Pena de muerte contra los terroristas.

Hace pocos días se cumplia el 32º aniversario del asesinato del tradicionalista guipuzcoano Dionisio Imaz Gorostiza-Goiza. Dionisio. de 55 años de edad, casado y padre de una hija era dueño de un humilde taller mecánico en la localidad guipuzcoana de Ordizia y fue vil y cobardemente asesinado por sus convicciones políticas, pese a no significarse públicamente. Coincidiendo con este triste aniversario el gobierno de ocupación de España ha excarcelado al criminal etarra José María Sagarduy Moja, alias "Gatza", que participó en veintidós atentados, asesinando a varias personas, entre ellas a José María Arrizabalaga Arcocha, Caballero de la Orden de la Legitimidad Proscrita, jefe de las Juventudes Tradicionalistas del Señorío de Vizcaya.

En el último momento la Audiencia Nacional atendió el escrito que el lunes había presentado Voces Contra el Terrorismo y prohibió dos actos de homenaje al asesino convocados, uno en Jaén y otro en Amorebieta (Vizcaya). Prohibición que no impidió que un autobús de pro terroristas acudiera a las puertas de la Prisión Provincial de Jaén, portando "ikurriñas" (bandera del Partido Nacionalista Vasco, oficializada por el régimen juancarlista), para vitorear a un cobarde asesino que salió, puño en alto, dando testimonio de que no se ha arrepentido en absoluto, y de que los treinta años pasados en prisión (en actitud desafiante, con intento de fuga incluido) no pueden sustituir a la pena de muerte que sin duda merece. ¿Quién financia los movimientos de estos pro etarras que fletan autobuses desde el extremo norte peninsular al sur de la Península en un día laborable? Con el dinero que mueven los pro etarras, ¿por qué nunca se indemniza a las víctimas? Los pro etarras estaban amparados, como había prometido el subdelegado del Gobierno (de ocupación) de España, Fernando Calahorro, por un gran despliegue policial, que mantuvo alejados a los manifestantes de Voces Contra el Terrorismo, que protestaban contra la excarcelación de la bestia "Gatza" y el homenaje a la misma. Puede verse un vídeo del diario El Mundo pinchando en este enlace.

Las prohibiciones del magistrado Grande Marlaska tampoco han impedido el despliegue de carteles de bienvenida al terrorista en las calles de Amorebieta, ni los brotes de "kale borroka" (disturbios organizados por ETA para amedrentar a la población) hoy en dicha villa vizcaína. Hoy mismo ha sido también excarcelado, sin previo aviso, otro terrorista de ETA, Antonio Troitiño, condenado por más de veinte asesinatos y otros crímenes, por los cuales apenas ha cumplido veinticuatro años de prisión. Miembro del tristemente célebre "comando Madrid" de la organización marxista separatista, Troitiño es responsable, entre otros, del coche-bomba que estalló en la madrileña Plaza de la República Dominicana en 1986. Ambas excarcelaciones tienen lugar un día después de que la Guardia Civil se incautase, en un caserío de Legorreta (Guipúzcoa) de casi una tonelada de explosivos, hasta ahora el mayor alijo de los mismos que se haya incautado en España a ETA en los cincuenta años de sanguinaria existencia de esta organización nacionalista.

Repugna al más elemental sentido de Justicia, al más evidente derecho natural y sentido común la excarcelación de psicópatas asesinos en nombre del intento de la destrucción de España y la imposición de una dictadura marxista-leninista. Por si hiciese falta algún respaldo legal a lo que es de derecho natural recordamos desde esta misma tribuna la previsión que el Código Penal de Don Carlos VII establece para los españoles que tomasen las armas contra la Patria bajo banderas enemigas (tal como es el caso de los psicópatas etarras enarbolando la bandera enemiga de España del separatismo sabiniano, plenamente constitucional); así como la pena a imponer al que intente destruir la integridad nacional. Para ambos casos se establece la pena de muerte. Y dicho Código nunca ha sido derogado por autoridad legítima.

Por si hiciese falta algún respaldo añadido los españoles de buena voluntad llevan siete años colapsando las calles de España en las manifestaciones convocados por las víctimas del terrorismo. Pese al tenor moderado de algunas de las convocatorias oficiales el clamor de los asistentes es aplastante: cadena perpetua o pena de muerte contra los terroristas. ¿Por qué no se hace un referéndum nacional sobre este particular? ¿Por que el indignado pueblo español tiene que aguantar la prepotente dictadura de unos ideologizados políticos que como la directora de Instituciones Penitenciarias, la maoísta Mercedes Gallizo, están obsesionados con la locura de que los presos son víctimas de la sociedad?

Si el Estado se obceca el rendirse a los terroristas algún día se hará Justicia. Es inexorable.