martes, 20 de julio de 2010

Reforma de la ley de cajas: expolio de su patrimonio social y desnaturalización.

Siempre de acuerdo en lo esencial. Sólo diferencias de matiz.

Llama la atención sobremanera cómo ha pasado totalmente desapercibido en el reciente debate sobre el Estado de la Nación la reforma que el PSOE ha acometido, con la total aquiescencia del arco parlamentario, contra las Cajas de Ahorro. No obstante esta reforma es la puntilla a una serie de reformas menores y fusiones politizadas que se llevan haciendo desde hace unos años. Solo desde las asociaciones de usuarios (ADICAE) y sindicatos no politizados han recurrido dicha reforma ante el Tribunal Supremo.


Las claves de esta reforma destructiva son las siguientes:

1. Dicha reforma se ha realizado mediante Decreto-Ley, es decir, por vía de urgencia, lo que impide y oculta el debate político y social que debería darse con una reforma que afecta a la práctica totalidad de la sociedad y que va a incidir de manera determinante en la economía de España (o mejor dicho, en la economía tutelada por poderes extranjeros que opera en España). El PP, en teoría la oposición, se ha apresurado a apoyar dicha "reforma" (eufemismo que esconde su destrucción) de las Cajas.

2. Con la reforma se permitirá captar capital privado con el fin de reforzar la solvencia y además se abre la posibilidad de trasladar el negocio a los bancos. Lo cual supone, como hemos venido denunciando, la práctica desaparición de la función de las Cajas de Ahorro.

En lo que respecta a la capitalización de las Cajas, se ha abierto una nueva vía al permitir realizarla a través de las cuotas participativas, las cuales contarán, al contrario de lo que sucede ahora, con derechos políticos. Este punto, pese a los límites que se anuncian en forma de cupos máximos o nuevas mayorías para la toma de decisiones fundamentales, supone un ataque directo contra la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorro y contra su función social.

En ningún caso se ha tenido en cuenta los rasgos característicos que definen a este tipo de entidades como son el fomento del ahorro, la atención a familias y PYMES o su naturaleza social, sino que se va a proceder a la bancarización del sector del ahorro, rompiendo definitivamente el modelo social que determinaba la actividad de este tipo de entidades.

Pese a que el límite máximo que las cuotas participativas pueden representar en el patrimonio de estas entidades se ha fijado en el 50%, en la práctica esto supone que una entidad privada se puede hacer con el control total de la entidad. Conviene recordar a este respecto que muchas empresas e instituciones financieras se dirigen con porcentajes muy por debajo de este límite, con lo que las decisiones y directrices que se marquen para la entidad las decidirá un agente privado.

Relacionado con este punto, hay que tener en cuenta que las acciones y las cuotas participativas hay que remunerarlas. Este hecho supone que de los beneficios que obtenga la entidad como resultado de su actividad, deben de minorarse para retribuir al capital, lo que va a provocar consecuentemente una caída de las cantidades destinadas a la obra social de las Cajas de Ahorro, uno de sus principales valores, reconocidos además por toda la sociedad.

En el caso de la cesión del negocio a un banco, la situación sería parecida. Las decisiones las tomaría un agente privado, al que habría que remunerar por el capital invertido. El sobrante, iría a parar a la fundación en la que se habría convertido la Caja de Ahorros, perdiendo ésta poder de decisión y convirtiéndose en un mero actor secundario a expensas de lo que decida el banco del que depende.

3. Se supone que con la reforma se va a limitar la presencia de cargos políticos. Pero despolitizar no es privatizar. Se han cambiado a los politicuchos locales por los politicuchos nacionales que ejercen su control sobre la banca a través de la regulación y del gobernador del Banco de España, nombrado por el Gobierno.

4. Por último, el patrimonio social de las Cajas no queda con esta nueva legislación salvaguardado de su utilización para la capitalización o la especulación. Y a ello inevitablemente se verán abocadas muchas Cajas, hoy en día en la más absoluta ruina por culpa de una gestión politizada de las mismas y una malversación de sus caudales.

Muchas Cajas de Ahorro estuvieron durante años regidas por la Iglesia y por carlistas. Durante aquellos años fueron instrumento contra la usura y en favor de la justicia social y de una economía sana y estable. Los políticos y banqueros del sistema liberal juancarlista decretaron desde su instauración la destrucción de las mismas. Con esta reforma llega de hecho su fin.

lunes, 19 de julio de 2010

Por la Verdad Histórica. Sufragio y desagravio a los Cruzados en el LXXIV aniversario del 18 de julio.


Se ha cumplido el LXXIV de una magna fecha, la del 18 de julio, día en que dió comienzo (un día antes en Melilla, la adelantada) la magna epopeya a la que la Santa Iglesia Católica calificó como Cruzada. Los Carlistas seguimos conmemorando esta fecha con Misas y actos de exaltación. Lo hacemos desde que ya durante el franquismo cayese en el olvido, limitada a la paga extraordinaria "del 18 de julio" y en su día a la conmemoración de "los años de paz"... mientras la Revolución se iba haciendo fuerte en España.
Honor y Gloria a los Héroes y a los Mártires. España se salvó, momentáneamente, de la Revolución y el separatismo. Al apartarse el régimen que derivó de la Cruzada de la Tradición volvieron los enemigos de Dios y de España a gobernar.
Recomendamos una obra muy notable que viene a hacer Verdad Histórica: "REQUETÉS. De las trincheras al olvido".

viernes, 2 de julio de 2010

Derechos históricos frente a Estatutos


El tetralema del Carlismo además de banderín de enganche para los voluntarios de la legitimidad proscrita es toda una enunciación de la doctrina política de la Tradición de las Españas, de donde nacen los derechos históricos de cada uno de los reinos y principados que la componen. El mismo establece una correcta prelación y jerarquización de sus principios, que son la sistematización de los fundamentos políticos de las Españas áureas (por más que en el ámbito de la experiencia histórica hayan sido ocasionalmente desconocidos). Las bases doctrinales del Carlismo se asientan sobre el Dios, Patria, Fueros, Rey, no como compartimentos estancos, no como pura enunciación de valores vacíos al modo de retahíla sino en base a un orden, que nace de una determinada ontología.

En este sentido los Fueros, más allá de las peculiaridades regionales, corporativas o sociales, se circunscriben a un determinado Estado de Derecho y legislativo que ha de atender en primer lugar a Dios (el deber de toda comunidad política para con el Creador, según la multisecular doctrina de la Iglesia Católica) y después al bien común, que es la Patria. En los Fueros obviamente están inscritos los derechos históricos de los señoríos, principados, reinos, municipios, comarcas, además de las sociedades no territoriales, que constituyen la Patria. El Rey seria en última instancia el garante de dicho Estado de Derecho, no pudiendo prevalecer su voluntad sobre el Derecho, siempre que este sea justo.

Una obra esencial, ¿Qué es el Carlismo? lo resume del siguiente modo:

47 Jerarquía de valores
También se ha de notar, que los puntos del lema tradicionalista no tienen valor igual. Por el contrario, es hallan jerarquizados a tenor de su importancia práctica y su alcance lógico. El rey ha de encarnar la institución monárquica, Según muestra el hecho de que la legitimidad de origen está subordinada a la de ejercicio. Por eso no le es lícito anteponer intereses personales al bien mayor que es la realeza.
Las libertades concretas inscritas en los fueros son, a su vez, bienes particulares legítimos: más subordinados al bien común que es la patria.
Y la patria, máximo bien humano que precede a los intereses de los individuos, porque el bien común tiene primacía sobre los bienes singulares, ha de sujetarse a los designios de Dios, dado que lo humano es inferior a lo divino.

48 Cinco escalones

Se han de distinguir, por eso, en el tablero ideológico carlista cinco escalones:a) El bien personal del rey. b) El bien institucional de la realeza. c) Los intereses de las familias y pueblos españoles. d) El bien común de las Españas. e) Y el bien supremo de la cristiandad.
Cada uno de ellos se subordina al siguiente. Los príncipes son para sus pueblos, los individuos ceden ante la patria, las Españas son servidoras de Dios.

49 El criterio hermenéutico

Cuando se haya de tasar, en cada caso determinado, la importancia de los puntos doctrinales de referencia política - sobre todo cuando surjan discrepancias o disyuntivas para elegir entre alguno de ellos que contraste con cualquiera de los restantes- el orden de valores es claro: de más a menos, sigue el orden de Dios, patria, fueros, realeza y rey.
Interpretar los temas de la doctrina tradicionalista alterando esa tabla jerarquizada de valores políticos está vedado al carlista. Y no por una sinrazón arbitraria, sino por una razón elemental: que cuando se altera la prioridad natural de tales valores, aunque en la alteración parezcan salvarse particularmente cada uno de los valores, en realidad se los destruye a todos. Incluso el que se pretendía supervalorar o favorecer. Sobre esto, la experiencia histórica de la teoría y la práctica política del Carlismo es concluyente.


Razón de esta introducción reside en la bastarda y saturada apelación que estos días se está realizando a los derechos históricos de Cataluña con la intención de aprobar un Estatuto que no sirve ni a la descentralización ni al principio de subsidiariedad (por estar viciado de los mismos vicios del centralismo burocratista), pero lo que es mucho más importante: es radicalmente contrario tanto a Dios como a la Patria. Los derechos históricos solo pueden darse en el contexto de la Tradición catalana. La legislación anticatólica y separatista emanada de un parlamentillo partitocrático es contraria a los derechos históricos de Cataluña, es toda una Nueva Planta de carácter revolucionario y anticatalán. Como se ha recordado recientemente desde el excelente blog catalán El Matiner no pueden reivindicar los derechos históricos (los Fueros de Cataluña) los mayores europeístas, que son los nacionalistas. Menos todavía si ese nacionalismo, salvado su origen oligárquico, es masónico, antiespañol y radicalmente anticristiano. El nacionalismo no obstante juega al sentimentalista y habla de unos derechos históricos que continuamente pisotea.

Motivación distinta movía a los carlistas a implicarse en la defensa de las formas autogobierno en otras épocas. Los ejemplos de la Mancomunidad catalana o de los Estatutos de la II República eran intentos bastantes ambiguos e imperfectos de defender las libertades regionales. Por eso jamás los carlistas los tomaron con demasiado entusiasmo, e incluso en el propio seno del Carlismo hubo duras (e incluso violentas) polémicas internas sobre la conveniencia de participar en dichos proyectos. En cualquier caso circunstancialmente, en unos momentos concretísimos, se dio tregua a la beligerancia contra el nacionalismo y se produjo el concurso del Carlismo en dichos proyectos. Que históricamente respondían a otras motivaciones. Porque es obvio que ocasionalmente el Carlismo podía unirse en las Cortes de la nefasta II República con un Antonio Pildain y Zapiain para defender un Estatuto al que el socialista bilbaíno, de origen asturiano, Indalecio Prieto se refirió como “un reducto clerical contra el espíritu democrático y liberal de toda España”. Pildain, representante de los integristas vascos (pese a concurrir como "independiente" por su condición de clérigo) y que luego seria un recordado Obispo de Canarias durante el franquismo por lo férreo de su doctrina moral, señalaba que frente a la persecución religiosa había que “optar por una de estas tres posiciones dentro de la doctrina de Cristo: la resistencia pasiva, la resistencia activa legal o la resistencia activa con las armas en la mano”. No obstante llegado el momento de la prueba al inicio de la Cruzada sus nacionalistas "católicos" optaron mayoritariamente por ponerse del lado de los enemigos de Dios y de la Patria. Los mismos que bramaban contra el Estatuto vasconavarro confesionalmente católico de la II República (al menos en su primer borrador, cuando los nacionalistas llegaron a la componenda con los socialistas y lo desacralizaron nada quisieron saber los carlistas de dicha Estatuto, al respecto es de destacar la posición de Juan de Olazabal Ramery, mártir de la Cruzada) y los mismos con los que hoy en día defienden un Estatuto centralista, totalitario, antiespañol y radicalmente anticristiano. Paradojas de la historia: si en su día los Estatutos pudieron tener algo que ver con los derechos históricos hoy en día son la antitesis de los mismos. Por eso estamos en primera línea de lucha contra dichos Estatutos, estrategia para la destrucción de España del gobierno de ocupación del PSOE gracias a la debilidad y contradicciones del sistema. Que dejen los derechos históricos para los carlistas, que ya los restauraremos cuando acabemos con todas las mentiras de este sistema.