Por Dios y por España. Por Euscalerría foral y española.

El pasado sábado 27 de octubre de 2012 la carlista vizcaína Pilar Badiola Aldarondo, víctima del terrorismo, intervino en el programa «Una hora en libertad» de Radio Ínter (antigua Radio Intercontinental).

Un testimonio entre tantos cientos de miles de como el nacionalismo sabiniano "vasco" (en puridad antivasco) llevó a cabo una siniestra campaña sistemática y premeditada de exterminio de patriotas vascos, con el consiguiente silencio cobarde y cómplice de esa mayoría no nacionalista de la sociedad vascongada que amedrentada con su silencio ha contribuido a forjar una falsa impresión de la realidad sociológica de Vascongadas y Navarra. Nuestra admirada Pilar pone de manifiesto con absoluta claridad las verdades de un proceso criminal ejecutado como comparsa de la instauración del actual sistema político demoliberal nacido de la Constitución del 78.

ETA acabó con la vida de cientos de vascos "incómodos" para el pactada repartición de las parcelas de poder del aludido sistema. Por eso jamás se pusieron los medios necesarios para acabar con la lacra terrorista que ensangrentaba Vascongadas y toda España: respondía a un macabro reparto de prebendas y sinecuras del juancarlismo. Los separatistas tendrían impunidad en Vascongadas y en Cataluña, las fábricas serían controladas por las mafias sindicales de UGT y CC.OO., la cultura quedaría en manos de la izquierda más soez y degenerada y de la finanza participarían los partidos del pensamiento único del sistema, herederos del caciquismo, la corrupción y el turnismo electoral sobre los que se fue asentando la democracia liberal contra el pueblo español.

En el análisis del exterminio y la diáspora de los patriotas vascos hay que reseñar como primero fueron las amenazas, luego los ataques contra bienes inmuebles y vehículos, y finalmente, los asesinatos. Desde entonces, ETA desplegará su violencia contra aquellos vascos que se sentían lo que eran, es decir, tan vascos como españoles. Al final del proceso, el miedo, consistente y mantenido, atenazó a una sociedad entera. Ese miedo les hizo abrazar, de forma mayoritaria, cualquiera de las variantes del nacionalismo como única forma de sobrevivir. Los asesinados son vascos de estirpe y cuna, vascoparlantes (para algunos incluso el vascuence en alguna de sus diversas variantes es su única lengua) y defensores de la personalidad e identidad de Euscalerria sin incurrir en los errores y delirios del nacionalismo sabiniano. Los terroristas y sus cómplices por contra se nutrían en no pocas ocasiones de chusma desarraigada, delincuentes comunes, quinquis y recién llegados de otras zonas de España e incluso del extranjero. La maldad de los criminales etarras no se detiene en el exterminio físico. Los proetarras son muy propensos a la burla de los muertos, al continuo ataque a las familias de las víctimas y especialmente --fenómeno de indudable inspiración satánica-- al ataque a las tumbas en las que reposan los restos mortales de las víctimas. Es el caso de la de José María Arrizabalaga, destruída hasta en ocho ocasiones.

El proceso había empezado unos años antes. En julio de 1961 ETA intentó hacer descarrilar un tren que conducía a ex combatientes vascos de la Cruzada que venían  de celebrar el XXV aniversario del Alzamiento Nacional. El 14 de agosto de 1968 fue incendiado y destruido el caserío del alcalde de Lazcano. Durante 1969 y 1970 la banda fue prácticamente desarticulada, y los ataques cesaron casi por completo. Pero en 1971 se produjo el  "desembarco" de cientos de militantes (John Sullivan, El nacionalismo vasco radical, Alianza Editorial, 1988), que se agrupaban bajo una escisión de las juventudes del PNV denominada EGI-Batasuna. Se reiniciaron, entonces, las acciones de persecución e intimidación a los vascos que no estaban dispuestos a tragar con los delirios racistas, totalitarios, y más que dudosamente acordes con la realidad histórica e identitaria vasca, de Sabino Arana.

El 29 de noviembre de 1971 era incendiada y destruida la boutique Gurruchaga de San Sebastián. El 10 de diciembre le tocaba al caserío Mainguama de José María Recondo en Urnieta y el 14 de diciembre de 1971 la destrucción llegaba a la droguería de los Arrizabalaga en Ondárroa. La dependienta quedó ciega tras dicho ataque. Estos actos de intimidación constante a los vascos no nacionalistas fueron reivindicados en el mismo comunicado en el que la banda se hizo responsable del secuestro de Lorenzo Zabala Suinaga el 19 de enero de 1972, liberado tres días después. La nueva ETA, formada por los que fueran cachorros del PNV, dejaba claro que serían implacables para conseguir sus fines y enviaba, de paso, un mensaje a determinados sectores de la sociedad vasca. Florencio Domínguez en Las Raíces del Miedo. Euskadi, una sociedad atemorizada (Aguilar, 2003, pág. 22) explica perfectamente el salto cualitativo que suponía el asesinato de Carlos Arguimberri:

• La extensión del miedo se produce cuando diferentes sectores de la sociedad vasca empiezan a sentir que corren peligro de ser atacados, al igual que les ocurre a otros conciudadanos con los que pueden tener algún grado de identificación. Con el asesinato de Carlos Arguimberri Elorriaga, ETA comienza a atacar a ciudadanos vascos de a pie. Arguimberri representa el principio de una línea de acciones de ETA que se mantendrá de forma ininterrumpida durante una década y que se saldará con la muerte de casi un centenar de personas. Hasta entonces ETA sólo había buscado la muerte de policías, guardias civiles o representantes del poder, como Carrero (...) A partir de 1975, hay civiles que son objetivo directo de ETA. En una primera etapa, que se extiende desde 1975 a 1977, la práctica totalidad de las víctimas son de origen vasco como lo revelan sus apellidos: Arguimberri, Camio, Arregui, Guezala, Albizu, Cortadi, Azpiroz.

Muchos autores no españoles que han escrito sobre ETA o han sido ambiguos y equidistantes, o han caído abiertamente embobados ante la dialéctica de los puños y el tiro en la nuca de la banda. Posiblemente porque no vivieron, como sí lo vivió la investigadora alemana Marianne Heiberg, cómo salió la serpiente del huevo. Heiberg residió entre febrero de 1975 y septiembre de 1976 en Elgueta, pequeña localidad de mil doscientos habitantes. En su tesis doctoral describió el asfixiante clima que se creó contra los vascos no nacionalistas. Muy gráficamente expuso cómo quedaban señaladas ante la sociedad "aquellas personas que, de una manera u otra, quebrantaban las normas del lugar, revelándose como antivascos... el paralelismo entre las acusaciones de chivatazo y las acusaciones de brujería de otras partes del mundo era realmente sorprendente". (Heiberg, Marianne, La formación de la nación vasca. Editorial Arias Montano, Madrid 1991).

Carlos Arguimberri Elorriaga se convirtió, de este modo, en la primera víctima de una locura colectiva que, en el fondo, tenía poco de locura y sí mucho de frío, cruel y despiadado cálculo tendente a conseguir que las zonas rurales quedaran total y absolutamente en manos de los diferentes seguidores de Sabino Arana. Tal vez así nos podemos explicar, más fácilmente, los recientes resultados de Bildu en esas zonas, poniendo de manifiesto hasta qué punto ha tenido éxito la estrategia descrita por Marianne Heiberg y Florencio Domínguez que se inició en los setenta.

En el caso concreto del asesinato de Carlos Arguimberri, ejemplo acabado de este exterminio sistemático, quien más datos ha dado sobre los años previos a su asesinato ha sido el antropólogo Joseba Zulaika, que conoció personalmente a la víctima. Cuenta Zulaika cómo desde los años sesenta una parte de la población de Icíar empezó a involucrarse en actividades nacionalistas, actividades en las que Carlos quedó al margen. Carlos empezó a ser objeto de una agresiva campaña de acoso que desembocó en su asesinato. Previamente al atentado, los jóvenes de la localidad boicotearon una sala de fiestas que había promovido mientras fue concejal en Deva; miembros de un grupo sedicentemente católico elaboraron pintadas en 1972 donde se podía leer "Karlos hil" ("muerte a Carlos"), y la banda terrorista ETA le incendió el autobús antes de asesinarlo (Joseba Zulaika, Violencia vasca. Metáfora y sacramento, Nerea, 1990, citado por Rogelio Alonso, Florencio Domínguez y Marcos García Rey en Vidas Rotas, Espasa, 2010).

Carlos Arguimberri Elorriaga, de 43 años, era un hombre del pueblo, muy trabajador, siempre dispuesto a hacer favores, y muy apreciado por los vecinos, por lo que la noticia de su asesinato produjo una gran conmoción en la comarca. Pertenecía a una familia carlista del barrio de Icíar, en el municipio de Deva. Su padre fue sepulturero, carpintero y cartero, y Carlos había trabajado de zapatero y de conductor de autobús. Fue alcalde pedáneo y concejal del Ayuntamiento de Deva hasta 1974. En el momento de su asesinato Carlos Arguimberri se hallaba especialmente vinculado a la Hermandad de Labradores y Granjeros. Su puesto de alcalde no significaba identificación con el régimen franquista, sino que era un modo de participar en política dentro de la estrategia de oposición doméstica que los carlistas desarrollaron durante este periodo histórico.

Carlos Arguimberri Elorriaga fue el primer carlista vasco asesinado por ETA. El nacionalismo vasco desde su nacimiento había asesinado anteriormente a cientos de carlistas vascos. No sería el último. Además de ellos, militando en otras organizaciones políticas y con militancia pasada y simpatía mantenida por el carlismo encontramos a otros asesinados como Juan María Araluce, Ramón Baglieto, Gregorio Ordóñez o José Javier Múgica.

La presión y el acoso mientras tanto continúa hoy día. Frente a una falsa "normalidad" en las calles de Vascongadas y Navarra los proetarras siguen impunemente manteniendo su acoso e impidiendo una acción política en libertad. No podemos dejar pasar acontecimientos como el reciente ataque a la casa Baleztena en Leiza. Uno más de los muchos acaecidos durante la vigencia del sistema demoliberal, a imitación de los acontecidos contra la misma casa durante la II República.

Las últimas elecciones celebradas en los territorios vascongados suponen por tanto una burla a la representatividad. Incurren en el colmo de las contradicciones cuando recientemente una comisión jurídica reconoció la legalidad del voto de los cientos de miles de vascos desterrados por la campaña de exterminio nacionalista, pero pese a ello no se les ha permitido votar. Por lo tanto de acuerdo con la lógica del sistema, si éste la respetase, la normativa y las circunstancias de sus procesos electorales los convierten en completamente antidemocráticos.

Sin embargo, con democracia o sin ella, los carlistas no podemos aceptar hechos consumados. Y jamás toleraremos la secesión de las Vascongadas ni la anexión de Navarra a un hipotético Estado independiente, liberal y centralista, basado en las mentiras racistas y totalitarias del nacionalismo sabiniano.

Peligran los restos del derecho foral vascongado.

[Agencia FARO] Bilbao, 1 agosto 2011, festividad de los Santos Macabeos, mártires. Precisamente el domingo 31 de julio, festividad del santo patrón de Guipúzcoa y de Vizcaya, San Ignacio de Loyola, el periódico del PNV, Deia, lanzaba una andanada contra lo poco que queda de los fueros vascongados: el derecho civil, en particular el relativo a la libertad de testar y al mantenimiento de los patrimonios familiares.

Bajo el expresivo título "Hacia un único derecho civil vasco" y el demagógico subtítulo "La coexistencia de cuatro derechos civiles en la CAV complica herencias y regímenes matrimoniales, creándose un auténtico conflicto de leyes", un artículo firmado por Raquel Ugarriza en el diario nazionalista acumula anécdotas y declaraciones en aparente desorden, como para dar la impresión de que tal diversidad causa grandes dificultades, complicaciones e injusticias. Sin embargo, si el lector presta atención a los aspectos principales de los derechos civiles forales subsistentes (Fuero de Vizcaya, Fuero de Ayala y Fuero de Guipúzcoa), incluso en este mismo artículo resulta evidente su superioridad respecto del Código Civil del Estado. Código Civil que no es sino una apisonadora legal (pero ilegítima) de origen napoleónico, tiránicamente impuesto en España por el liberalismo, con devastadoras consecuencias para las familias y para la sociedad entera.

Suele recordarse que el Partido Nacionalista Vasco (en puridad, antivasco) nace inspirado por el delirante racismo de Sabino Arana Goiri. Pero se recuerda menos que fue organizado y dotado de doctrina por dos liberales: el castellano renegado y agente británico "Sir" Ramón de la Sota, y el jacobino Engracio Aranzadi, rendido admirador del masón Mazzini. Este origen explica su carácter decididamente antiforal y centralista, carácter que han heredado todas sus escisiones, ETA/Batasuna/Bildu incluida. Se trata de convertir a las Provincias Vascongadas (que son "provincias" en el sentido que tal término tenía en el siglo XVIII, es decir, el que luego se expresará con el término "regiones": Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, siempre tan distintas política y legalmente como León, Galicia y Asturias, por ejemplo) y a cuantas otras regiones se pueda anexionar, en un único "Estado vasco", el "Euzkadi" inventado por Sabino Arana. Así pues, las grandes diferencias, sean culturales, lingüísticas, de costumbres o --como en el caso que nos ocupa-- de leyes, deben irse suprimiendo, en beneficio de una "unidad vasca" totalitaria y artificial.

Como ejemplo de lo anterior, puede citarse el de una campaña de "Euskadiko Eskerra" (EE), rama de ETA luego fusionada con el PSOE vascongado (cuyo nombre oficial actual es PSE-EE). Los carteles de la misma proclamaban: "Fueros no. Euskadi es una" ("grande y libre", añadían los carlistas pintando sobre los carteles). Pues bien: el PSOE, que ocupa actualmente la presidencia del Gobierno autónomo vasco (en coalición de hecho con el PP, y ambos en atento seguimiento del PNV) se ha aplicado a este proyecto de supresión foral. Dice Deia: "Los intentos de modernización y unificación no son nuevos. En la pasada legislatura, el Parlamento Vasco, que tiene la competencia exclusiva en la materia, ya creó una ponencia específica en busca de la unificación de los ordenamientos territoriales, en pro de un Derecho Civil Vasco. La UPV-EHU también ha trabajado en la elaboración de unas bases para dicho ordenamiento y la Academia Vasca de Derecho incluso redactó un texto articulado en el que extiende la vecindad civil a todos los vascos [...] Para [Andrés] Urrutia, que ejerce de vicepresidente de la Academia Vasca de Derecho, se parte 'de situaciones muy distintas, pero hay que intentar buscar un Derecho Civil para toda la CAV' ['Comunidad Autónoma Vasca']. Pese a que el Gobierno vasco está interesado en avanzar, Urrutia pronostica un camino legislativo 'largo', ya que se precisa de un 'consenso básico amplio'. El objetivo, concluye, es 'establecer el principio de libertad civil vasca'."

Un "consenso básico amplio" del cual se ha excluido a los más de doscientos mil vascongados que, como FARO ha denunciado en varias ocasiones, viven en el destierro a causa del terror y del chantaje nacionalistas. Terror y chantaje nacionalistas apuntalados por el PSOE y por el PP, sin los cuales no habría podido subsistir. Terror y chantaje nacionalistas que ahora se aprestan a acabar con los restos del régimen foral, en aras de su inventado "Euskadi" unificado y uniforme. Una pérdida para todos los españoles, pues la verdadera España --la España tradicional, las Españas-- es una Patria diversa y libre, unida bajo la Religión y bajo la Monarquía legítima.

Monarquía tradicional y legítima que, conviene repetirlo, no tiene nada que ver con la caricatura de monarquía que en la España "constitucional" encubre la república parlamentaria que nos desgobierna. Caricatura y careta con la que colabora estrechamente el diario nazionalista, aportando su dosis de falsedades históricas: "Origen. El Código Civil es el derecho común que rige en todo el Estado. Hay que remontarse a la historia para entender el origen: las Villas y la Ciudad de Orduña adoptaron el derecho común que les otorgó el rey". El derecho común de la Corona de Castilla no tiene nada que ver con el Código Civil liberal: son antitéticos.

Derechos históricos frente a Estatutos

El tetralema del Carlismo además de banderín de enganche para los voluntarios de la legitimidad proscrita es toda una enunciación de la doctrina política de la Tradición de las Españas, de donde nacen los derechos históricos de cada uno de los reinos y principados que la componen. El mismo establece una correcta prelación y jerarquización de sus principios, que son la sistematización de los fundamentos políticos de las Españas áureas (por más que en el ámbito de la experiencia histórica hayan sido ocasionalmente desconocidos). Las bases doctrinales del Carlismo se asientan sobre el Dios, Patria, Fueros, Rey, no como compartimentos estancos, no como pura enunciación de valores vacíos al modo de retahíla sino en base a un orden, que nace de una determinada ontología.

En este sentido los Fueros, más allá de las peculiaridades regionales, corporativas o sociales, se circunscriben a un determinado Estado de Derecho y legislativo que ha de atender en primer lugar a Dios (el deber de toda comunidad política para con el Creador, según la multisecular doctrina de la Iglesia Católica) y después al bien común, que es la Patria. En los Fueros obviamente están inscritos los derechos históricos de los señoríos, principados, reinos, municipios, comarcas, además de las sociedades no territoriales, que constituyen la Patria. El Rey seria en última instancia el garante de dicho Estado de Derecho, no pudiendo prevalecer su voluntad sobre el Derecho, siempre que este sea justo.

Una obra esencial, ¿Qué es el Carlismo? lo resume del siguiente modo:

47 Jerarquía de valores
También se ha de notar, que los puntos del lema tradicionalista no tienen valor igual. Por el contrario, es hallan jerarquizados a tenor de su importancia práctica y su alcance lógico. El rey ha de encarnar la institución monárquica, Según muestra el hecho de que la legitimidad de origen está subordinada a la de ejercicio. Por eso no le es lícito anteponer intereses personales al bien mayor que es la realeza.
Las libertades concretas inscritas en los fueros son, a su vez, bienes particulares legítimos: más subordinados al bien común que es la patria.
Y la patria, máximo bien humano que precede a los intereses de los individuos, porque el bien común tiene primacía sobre los bienes singulares, ha de sujetarse a los designios de Dios, dado que lo humano es inferior a lo divino.

48 Cinco escalones
Se han de distinguir, por eso, en el tablero ideológico carlista cinco escalones:a) El bien personal del rey. b) El bien institucional de la realeza. c) Los intereses de las familias y pueblos españoles. d) El bien común de las Españas. e) Y el bien supremo de la cristiandad.
Cada uno de ellos se subordina al siguiente. Los príncipes son para sus pueblos, los individuos ceden ante la patria, las Españas son servidoras de Dios.

49 El criterio hermenéutico
Cuando se haya de tasar, en cada caso determinado, la importancia de los puntos doctrinales de referencia política - sobre todo cuando surjan discrepancias o disyuntivas para elegir entre alguno de ellos que contraste con cualquiera de los restantes- el orden de valores es claro: de más a menos, sigue el orden de Dios, patria, fueros, realeza y rey.
Interpretar los temas de la doctrina tradicionalista alterando esa tabla jerarquizada de valores políticos está vedado al carlista. Y no por una sinrazón arbitraria, sino por una razón elemental: que cuando se altera la prioridad natural de tales valores, aunque en la alteración parezcan salvarse particularmente cada uno de los valores, en realidad se los destruye a todos. Incluso el que se pretendía supervalorar o favorecer. Sobre esto, la experiencia histórica de la teoría y la práctica política del Carlismo es concluyente.


Razón de esta introducción reside en la bastarda y saturada apelación que estos días se está realizando a los derechos históricos de Cataluña con la intención de aprobar un Estatuto que no sirve ni a la descentralización ni al principio de subsidiariedad (por estar viciado de los mismos vicios del centralismo burocratista), pero lo que es mucho más importante: es radicalmente contrario tanto a Dios como a la Patria. Los derechos históricos solo pueden darse en el contexto de la Tradición catalana. La legislación anticatólica y separatista emanada de un parlamentillo partitocrático es contraria a los derechos históricos de Cataluña, es toda una Nueva Planta de carácter revolucionario y anticatalán. Como se ha recordado recientemente desde el excelente blog catalán El Matiner no pueden reivindicar los derechos históricos (los Fueros de Cataluña) los mayores europeístas, que son los nacionalistas. Menos todavía si ese nacionalismo, salvado su origen oligárquico, es masónico, antiespañol y radicalmente anticristiano. El nacionalismo no obstante juega al sentimentalista y habla de unos derechos históricos que continuamente pisotea.

Motivación distinta movía a los carlistas a implicarse en la defensa de las formas autogobierno en otras épocas. Los ejemplos de la Mancomunidad catalana o de los Estatutos de la II República eran intentos bastantes ambiguos e imperfectos de defender las libertades regionales. Por eso jamás los carlistas los tomaron con demasiado entusiasmo, e incluso en el propio seno del Carlismo hubo duras (e incluso violentas) polémicas internas sobre la conveniencia de participar en dichos proyectos. En cualquier caso circunstancialmente, en unos momentos concretísimos, se dio tregua a la beligerancia contra el nacionalismo y se produjo el concurso del Carlismo en dichos proyectos. Que históricamente respondían a otras motivaciones. Porque es obvio que ocasionalmente el Carlismo podía unirse en las Cortes de la nefasta II República con un Antonio Pildain y Zapiain para defender un Estatuto al que el socialista bilbaíno, de origen asturiano, Indalecio Prieto se refirió como “un reducto clerical contra el espíritu democrático y liberal de toda España”. Pildain, representante de los integristas vascos (pese a concurrir como "independiente" por su condición de clérigo) y que luego seria un recordado Obispo de Canarias durante el franquismo por lo férreo de su doctrina moral, señalaba que frente a la persecución religiosa había que “optar por una de estas tres posiciones dentro de la doctrina de Cristo: la resistencia pasiva, la resistencia activa legal o la resistencia activa con las armas en la mano”. No obstante llegado el momento de la prueba al inicio de la Cruzada sus nacionalistas "católicos" optaron mayoritariamente por ponerse del lado de los enemigos de Dios y de la Patria. Los mismos que bramaban contra el Estatuto vasconavarro confesionalmente católico de la II República (al menos en su primer borrador, cuando los nacionalistas llegaron a la componenda con los socialistas y lo desacralizaron nada quisieron saber los carlistas de dicha Estatuto, al respecto es de destacar la posición de Juan de Olazabal Ramery, mártir de la Cruzada) y los mismos con los que hoy en día defienden un Estatuto centralista, totalitario, antiespañol y radicalmente anticristiano. Paradojas de la historia: si en su día los Estatutos pudieron tener algo que ver con los derechos históricos hoy en día son la antitesis de los mismos. Por eso estamos en primera línea de lucha contra dichos Estatutos, estrategia para la destrucción de España del gobierno de ocupación del PSOE gracias a la debilidad y contradicciones del sistema. Que dejen los derechos históricos para los carlistas, que ya los restauraremos cuando acabemos con todas las mentiras de este sistema.

A propósito del Museo de Historia del Carlismo de Estella

La inauguración hoy, día 23 de marzo de 2010, del Museo de Historia del Carlismo de Estella impone una serie de necesarias consideraciones sobre su creación y gestión que imponen una serie de cautelas a los carlistas sobre el futuro de dicho Museo.

Por un lado, en un contexto de agresivos ataques a la Historia de España, a través de la nefasta memoria histórica, que como recordaba recientemente S.A.R. Don Sixto de Borbón consiste en la cancelación de la historia a través del falseamiento de la memoria por la ideología, es una buena noticia que se intente preservar el legado del Carlismo frente a los talibán progres. Desde hace años fundaciones y asociaciones de carácter privado y comunitario, con el concurso y la participación del Pueblo Carlista, vienen manteniendo con bastante eficacia dicha legado. Dichas instituciones además gozan de la suficiente independencia para preservar dicho legado sin desvirtuarlo. En el caso actual será una institución de carácter público, esclava de los contextos políticos de cada momento, la que administre dicho legado. Asimismo la irrupción de una institución pública y política sitúa a las instituciones privadas y comunitarias en una situación de debilidad, pues implica que la institución pública puede acaparar más fondos, tanto por su mayor financiación a través de tributos como por gozar de los privilegios inherentes a su carácter de organismo público. En este aspecto concreto se suscita uno de los grandes puntos de la doctrina carlista, en relación a la preeminencia de la sociedad frente a lo público. Con este Museo cabe el riesgo muy cierto de que contrariamente a dicha doctrina se produzca una preeminencia de lo público frente a la sociedad.

Es evidente que la historia de Navarra, y aún los restos de su foralidad que aún hoy subsisten y que son la esencia de Navarra, no puede explicarse sin el Carlismo. Pero paradójicamente una de las grandes maldiciones que viene sufriendo el Carlismo de unos sesenta años a esta parte es la misma limitación del Carlismo a un fenómeno "típicamente navarro", en un reduccionismo folclorista que pretende escamotear el auténtico sentido de una lucha que tiene dimensiones mucho mayores, en última instancia preternaturales. En este sentido la gestión del Museo es muy probable que apunte en ese sentido, con algunas gotas de nefasto progresismo debido a la presencia en su Consejo Consultivo del Partido (anti)Carlista y de grupúsculos cercanos al mismo, que han sido los mayores enemigos de la Santa Causa en los últimos cuarenta años.

Si el Gobierno de Navarra tuviese realmente interés en preservar la historia del Carlismo empezaría por declarar contraria a Fuero la imposición totalitaria de la Ley de Memoria Histórica. Por contra, ya desde antes de la misma empezó el desmantelamiento del legado carlista en Navarra, con ataques tan infames como el perpetrado, en coautoría con el Arzobispado de Pamplona, contra el Monumento de Navarra a los muertos en la Cruzada, desacralizado, desvirtuado, infamado y blasfemado.

Muchas cautelas hay que tener ante el nuevo Museo de Historia del Carlismo de Estella. Los carlistas, a través de la Comunión Tradicionalista, hemos de luchar por el mantenimiento y continuación de nuestro legado, sin mediatizaciones ni componendas y por el triunfo de nuestros ideales por el bien de Dios y la Patria. Ideales que son de máxima actualidad y que han de estar presentes en todas las instituciones. Y no solo en museos, como nuestros enemigos quieren.

El cupo hoy. ¿Fueros o fraude?

De entre los pocos estudiosos de las instituciones jurídicas de la Tradición Española el Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad del País Vasco Jon Arrieta Alberdi ha publicado análisis bien ponderados sobre la foralidad vascongada. Si bien condicionados por manejar en ocasiones términos poco rigurosos en relación con el derecho tradicional hispánico y por un ambiente intelectual donde hay dogmas civiles bien asentados por el nacionalismo que acaban influyendo en el contexto general de la obra, restándole valor. Además están realizados en un ambiente donde es muy difícil pensar o expresarse en libertad, como la UPV, tan copada por el terrorismo etarra. En cualquier caso, pese a sus carencias, nos gustaría destacar el esfuerzo de comprensión y explicación realizado, que nos lleva a enlazar con la actualidad del falso sistema foral vascongado. El profesor Arrieta realiza la siguiente explicación de la foralidad en su obra La idea de España entre los vascos de la Edad Moderna:

3. EL MUNDO INSTITUCIONAL VASCO: LA FORALIDAD COMO JURISDICCIÓN PROPIA

El periodo abordado en esta exposición (siglos XVI-XVIII) coincide con el asentamiento y madurez de las instituciones vascas de derecho público. El proceso de pacificación y asentamiento de la sociedad vasca en el bajo medievo estuvo centrado en la reducción de la superioridad abusiva de los Parientes Mayores y en la formación de cuerpos provinciales organizados a modo de hermandades, en las que las villas, a la sazón bastante consolidadas, pasaron a ocupar una posición de mucho peso. Las provincias vascas eran, en definitiva, un espacio en el que privaba la implantación de núcleos dotados de jurisdicción propia, dando lugar a un conglomerado de entes capacitados para ejercerla en un mosaico plural y dinámico (López Atxurra).

En la base se encuentra la jurisdicción municipal y la de las corporaciones (consulados de mercaderes, y gremios potentes como los de ferrones). Téngase en cuenta que la Baja Edad Media fue el periodo en el que en estas tierras se consiguió llegar a un equilibrio social y territorial, el primero por superación de los conflictos entre y con los Parientes Mayores, y el segundo por la organización de los núcleos de población en el nivel municipal y urbano –por un lado– y el provincial (Juntas Generales y Diputación) por otro. Los municipios ostentaban la mayor parte de la gestión y ejercicio de la vida pública, pero su representación provincial aparecía cada vez con una forma y presencia más madura y organizada, de modo que era necesario tenerla en cuenta en su relación con otros núcleos, jerárquicamente más elevados, de potestad jurisdiccional (las propias Juntas y el Corregidor, Chancillería de Valladolid, Consejo de Castilla).

La jurisdicción propia requiere de un territorio definido. Las provincias consolidan su forma y proporciones y ligan cada vez más sólidamente a ellas sus instituciones. La madurez jurisdiccional se manifiesta en la capacidad normativa de los municipios en su ámbito y de las Juntas para asuntos provinciales; en la policía y orden público, fomento y algunas prestaciones sociales; en el procedimiento judicial basado en el juez natural y, para Vizcaya, jurisdicción propia en la Chancillería de Valladolid. En cuanto a la fiscalidad y al comercio, los defensores de la foralidad, fiscalidad propia y libre comercio, los explican siempre en función de la defensa, es decir, trasladan la justificación al terreno de las obligaciones.

El conjunto potestativo, que en forma de privilegios, diferencias y ventajas constituye la foralidad, tiene su otra cara en las obligaciones que implica. Todos los defensores de las instituciones forales se refieren a un mismo hecho: las provincias exentas cumplían una función defensiva de la Monarquía. Su situación geográfica era determinante, particularmente ante Francia, que representó en estos siglos el riesgo político, dinástico y religioso por excelencia. Los Pirineos pasaron a ser en el siglo XVI, tanto para Francia como para España, un compacto bloque de defensa integrado por las poblaciones montañesas asentadas y permanentemente preparadas para la guerra. Las provincias y reinos pirenaicos defienden a la Monarquía defendiéndose a sí mismos.

La pertenencia a un gran Imperio, líder entonces del mundo católico, era una garantía de seguridad para provincias que se hallaban geográficamente situadas en zonas de riesgo. El respaldo general que la Monarquía podía proporcionar era la contraprestación lógica al compromiso de actuar como primer frente de defensa contra potentes enemigos, ante cuyos potenciales ataques, a su vez, el volumen y la solidez del Imperio ejercían un efecto disuasorio tranquilizador para las pequeñas provincias fronterizas. Éstas se sentían relativamente cómodas y seguras y, al mismo tiempo, alejadas, casi ajenas, a la acción jurídico-administrativa directa de la Monarquía. Es curioso comprobar la gran proximidad de ideas y argumentos que podemos encontrar en las descripciones y defensas de los ordenamientos jurídicos propios de autores guipuzcoanos, catalanes o sardos de la época moderna, cuando Fuenterrabía, el Rosellón y la isla de Cerdeña tenían un valor estratégico considerable.

En lo que a las provincias vascas y a Navarra se refiere Francia representó el riesgo político, dinástico y religioso por excelencia en los siglos XVI y XVII. Valois y Borbones estuvieron intensamente enfrentados con los Habsburgo y estas dos últimas casas tuvieron siempre la vista puesta en conseguir la titularidad del liderazgo político militar de la cristiandad europea. Cuando se abrió el frente de la Reforma y ésta caló en la, hasta entonces, católica Francia, el problema de la posible contaminación provocó el cierre aún mayor de la frontera pirenaica, en parte de la cual, precisamente, había prendido especialmente la nueva confesión.

Como vemos históricamente la foralidad, no solo vascongada, sino también de los reinos hispánicos fronterizos, está determinada además de por un fortalecimiento del poder provincial en detrimento del municipal por su posición de avanzados y fidelísimos reinos ante la más que posible invasión. Así, el profesor Arrieta reconoce los derechos forales se complementan con obligaciones principalísimas. Faltaría además profundizar algo más en la filosofía jurídica foral. Era un modo de atemperar cualquier tentación absolutista, ajena a la Tradición Española y respondía a la concepción orgánica de la sociedad. Los fueros no solo eran territoriales, y no solo provinciales, pues también los habia municipales. Y al tiempo los habia eclesiásticos, universitarios, militares, etc. con plena vigencia todos en el Señorío de Vizcaya y las Provincias de Álava y Guipúzcoa. En el ámbito económico los Fueros territoriales de los reinos hispánicos fronterizos disfrutaban de ciertas exenciones fiscales en un contexto de precarísima hacienda pública. Las contribuciones fiscales no eran universales, porque estamos en el contexto de una sociedad jerarquizada en la que cada cuerpo, cada estamento o cada territorio asume circunstancias singulares. En el contexto de los reinos fronterizos estas exenciones se explican por ser los primeros en defender la integridad de la Monarquía. El cupo tal y como lo conocemos hoy vendría después, como desenlace de la III Guerra Carlista en un intento de salvar algún rasgo de foralidad, que enseguida fue usado por los liberales vascongados para sus intereses económicos particulares. En esos años nace un incongruente fuerismo liberal que acabará desembocando en el nacionalismo racista actual.

Esta introducción histórica es muy útil para realizar una reflexión sensata sobre el actual cupo económico de la Comunidad Autónoma Vasca o Euskadi siguiendo la nefasta terminología del racista Sabino Arana. Recientemente el cupo ha vuelto a ser actualidad en primer lugar por el blindaje que el PSOE ha pactado con el PNV del mismo, a cambio del apoyo sin matizaciones de la nueva ley del genocidio abortista y de otras leyes anticristianas. Y en segundo lugar por la reciente propuesta del partido UPyD, nacida de la delegación del partido en Vascongadas, de anular el cupo vascongado y el concierto económico navarro.

Mal se puede hablar con propiedad de fueros en medio de un parlamentarismo soez, de un Estado anticatólico y antitradicional y mucho menos de cupo y haciendas "forales" cuando las mismas lo única que hacen es ser administradores de un régimen fiscal confiscatorio. La mera especulación de los mismos en el debate parlamentario por si sola invalida la presunción de autenticidad de los actuales "fueros". Pero mucho peor es la dinámica en que se circunscriben: la del liberalismo constitucionalista, que no puede reconocer más derechos que los de la soberanía popular, lo que impide nuevamente la vigencia de un derecho consuetudinario y tradicional como es el foral. Más difícil se hace todavía hablar de fueros cuando estos sirven para amparar las políticas contranaturam de los parlamentos liberales, sean estos estatales o autonómicos, cuando los fueros en su origen eran una custodia y estaban sometidos a la ortodoxía pública católica.

En este contexto el cupo hoy día no es más que una coartada de los nacionalistas para alegar "hechos diferenciales", cuando si en algo se diferenciaban los fueros de los reinos hispánicos fronterizos es que se justificaban por una lealtad que se entendia inquebrantable a Dios, a la Patria y al Rey. Además del aspecto exótico que defienden hay que considerar el poder económico que suponen unos presupuestos controlados por los nacionalistas, pues su gran poder económico es una de las explicaciones de la dictadura nacionalista. El desfalco y fraude que ha protagonizado el cupo desde que está en manos de los nacionalistas es uno de los robos más grandes de la historia. Mientras que el régimen navarro dentro de sus carencias y debilidades ha aportado con justicia al sostenimiento de los gastos comunes el cupo ha sido la excusa para chantajear y chulear al Estado aportando siempre objetivamente mucho menos de lo que se recibe y no colaborando en los gastos generales de los que se benefician los vascongados (la propia fundación del BBVA lo ha denunciado en el mismo Bilbao), como en el reciente caso de la defensa de atuneros españoles por las Fuerzas Armadas. Los tradicionalistas se encontraron además con un apoyo esencial a la reivindicación foral con la doctrina católica --defendida por la máxima autoridad magisterial de todos los Papas-- del principio de subsidiariedad. Dicho principio ya estaba de hecho en la configuración tradicional de las Españas. Por contra los actuales "cupos" y "pseudofueros" no hacen más que reproducir la indeseable inmiscusión de lo público allá donde no le corresponde.

Más que la anulación del cupo de las Vascongadas, lo que deseamos es la restauración y correspondiente dignificación de todo el régimen foral hispánico y de su Monarquía legítima, corolario y garantía plena del mismo.

A vueltas (liberales) con los Fueros

La Vanguardia, periódico barcelonés de máxima difusión nacional, que durante cuarenta años cantó las excelencias del franquismo nos trae hoy una serie de comentarios disparatados que pretenden ser un artículo de actualidad en el que salen malparados el Carlismo y los Fueros.

Resulta asombrosa en primer lugar la frivolidad con que se pretende identificar a UPN con el Carlismo. Lamentablemente algunos sedicentes carlistas han contribuido a esta confusión, pidiendo el voto a UPN (al igual que hacen en el resto de España para el PP) como aceptando cargos políticos de gobierno en Navarra. Si bien es cierto que entre los grupos que concurrieron a formar UPN había carlistas y que buena parte de las bases militantes, votantes e incluso no pocos concejales (especialmente en los pueblos de Navarra con mayor presencia de nacionalismo terrorista) de UPN sí podrían englobarse dentro del carlismo sentimental o vivencial (preferimos dicho término al confuso y pretenciosamente científico de “sociológico”) resulta soez identificar a sus cargos de gobierno y dirigentes actuales con el Carlismo. Si algún antecedente ideológico tienen es el llamado fuerismo liberal, que representó en Navarra Juan Yanguas Iracheta. Con toda la carga contradictoria que eso representa. El fuerismo liberal es una ilusión, un postizo del verdadero fuerismo, que se circunscribe dentro de todo el ente moral de la Tradición Española. Y en esa ambigüedad milita UPN. Pero de tradicionalismo o de carlismo nada de nada.

Los fueros navarros, patrimonio de España, se han conservado tradicionalmente por dos hechos: su fe católica y su valor militar. Navarra signa el Viejo Fuero General sus principios generales “en los del Derecho Natural”, señalando en el Fuero Nuevo que "son contrarios a Fuero no solo las disposiciones que se opongan a las costumbres y leyes de Navarra, sino también todas las que contradigan sus principios generales y las que vulneren la tradición religiosa en las que aquéllas siempre se han fundado". Realeza de Nuestro Señor Jesucristo y Tradición sin las que los Fueros devienen en una ley más del estado autonómico. De hecho el falso régimen foral actual (el de los fueristas liberales) es material y formalmente una Ley Orgánica, otorgada por el poder central con leves reminiscencias de las verdaderas autarquías regionales que se daban cuando las sociedades estaban bien estructuradas y jerarquizadas. No podía ser de otra manera, pues aceptando la Constitución se rompe con la tradición política de las Españas. ¿Cómo conciliar el régimen foral con la omnipresencia de un Estado burocratizado e ideologizado que se inmiscuye hasta en todos los ámbitos de legítima libertad personal y familiar? UPN podría ser una protesta foral, pero ha optado por configurarse en el contubernio caciquil regional de turno. Que no se mezcle la componenda de los liberales navarros y el gobierno cipayo socialista con el sagrado nombre y trayectoria del Carlismo.

NAVARRA LEAL, NAVARRA FORAL

Los Fueros contra los "Países Catalanes"

San Vicente Ferrer en el Compromiso de Caspe

La última ocurrencia en relación al derecho foral ha venido, ni más ni menos, que de ERC a través de un artículo publicado en el diario El País por Josep Huguet, miembro del consejo ejecutivo de dicho partido y consejero de Innovación, Universidades y Empresas (ya no saben como justificar sus puestos) de la Generalitat de Cataluña. El consejero reclamaba un "modelo de financiación foral para los Países Catalanes", aunque señala que con el actual desarrollo estatutario no es posible un régimen de concierto o convenio económico como el que se da con Navarra o los territorios históricos de las Provincias Vascongadas.

La argumentación es innovadora, porque ERC se ha caracterizado por un acendrado espíritu centralista, aunque a la catalana. Pese a la fortaleza del derecho foral catalán apenas han apelado al mismo, ni siquiera como mito movilizador tal cual en ocasiones ha hecho el nacionalismo vasco. En cualquier caso, como en casi todo lo que expresa ese partido, hay altas dosis de demagogia y superficialidad, aunque bien aderezados por la confusión reinante en torno al modelo de financiación de algunos territorios españoles y en general el caos ocasionado por el sistema de financiación autonómica. Empecemos por decir que las haciendas forales poco tienen que ver con los modernos regímenes fiscales confiscatorios, que es lo que pretende ERC, partido socialistizante y totalitario. El problema principal es que la partitocracia desvirtúa el modelo foral, pues ideologiza el gasto público, por lo que no se podría hablar en sentido estricto de modelo económico foral en el actual sistema político.

Sin embargo y aún con esta cautela los restos del antiguo modelo foral lejos de ser un privilegio representa, aún con las contradicciones y carencias actuales, un ejemplo de equidad y responsabilidad en cuanto al gasto público mucho mayor que el despilfarro de la mayoría de las autonomías, que endeudadas por encima de su capacidad acaban generando desequilibrios severos. La aplicación estricta del régimen foral impediría en realidad estos despropósitos. Un ejemplo claro es el caso de Navarra que paga el 1,6 por ciento del PIB cuando representa el 1,4 de la población española, con lo que hace válido el principio de solidaridad de forma más efectiva que cualquier autonomía gobernada por los socialistas.

No obstante con esta propuesta lo que ERC pretende es avanzar en la consolidación de su proyecto separatista y nacionalista, que para que sea viable inevitablemente pasa por el Reinos de Valencia y de Mallorca. La machacona argumentación en torno a la mentira de las balanzas y los déficits fiscales es una tremenda mentira que pretende asegurar la posición del capital catalán mientras mantiene importantes inversiones estatales y el colchón de la hacienda estatal para responder en última instancia de posibles déficits. La restauración del régimen foral requiere gobiernos responsables, no ideologizados, no derrocharores y no confiscadores. Requiere la vigencia del principio de subsidiariedad, de una sociedad viva y una verdadera soberanía social en la que el gasto público sirviese solo para corregir posibles desequilibrios sin ejercer una política arrogante y asfixiante de la iniciativa social. Entonces si seria posible y muy necesaria una hacienda foral para el Principado de Cataluña y otra para el Reino de Valencia. Pero jamás una macroagencia tributaria y confiscatoria del soviet pancatalanista. Que es lo que bajo eufemismos foralistas pretende el consejero Huguet mientras su socio de gobierno anula desde Madrid una recuperación del derecho foral valenciano apelando a los decretos de nueva planta.

520 años de la Jura de los Fueros de Chinchilla de Monte-Aragón por los Reyes Católicos

En agosto del año 1488 los Reyes Católicos juraron los Fueros de Chinchilla de Monte-Aragón, capital de La Mancha Aragonesa y confluencia de los esfuerzos reconquistadores de las hispánicas Coronas de Aragón y de Castilla, junto a las Órdenes de Calatrava y Santiago.

El respeto y veneración por las libertades concretas eran freno al absolutismo y garantía de un poder templado además de una singularización del derecho hispánico que el despotismo primero y especialmente la revolución liberal después terminaron por pisotear, despojando entre otros a las villas, regiones, gremios y corporaciones de un legítimo ámbito de libertades. Esas libertades eran además ejercidas de modo responsable, y conllevaban en contrapartida una serie de obligaciones. Asimismo el fuero posee un carácter dinámico que lo aleja de la arqueología legislativa o el anquilosamiento consuetudinario, aunque se circunscribe siempre dentro del esquema de los principios religiosos y políticos de la Tradición. Lo que se salga de allí, pese a posibles adornos terminológicos, no es sino “plagio”, que diría d´Ors.

Junto a la reivindicación foral este Círculo quisiera hacer patente que en la Tradición se encuentra la actualización y depuración constante de lo mejor de nuestro pasado. En el caso de los Fueros de Chinchilla de Monte-Aragón la decadencia de la Villa vino precisamente con el eclipsamiento de sus Fueros, ya antes de la eclosión del liberalismo, y la creación, con retazos diversos, de un régimen provincial que no termina de representar adecuadamente a nadie. La restauración de un poder católico y legítimo en una sociedad bien jerarquizada es precisamente la garantía del mantenimiento de todas las justicias que el neoliberalismo desconoce.

Círculo Carlista Marqués de Villores