Por contra la
consolidación del sistema partitocrático ha traído anejamente una continua
escalada de la factura del suministro eléctrico hasta llegar a niveles de
injusticia clamorosa. La supuesta liberalización de la energía iba a tener un
efecto positivo sobre los consumidores, sin embargo la factura eléctrica se ha
convertido en una pesada carga para las familias que ha dejado a muchas de
ellas al borde de la exclusión energética. Es un rasgo muy claro del llamado
Estado Servil que denunciara Hilarie Beloc:
Que
nuestra sociedad moderna, en la cual sólo unos pocos poseen los medios de
producción, hallándose necesariamente en equilibrio inestable, tiende a
alcanzar una condición de equilibrio estable mediante la implantación del
trabajo obligatorio, legalmente exigible a los que no poseen los medios de
producción, para beneficio de los que los poseen. Con este principio de
compulsión aplicado contra los desposeídos, tiene que producirse también una
diferencia en su estatus; y a los ojos de la sociedad y de la ley positiva, los
hombres serán divididos en dos clases: la primera, económica y políticamente
libre, en posesión, ratificada y garantizada, de los medios de producción; la
segunda, sin libertad económica ni política, pero a la cual, por su misma falta
de libertad, se le asegurará al principio la satisfacción de ciertas necesidades
vitales y un nivel mínimo de bienestar, debajo del cual no caerán sus miembros.
Esta mezcla letal de
socialismo y liberalismo, muy certeramente diseccionada por Miguel Ayuso en el
Cap. V, Parte II La función del Estado en
la vida económica de ¿Después del
Leviathan? Sobre el estado y su signo. Speiro 1996, se traduce en el ámbito
español en la indisimulada ocupación de puestos directivos de las grandes
compañías energéticas por parte de políticos de todo signo cuando terminan sus
años de gobierno. Al tiempo que el nacionalismo (anti)vasco se aferra a
mantener un puesto determinante en este ámbito del suministro eléctrico a toda
España y a mantener sus sedes centrales en Bilbao, herencia por cierto directa
del franquismo cuando confió a las oligarquías vascongadas grandes puestos
directivos en dichas compañías. En cierto modo los delirios nacionalistas, su
retórica racista y en última instancia las saneadas cuentas del terrorismo
etarra han pasado de algún modo por la factura eléctrica de todos los
españoles.
¿Cómo se establece el
coste de la factura eléctrica? Teóricamente, la mitad de la factura se establece mediante una subasta, supuestamente
competitiva y abierta entre empresas, y la otra mitad la establece el gobierno.
Este sistema implantado por Aznar y mantenido por Zapatero y Rajoy, es en si
mismo un fraude, como también lo es la forma en que fija la tarifa el gobierno
y así como la inclusión en la factura de conceptos ajenos a la misma y que
pagan los consumidores.
En
primer lugar, la subasta eléctrica no es tal, pues las mismas empresas
generadoras de la luz tienen filiales comercializadoras, así que el pastel se
reparte entre cinco grandes empresas. Además, el precio que se asigna al
kilovatio es el de la fuente más cara que entre en la puja. Por lo que en lugar
de pagar en función del costo ponderado según el origen de la electricidad, se
paga toda al precio de la más cara, generalmente el carbón o el fuel-oil.
De
esta forma, la energía nuclear y la gran hidroeléctrica, que ya tienen sus
plantas amortizadas y con costes de generación bajos, reciben unos precios muy
inflados, lo que en jerga económica llaman “beneficios caídos del cielo” (rainfalls
benefits), de ahí del interés de las grandes compañías por que se siga quemando
carbón o petróleo, a pesar de ser fuentes de energía importadas, caras y
altamente contaminantes. Así, un megavatio/hora nuclear por el que deberíamos
pagar 18€ nos están cobrando entre 40 y 70€.
Se
repite machaconamente que el déficit de tarifa se debe a las subvenciones a las
renovables, cargando culpas contra gran parte de modestos inversores que vieron
en ellas una fuente de crear riqueza entre las clases medias, pues aunque las
renovables reciben primas, lo hacen por kilovatio producido, al contrario que
muchas centrales de gas que reciben primas sólo por estar disponibles, no por
producción. Además, la entrada de las renovables reduce el precio de la
electricidad de las subastas y disminuye los derechos de emisión de carbono que
tenemos que comprar.
Por
otra parte, en la factura eléctrica se incluyen miles de millones de euros en
subvenciones a fondo perdido en diferentes conceptos:
- Más de 2.500 millones de euros, solo en los últimos cinco años, a centrales de gas natural, no por producir sino por estar disponibles, de guardia, es lo que se llama pagos por capacidad.
- En los últimos años el gobierno ha subvencionado la puesta en marcha de centrales de cogeneración con carbón, fuel-gasoil, gas de refinería y gas natural, a lo que hemos dedicado, vía factura, más de 5.000 millones de euros en este último quinquenio.
- En concepto de interrumpibilidad hemos regalado más de 2.000 millones de euros de subvenciones enmascaradas a multinacionales como Arcelor Mittal o Atlantic Copper. También durante muchos años los consumidores hemos estado pagando, vía recibo, los gastos de gestión de los residuos nucleares.
La
interrumpibilidad se refiere a contratos que establece el estado con grandes
consumidores de electricidad, en virtud del cual se les puede cortar el
suministro eléctrico en cualquier momento, como en caso de exceso de demanda o
problemas en la red. A cambio, las empresas reciben fuertes compensaciones por
su disponibilidad, no por los cortes de suministro. Sin embargo, en los últimos
seis años no ha hecho falta echar mano de ese mecanismo debido al exceso de
potencia disponible que tiene nuestro país, por lo que sería un concepto
prescindible. De hecho, desde 2006 España exporta electricidad a los países
vecinos.
La
energía nuclear supuestamente es muy barata, entre otras cosas porque las
centrales se construyeron gracias a que los gobiernos las subvencionaron con
miles de millones aportados por los contribuyentes. Si de verdad fueran tan rentables como
dicen ¿por qué desde que se acabó la moratoria nuclear en España, en 1997,
ninguna empresa ha construido una central nuclear? Por otra parte, la gestión
de los residuos nucleares la pagamos entre todos hasta hace algunos años, ahora
contribuyen un poco las empresas. Además, la industria nuclear es la única que tiene
un límite en sus pólizas de seguro, 700 millones de euros, cosa que no ocurre
con otras industrias. Así, en caso de catástrofe, todo lo que supere esa cifra
lo sufragaría el Estado (o sea, nosotros). Además, el gobierno subvenciona el 90% de las primas que pagan las nucleares a las compañías de
seguros.
Por
último, el gobierno del PP se ha dedicado a torpedear sistemáticamente a las
renovables, quitándole primas, un sector en el que éramos líderes y que estaba
generando miles de puestos de trabajo y que nos ayudaría a salir de la crisis.
Para remate, el borrador de decreto de autoconsumo de energía fotovoltaica, es
una nueva traba para el desarrollo de las renovables pues introduce un peaje,
llamado “de respaldo”, que hace más caro económicamente producir tu propia
energía que comprarla en la red. El gobierno en vez de permitir ahorrar a sus
ciudadanos produciendo su propia electricidad, nos obliga a seguir dependiendo
de las grandes compañías. Mientras en el resto de los países más desarrollados
de Europa se prima al pequeño productor y el autoconsumo, en España el gobierno
del PP lo penaliza y lo criminaliza, pues quieren poner multas de hasta 30
millones de euros. Nos prefieren siervos de los grandes intereses del sistema,
de sus partidos políticos y poderes financieros.
