarse en la defensa de las formas autogobierno en otras épocas. Los ejemplos de la Mancomunidad catalana o de los Estatutos de la II República eran intentos bastantes ambiguos e imperfectos de defender las libertades regionales. Por eso jamás los carlistas los tomaron con demasiado entusiasmo, e incluso en el propio seno del Carlismo hubo duras (e incluso violentas) polémicas internas sobre la conveniencia de participar en dichos proyectos. En cualquier caso circunstancialmente, en unos momentos concretísimos, se dio tregua a la beligerancia contra el nacionalismo y se produjo el concurso del Carlismo en dichos proyectos. Que históricamente respondían a otras motivaciones. Porque es obvio que ocasionalmente el Carlismo podía unirse en las Cortes de la nefasta II República con un Antonio Pildain y Zapiain para defender un Estatuto al que el socialista bilbaíno, de origen asturiano, Indalecio Prieto se refirió como “un reducto clerical contra el espíritu democrático y liberal de toda España”. Pildain, representante de los integristas vascos (pese a concurrir como "independiente" por su condición de clérigo) y que luego seria un recordado Obispo de Canarias durante el franquismo por lo férreo de su doctrina moral, señalaba que frente a la persecución religiosa había que “optar por una de estas tres posiciones dentro de la doctrina de Cristo: la resistencia pasiva, la resistencia activa legal o la resistencia activa con las armas en la mano”. No obstante llegado el momento de la prueba al inicio de la Cruzada sus nacionalistas "católicos" optaron mayoritariamente por ponerse del lado de los enemigos de Dios y de la Patria. Los mismos que bramaban contra el Estatuto vasconavarro confesionalmente católico de la II República (al menos en su primer borrador, cuando los nacionalistas llegaron a la componenda con los socialistas y lo desacralizaron nada quisieron saber los carlistas de dicha Estatuto, al respecto es de destacar la posición de Juan de Olazabal Ramery, mártir de la Cruzada) y los mismos con los que hoy en día defienden un Estatuto centralista, totalitario, antiespañol y radicalmente anticristiano. Paradojas de la historia: si en su día los Estatutos pudieron tener algo que ver con los derechos históricos hoy en día son la antitesis de los mismos. Por eso estamos en primera línea de lucha contra dichos Estatutos, estrategia para la destrucción de España del gobierno de ocupación del PSOE gracias a la debilidad y contradicciones del sistema. Que dejen los derechos históricos para los carlistas, que ya los restauraremos cuando acabemos con todas las mentiras de este sistema.
En este sentido los Fueros, más allá de las peculiaridades regionales, corporativas o sociales, se circunscriben a un determinado Estado de Derecho y legislativo que ha de atender en primer lugar a Dios (el deber de toda comunidad política para con el Creador, según la multisecular doctrina de la Iglesia Católica) y después al bien común, que es la Patria. En los Fueros obviamente están inscritos los derechos históricos de los señoríos, principados, reinos, municipios, comarcas, además de las sociedades no territoriales, que constituyen la Patria. El Rey seria en última instancia el garante de dicho Estado de Derecho, no pudiendo prevalecer su voluntad sobre el Derecho, siempre que este sea justo.
Una obra esencial, ¿Qué es el Carlismo? lo resume del siguiente modo:
47 Jerarquía de valores
También se ha de notar, que los puntos del lema tradicionalista no tienen valor igual. Por el contrario, es hallan jerarquizados a tenor de su importancia práctica y su alcance lógico. El rey ha de encarnar la institución monárquica, Según muestra el hecho de que la legitimidad de origen está subordinada a la de ejercicio. Por eso no le es lícito anteponer intereses personales al bien mayor que es la realeza.
Las libertades concretas inscritas en los fueros son, a su vez, bienes particulares legítimos: más subordinados al bien común que es la patria.
Y la patria, máximo bien humano que precede a los intereses de los individuos, porque el bien común tiene primacía sobre los bienes singulares, ha de sujetarse a los designios de Dios, dado que lo humano es inferior a lo divino.
48 Cinco escalones
Se han de distinguir, por eso, en el tablero ideológico carlista cinco escalones:a) El bien personal del rey. b) El bien institucional de la realeza. c) Los intereses de las familias y pueblos españoles. d) El bien común de las Españas. e) Y el bien supremo de la cristiandad.
Cada uno de ellos se subordina al siguiente. Los príncipes son para sus pueblos, los individuos ceden ante la patria, las Españas son servidoras de Dios.
49 El criterio hermenéutico
Cuando se haya de tasar, en cada caso determinado, la importancia de los puntos doctrinales de referencia política - sobre todo cuando surjan discrepancias o disyuntivas para elegir entre alguno de ellos que contraste con cualquiera de los restantes- el orden de valores es claro: de más a menos, sigue el orden de Dios, patria, fueros, realeza y rey.
Interpretar los temas de la doctrina tradicionalista alterando esa tabla jerarquizada de valores políticos está vedado al carlista. Y no por una sinrazón arbitraria, sino por una razón elemental: que cuando se altera la prioridad natural de tales valores, aunque en la alteración parezcan salvarse particularmente cada uno de los valores, en realidad se los destruye a todos. Incluso el que se pretendía supervalorar o favorecer. Sobre esto, la experiencia histórica de la teoría y la práctica política del Carlismo es concluyente.
Razón de esta introducción reside en la bastarda y saturada apelación que estos días se está realizando a los derechos históricos de Cataluña con la intención de aprobar un Estatuto que no sirve ni a la descentralización ni al principio de subsidiariedad (por estar viciado de los mismos vicios del centralismo burocratista), pero lo que es mucho más importante: es radicalmente contrario tanto a Dios como a la Patria. Los derechos históricos solo pueden darse en el contexto de la Tradición catalana. La legislación anticatólica y separatista emanada de un parlamentillo partitocrático es contraria a los derechos históricos de Cataluña, es toda una Nueva Planta de carácter revolucionario y anticatalán. Como se ha recordado recientemente desde el excelente blog catalán El Matiner no pueden reivindicar los derechos históricos (los Fueros de Cataluña) los mayores europeístas, que son los nacionalistas. Menos todavía si ese nacionalismo, salvado su origen oligárquico, es masónico, antiespañol y radicalmente anticristiano. El nacionalismo no obstante juega al sentimentalista y habla de unos derechos históricos que continuamente pisotea.
Motivación distinta movía a los carlistas a implicarse en la defensa de las formas autogobierno en otras épocas. Los ejemplos de la Mancomunidad catalana o de los Estatutos de la II República eran intentos bastantes ambiguos e imperfectos de defender las libertades regionales. Por eso jamás los carlistas los tomaron con demasiado entusiasmo, e incluso en el propio seno del Carlismo hubo duras (e incluso violentas) polémicas internas sobre la conveniencia de participar en dichos proyectos. En cualquier caso circunstancialmente, en unos momentos concretísimos, se dio tregua a la beligerancia contra el nacionalismo y se produjo el concurso del Carlismo en dichos proyectos. Que históricamente respondían a otras motivaciones. Porque es obvio que ocasionalmente el Carlismo podía unirse en las Cortes de la nefasta II República con un Antonio Pildain y Zapiain para defender un Estatuto al que el socialista bilbaíno, de origen asturiano, Indalecio Prieto se refirió como “un reducto clerical contra el espíritu democrático y liberal de toda España”. Pildain, representante de los integristas vascos (pese a concurrir como "independiente" por su condición de clérigo) y que luego seria un recordado Obispo de Canarias durante el franquismo por lo férreo de su doctrina moral, señalaba que frente a la persecución religiosa había que “optar por una de estas tres posiciones dentro de la doctrina de Cristo: la resistencia pasiva, la resistencia activa legal o la resistencia activa con las armas en la mano”. No obstante llegado el momento de la prueba al inicio de la Cruzada sus nacionalistas "católicos" optaron mayoritariamente por ponerse del lado de los enemigos de Dios y de la Patria. Los mismos que bramaban contra el Estatuto vasconavarro confesionalmente católico de la II República (al menos en su primer borrador, cuando los nacionalistas llegaron a la componenda con los socialistas y lo desacralizaron nada quisieron saber los carlistas de dicha Estatuto, al respecto es de destacar la posición de Juan de Olazabal Ramery, mártir de la Cruzada) y los mismos con los que hoy en día defienden un Estatuto centralista, totalitario, antiespañol y radicalmente anticristiano. Paradojas de la historia: si en su día los Estatutos pudieron tener algo que ver con los derechos históricos hoy en día son la antitesis de los mismos. Por eso estamos en primera línea de lucha contra dichos Estatutos, estrategia para la destrucción de España del gobierno de ocupación del PSOE gracias a la debilidad y contradicciones del sistema. Que dejen los derechos históricos para los carlistas, que ya los restauraremos cuando acabemos con todas las mentiras de este sistema.
6 comentarios:
Resulta interesante conocer las diversas posturas dentro de la Comunión respecto a la implicación en la Mancomunidad o en los Estatutos. Nos dan una idea de enorme libertad y democracia (en el sentido estricto, no asquerosamente ideológico, de la palabra) interna que reinaba en el Carlismo, siempre dejando a salvo los fundamentos de la Legitimidad Española (el único que infamemente los pisoteó fue el ex-príncipe Carlos Hugo).
Don Matías Barrio y Mier, uno de los juristas carlistas más destacados, que tuvo un concurso esencial en la restauración de las instituciones forales en Vizcaya, llegando a ser decano de la Universidad de Oñate. Delegado político de Carlos VII fue un decidido opositor al acercamiento de los carlistas con Liga Regionalista, germen de lo que posteriormente vendría a ser la Solidaridad Catalana. También se oponía al incipiente movimiento de la Mancomunidad catalana (unificación de las diputaciones provinciales catalanas, una suerte preestatuto).
Enrique Gil Robles, quizás el mejor teórico del Carlismo en el siglo XX, también Catedrático de Derecho Político, fue otro de los opositores al entendimiento con los regionalistas catalanes. Su oposición se basaba en argumentos teóricos, pues temia una deriva liberal del autonomismo, como de hecho ocurrió.
En cambio Juan Vázquez de Mella apoyó el acercamiento a los regionalistas y la participación en la Mancomunidad.
En Cataluña el acercamiento a la Liga Regionalista era cosa del carlismo burgués, de "El Correo Catalán" que queria proteger sus intereses de clase. El Carlismo obrero, representado por "La Trinchera" era violentamente antiliguista. Lo que le llevó a agrias polémicas con los carlistas de "El Correo Catalán", con los que se llegó varias veces a las manos. Merece la pena desagraviar la figura de Tomás Caylà Grau, a quien la secta-friki huguista ha pretendido presentar como protonacionalista. Su amor por los Fueros catalanes estaba inscrito solo en la Tradición Catalana, no en el parlamentarismo liberal. Su catolicismo radical y militante le llevó a un cruel martirio. Todo un ejemplo de tradicionalismo.
En el ámbito del estatuto vasconavarro hay que partir primero de la coalición "católico-fuerista", que daria lugar a la llamada "minoría vasconavarra". En principio solo concebida como unión de carlistas y católicos independientes dispuestos a defender los Fueros. Pero la presión eclesiástico hizo que se permitiera la entrada de militantes del PNV (por entonces José Antonio Aguirre, "napoleonchu" como le llamaban con pitorreo, era presidente de las Juventudes Católicas de Vizcaya). Los primeros resquemores empezaron cuando por decisión unilateral de los nacionalistas la candidatura se presentó como "candidatura Pro-Estatuto" en Vizcaya y Guipúzcoa, mientras que en Álava y Navarra mantenía su denominación oficial de "coalición católico-fuerista". Los carlistas que obtuvieron acta en dicha coalición fueron el Conde de Rodezno, Joaquíb Beunza, Rafael Aizpun, Miguel Gortari, Tomás Domínguez (por Navarra), José Luis de Oriol y Urigüen (por Álava), Julio Urquijo Ibarra (por Guipúzcoa) y Marcelino Oreja Elosegui (por Vizcaya). Habrá seis representantes del PNV y cinco católicos "independientes" (venian prácticamente todos del integrismo, a excepción de Rafael Aizpún, alfonsino).
Pronto se rompería la minoría en dos facciones: los dispuestos a colaborar con la República y los refractarios a defender el régimen masónico y antipatriótico republicano. El PNV se encontraba entre los primeros. Los carlistas entre los segundos. Desde entonces, el hostigamiento del tradicionalismo contra el PNV fue brutal. Un folleto editado por los carlistas en Bilbao y significativamente titulado “Nacionalismo, judaísmo y masonería” denunciaba las componendas del PNV con el régimen masónico republicano. El PNV mostraba su verdadera faz presentando por Guipúzcoa al navarro Manuel de Irujo de tendencias socialiscitantes y partidario del laicismo.
Hubo carlistas que confiaron hasta el final en un cambio del PNV. Entre ellos el mentado Juan de Olazabal Ramery. Pero sus esperanzas se vieron frustradas. Al final el PNV se quedó solo en un estatuto no confesional, solo para las Vascongadas, que se podría calificar de "etnicista", en la línea de los racismos triunfantes en dicha época.
El Estatuto vasconavarro en sus inicios por su carácter confesional fue atacado radicalmente por socialistas, republicanos, radicales y demás revolucionarios. No obstante los nacionalistas del PNV no tardaron en llegar a una componenda con los socialistas, acordando un texto impío. El PNV era un partido liberal desde hacia mucho tiempo e incluso acogía en su seno una línea socialistizante representada por Manuel de Irujo.
Pero desde el principio dentro del Carlismo encontró un opositor destacado en Víctor Pradera Larumbe. El mismo también se opuso al pacto de la Solidaridad Catalana, retando a Cambó en 1917 a una pública controversia que este no aceptó. Pese a alejarse en determinadas épocas de la disciplina de la Comunión nunca dejó de ser un tradicionalista, y pese a su intento de unir a todas las fuerzas nacionales y antirrevolucionarias jamás transigió con la estrategia de Herrera Oria de aceptación de los poderes constituidos. El aragonés del PNV Telesforo Monzón (que después de estar 40 años de vacaciones durante el franquismo acabaría en la secta de HB) no le perdonó su defensa de la españolidad de Navarra y Vascongadas y decretó su muerte, pese a gozar de inmunidad por ser miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales.
La contrapartida de Víctor Pradera fue Jesús Etayo Zalduendo, quien llegó a ser durante un tiempo director de El Pensamiento Navarro desde donde empezó a dar una visión particular de la historia navarra en clave protonacionalista. Una suerte de napartarrismo folclórico con excusa de la conmemoración del IV Centenario de la Conquista de Navarra, que fue oportunamente replicada por Pradera en su libro "Fernando el Católico y los falsarios de la Historia". No obstante en los años 20 del siglo XX dejó su vinculación con el Carlismo para pasarse al nacionalismo vasco, siendo director del diario nacionalista La Voz de Navarra. Desde allí apoyó el Estatuto y una monarquía confederal.
Gracias Pelayo por tu muy bien documentada exposición. Muchas veces se invocan los Fueros como algo exótico o abstracto pero casi nunca se profundiza sobre ellos.
Me vais a permitir destacar otro periodo histórico que creo que complementa muy bien lo hasta ahora escrito sobre la correcta jerarquía y unidad doctrinal para defender con propiedad los Fueros. Durante la I Guerra Carlista los liberales vascongados se decian en su mayoría "fueristas". El Conde Villafuertes, que será el hombre de la Constitución de 1812 en Guipúzcoa (aunque después sus descendientes serán destacados carlistas), cree en la posibilidad de conciliar el régimen foral, en el sentido de autogobierno, con el régimen constitucional. Para ello impulsó una iniciativa del escribano Muñagorri por la cual se pretendía separar la causa foral de la lucha tradicionalista, la llamada "bandera Paz y Fueros". El Gobierno liberal en Madrid, aprobó la idea y el plan de Muñagorri, con la condición de mantener en secreto el apoyo gubernamental. El 18 de abril de 1838, Muñagorri, con un pequeño grupo de gentes, levantó en Berastegi la bandera de «Paz y Fueros» y lanzó una proclama: «Navarros y guipuzcoanos: Hace cinco años que la desolación y la muerte pesa sobre nuestra patria. La sangre vertida en nuestros campos es la sangre de nuestros hermanos, de esos valientes, que seducidos y engañados por intrigantes, combaten por un príncipe, cuyos derechos a la Corona de España son muy dudosos. ¿Qué pedís?, ¿por qué combatís?, ¿por quién?». «¡Paz y Fueros!, tal debe ser nuestro objeto. Si ambiciosos desean el trono, allá se las hayan». Y termina «¡A las armas! ¡Viva la indepedencia!, ¡Paz!, ¡Libertad!, ¡Obediencia a las nuevas autoridades!». Este pronunciamiento fracasó de momento y Muñagorri, con parte de su gente, pasó la frontera y estableció su campamento en Sara.
Los carlistas tenian muy claro que su lucha no era una lucha por un mero autogobierno, sino la vuelta a todo un Estado de Derecho católico y según las leyes tradicionales. Como señaló el Rey Alfonso Carlos I en los fundamentos de la legitimidad española (que son intangibles):
"V. Los principios y espíritu y, en cuanto sea prácticamente posible, el mismo estado de derecho y legislativo anterior al mal llamado derecho nuevo."
EL MATINER nos recuerda el siguiente manifiesto de la Comunión Tradicionalista en el acto del Cerro de los Ángeles de 2003 donde queda claro la importancia y necesidad de NO fragmentar el ideario carlista, exagerando y por tanto falseando algún principio, al cercenarlo de su contexto y ralación, que es donde toma sentido. Lo reproducimos a continuación:
CARLISMO Y UNIDAD
El lema que hemos elegido este año para la celebración del acto nacional que la Comunión Tradicionalista celebra, organizado por los círculos carlistas –el de San Mateo a la cabeza– con motivo de la festividad litúrgica de Cristo Rey, en el Cerro de los Ángeles, símbolo de las promesas del Reinado Social de Nuestro Señor Jesucristo, tiene un significado más hondo del que la primera lectura pudiera indicar.
Carlismo y unidad evoca, sí, la conveniencia de reagrupamiento de las fuerzas –por más que hoy estén menguadas respecto de las de otros momentos– que se tienen por carlistas. Pero no es el mensaje más importante. Esa unidad, para tener valor, debe venir precedida de no pocos esclarecimientos y seguida de no menos rigor.
Lo que, en un primer momento, quiere significar el lema es la necesidad de recuperación del carácter unitario, íntegro, del Carlismo como fenómeno histórico y político. La fragmentación que acompañó a la crisis de la Cristiandad no ha dejado de producir frutos de escisión, unilateralidad, parcialidad. El Carlismo, como custodio del espíritu de Cruzada de la vieja Cristiandad prolongada en las Españas, es una bandera dinástica, una continuidad histórica y una doctrina cabalmente tradicionalista. La bandera dinástica es el legitimismo, del que el Carlismo no puede abjurar y del que tampoco puede prescindir sin dejar de ser Carlismo. La continuidad histórica es la de las Españas como Cristiandad menor: sin el Carlismo el ser histórico de España habría perecido por la Revolución liberal, de modo que la supervivencia de un modo de ser, el de los pueblos hispánicos, ha sido preservado por el Carlismo. Y la doctrina tradicionalista no es una ideología, esto es, no es una pura asunción arbitraria e infundada ajena a la naturaleza de las cosas: es una doctrina que busca dar razón de las cosas.
Cuando los elementos anteriores, forjados esforzadamente hasta componer una realidad indestructible, se escinden o se toman separadamente, el Carlismo como unidad desaparece.(..)
[Continuación del manifiesto del Cerro 2003]
Eso pasa cuando se olvida el legitimismo, cuando se deja de lado la vinculación con la continuidad histórica hispánica o cuando se cede en algún punto del ideario tradicionalista, aunque fuere a título de "hipótesis", para aceptar las tácticas o los principios de la ideología, esto es de la Revolución: sea ésta liberal, conservadora, socialista o fascista. Esto es lo que acontece en buena parte de las fuerzas que se dicen hoy carlistas. Que han caído, por poner variados ejemplos, en el agnosticismo dinástico, la fragmentación del ideario (la absolutivización y desnaturalización del foralismo, o el delirio socialista autogestionario, entre otras) y la táctica democristiana de los "católicos en la vida pública".
Así pues, por el contrario, la proclamación de un Abanderado, el tejido de una hermandad cada vez más estrecha con todos los pueblos de la Hispanidad y el cultivo de un tradicionalismo purísimo (que toca a todas las esferas de la vida, a comenzar con la consideración de la crisis contemporánea de la Iglesia, y la venerable tradición litúrgica, hasta llegar a los menores detalles de la constitución política y social), militan en la mejor y más eficaz edificación del Carlismo.
Todavía, en un segundo lugar, cabe encontrar en el lema Carlismo y unidad una lección de esperanza. El Carlismo, en cuanto crisol de la tradición política hispánica, si es fiel a sí mismo se convierte en instrumento (por modesto e imperfecto que se quiera) del Reinado Social de Nuestro Señor Jesucristo. De ahí que haya de ser, como su Divino y Único Maestro, "signo de contradicción". Y que, en cuanto la coyuntura lo permita, concite en su torno los anhelos políticos de los católicos, tanto como el rechazo de los revolucionarios. En tal sentido, la perseverancia en la lealtad de la Causa lo es en el servicio de Dios. Y no admite desmayos o cesiones. Un servicio, además, alejado de las tácticas humanas, y ajeno a cualquier cálculo o ventaja, sino por los medios que Dios quiere. He ahí un camino para nuestra perfección personal y para el bien de nuestros pueblos.
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