La noticia ha saltado a los medios con un calculada asepsia. Se le ha dado una difusión medida, ni excesiva ni difusa, buscando su aceptación sin cuestionamientos. El Ministerio del Interior quería que los españoles percibiésemos como un mensaje positivo que el etarra «Txelis» ha sido beneficiado con una prisión atenuada que le permite pasar fuera de la cárcel varias horas al día. Para convencernos nos han contado que está arrepentido, que ha pedido perdón a las víctimas, que está dispuesto a pagar las indemnizaciones a que fue condenado y que se ha desvinculado de la banda terrorista. Como colofón nos dicen que tiene su celda forrada de estampitas de la Virgen. Ante un planteamiento así no queda más remedio que pensar lo bueno que es «Txelis» y lo malas que son las víctimas del terrorismo, que no le quieren perdonar y se empeñan en que cumpla su condena como el resto de los presos de España, muchos de ellos tan arrepentidos de sus culpas como el pobrecito «Txelis». Lo que no interesa decir es que este etarra arrepentido lo «único» que ha hecho ha sido formar parte del comité ejecutivo de ETA durante seis años en los que «solo» se cometieron 200 asesinatos.
Los argumentos con que se trata de justificar esta decisión son espurios. En primer lugar, la petición de perdón de los etarras, si es que existe, no se hace pública, ni siquiera los afectados directamente se enteran de que se les está pidiendo perdón ni en qué términos se hace; en segundo lugar, los terroristas, que son insolventes, no están en condiciones de pagar ninguna indemnización de las que por Ley se hace cargo el Estado. ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente lo van a hacer al salir de prisión? ¿Quién nos lo va a contar?; en tercer lugar, los terroristas no reniegan de sus convicciones, no dejan de creer en el ideario de ETA, simplemente van quemando etapas. Una de esas etapas es la cárcel. La última —si el Estado lo propicia— será un retiro dorado, respetados y arropados por los suyos. Cuando un joven radical, dispuesto a entrar en la banda criminal, ve que al ser detenido después de pasar unos años matando al servicio de la causa, le basta con decir que está arrepentido para recibir todo tipo de beneficios y salir de prisión en pocos años, ¿No se le está estimulando a hacerse terrorista?
Esta excarcelación atenuada y el modo de comunicarla es un paso más de la estrategia perfectamente trazada por el Gobierno, que se está cumpliendo inexorablemente, de ir preparando a la opinión pública para la salida escalonada y constante de los etarras de la cárcel. La política penitenciaria se emplea como un instrumento para presionar a ETA y dar premios o castigos al albur de los designios del Gobierno. A cambio, las víctimas, que en este propósito son claramente un estorbo, pierden su derecho a la justicia y el Estado pierde credibilidad, solvencia y dignidad. Los terroristas, en cambio, ganan impunidad y una peligrosa libertad que pone en riesgo nuestra integridad, la de todos los españoles.
Para más escarnio, la Audiencia Nacional que ha respondido favorablemente y con gran diligencia a la solicitud del fiscal de acoger a «Txelis» al famoso y arbitrario artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, no actúa con la misma eficacia y rapidez cuando los familiares de una víctima presentan un escrito solicitando la revisión o reapertura de un sumario. Hay casos en que pasan los meses sin que se digne a responder; en otras ocasiones, los delitos han prescrito porque no se han hecho diligencias para impedirlo y en otras no se ha procesado a terroristas con pruebas inculpatorias flagrantes, lo que constituye un escándalo mayúsculo, un golpe moral terrible para las familias afectadas y una omision de funciones inaceptable. Desgraciadamente, esto es lo que está en marcha. Habilmente, el Gobierno se ha propuesto conseguir que empecemos a interiorizar que es legitimo emplear la política penitenciaria para sortear el cumplimiento de las sentencias judiciales y que el derecho a la justicia se puede supeditar a otros fines cuando le conviene al poder.
Por eso el miedo, la impotencia, la desconfianza, la intranquilidad, el desasosiego invade los corazones de las familias de las víctimas del terrorismo que lo único que pedimos y pediremos incansablemente una y otra vez es justicia.
Los argumentos con que se trata de justificar esta decisión son espurios. En primer lugar, la petición de perdón de los etarras, si es que existe, no se hace pública, ni siquiera los afectados directamente se enteran de que se les está pidiendo perdón ni en qué términos se hace; en segundo lugar, los terroristas, que son insolventes, no están en condiciones de pagar ninguna indemnización de las que por Ley se hace cargo el Estado. ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente lo van a hacer al salir de prisión? ¿Quién nos lo va a contar?; en tercer lugar, los terroristas no reniegan de sus convicciones, no dejan de creer en el ideario de ETA, simplemente van quemando etapas. Una de esas etapas es la cárcel. La última —si el Estado lo propicia— será un retiro dorado, respetados y arropados por los suyos. Cuando un joven radical, dispuesto a entrar en la banda criminal, ve que al ser detenido después de pasar unos años matando al servicio de la causa, le basta con decir que está arrepentido para recibir todo tipo de beneficios y salir de prisión en pocos años, ¿No se le está estimulando a hacerse terrorista?
Esta excarcelación atenuada y el modo de comunicarla es un paso más de la estrategia perfectamente trazada por el Gobierno, que se está cumpliendo inexorablemente, de ir preparando a la opinión pública para la salida escalonada y constante de los etarras de la cárcel. La política penitenciaria se emplea como un instrumento para presionar a ETA y dar premios o castigos al albur de los designios del Gobierno. A cambio, las víctimas, que en este propósito son claramente un estorbo, pierden su derecho a la justicia y el Estado pierde credibilidad, solvencia y dignidad. Los terroristas, en cambio, ganan impunidad y una peligrosa libertad que pone en riesgo nuestra integridad, la de todos los españoles.
Para más escarnio, la Audiencia Nacional que ha respondido favorablemente y con gran diligencia a la solicitud del fiscal de acoger a «Txelis» al famoso y arbitrario artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, no actúa con la misma eficacia y rapidez cuando los familiares de una víctima presentan un escrito solicitando la revisión o reapertura de un sumario. Hay casos en que pasan los meses sin que se digne a responder; en otras ocasiones, los delitos han prescrito porque no se han hecho diligencias para impedirlo y en otras no se ha procesado a terroristas con pruebas inculpatorias flagrantes, lo que constituye un escándalo mayúsculo, un golpe moral terrible para las familias afectadas y una omision de funciones inaceptable. Desgraciadamente, esto es lo que está en marcha. Habilmente, el Gobierno se ha propuesto conseguir que empecemos a interiorizar que es legitimo emplear la política penitenciaria para sortear el cumplimiento de las sentencias judiciales y que el derecho a la justicia se puede supeditar a otros fines cuando le conviene al poder.
Por eso el miedo, la impotencia, la desconfianza, la intranquilidad, el desasosiego invade los corazones de las familias de las víctimas del terrorismo que lo único que pedimos y pediremos incansablemente una y otra vez es justicia.
Ana Velasco Vidal-Abarca. Víctima del terrorismo. Hija del asesinado comandante Jesús Velasco Zuazola, carlista y jefe de los Miñones alaveses.
Publicado en la Tribuna Abierta de ABC del jueves 28 de octubre de 2010.
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