Caciquismo contra Carlismo y Carlismo contra caciquismo. La plaga de los Fabra en el Maestrazgo

Castellón, 31 julio 2012, festividad de San Ignacio de Loyola, confesor. Veinte días después sigue comentándose el exabrupto lanzado en el pleno del Congreso de los Diputados, el pasado día 11 de julio, por la representante del PP Andrea Fabra Fernández. Dicha diputada, como es sabido, gritó «¡Que se j****!» tras anunciar Mariano Rajoy la reducción de las ya miserables prestaciones por desempleo, medida que la señora Fabra aplaudió con entusiasmo. Las explicaciones dadas posteriormente por la diputada (quien se ha negado a dimitir, amparada por su partido), además de no corresponderse con la expresión soez, la vulgaridad y la zafiedad que la señora Fabra ha exhibido, quedan desmentidas por el vídeo del pleno. No dirigía su insulto y su desprecio hacia los diputados socialistas presentes (caso en el cual habría usado la segunda persona del plural, y no la tercera), sino hacia los parados.

http://www.youtube.com/watch?v=7ji9gBZ8CR4&feature=plcp&list=PL4185B91D95659362

El nepotismo es uno de los muchos vicios característicos del sistema liberal, llevados al extremo en el juancarlismo. En el caso de la familia Fabra ejemplifica a la perfección cómo empezó y cómo se perpetuó la selección de los peores para los cargos públicos, y cómo se encarnó en uno de los instrumentos principales de la dominación liberal en España: el caciquismo.

Andrea Fabra está casada con Juan José Güemes Barrios, el que fuera consejero de sanidad deEsperanza Aguirre en la llamada comunidad autónoma de Madrid, famoso por su afición a fotografiarse junto a las máquinas expendedoras de condones que él mismo mandó instalar por todas partes. No es extraño, pues, que Güemes se incorporase al clan Fabra. La historia de éste no empieza con el padre de Andrea, Carlos Fabra Carreras, llamado por algunos «el Stalin de Castellón». Nada menos que seis antepasados directos de Carlos Fabra lo han precedido, bien como presidentes de la Diputación de Castellón desde la creación de ésta por el régimen liberal, bien en cargos y prebendas de importancia similar. El primero de ellos fue su tío-tatarabuelo Victorino Fabra Gil, alias «el Agüelo Pantorrilles». Nacido en Lucena, hijo de unos tejedores, aprovechó sus relaciones con el mundo del contrabando para ejercer de guía de los liberales y, sobre todo, de espía y delator contra la población de la zona, mayoritariamente carlista. Formó en las filas de los sanguinarios terroristas liberales conocidos como Milicia Nacional. Guía y enlace del general y político liberal Leopoldo O'Donnell, Victorino Fabra seguirá incrementando su patrimonio después de la I Guerra Carlista gracias a una sucesión de cargos que el régimen victorioso le proporciona; pero, además, conseguirá estar siempre del lado de las facciones triunfantes en las distintas revoluciones y golpes de estado con que los liberales asolan España durante el siglo XIX. El «Agüelo Pantorrilles» murió en 1893 en su despacho como presidente de la Diputación de Castellón.

Entre «el Agüelo Pantorrilles» y Andrea Fabra, los castellonenses han padecido a los sobrinos de aquél, Hipólito y Victorino Fabra Adelantado; a los hijos de éste, José y Luis Fabra Sanz; al hijo de Luis, Carlos Fabra Andrés; y al hijo de éste y padre de la distinguida Andrea, Carlos Fabra Carreras, «el Stalin de Castellón». Fuese con la Unión Liberal, con el Partido Conservador, con el Partido Liberal Fusionista, con la CEDA, con FET y de las JONS, con la UCD o con el PP; y siempre con sus múltiples negocios, los Fabra han ejercido el control caciquil de la llamada provincia de Castellón, de forma constante durante siglo y medio. Frente a ellos, en su contra y en defensa del Maestrazgo y del Reino de Valencia, durante todo este período sólo se ha alzado constantemente el Carlismo, la Comunión Tradicionalista.

Con semejantes antecedentes no resulta extraño que Carlos Fabra Carreras trate a la provincia de Castellón como su predio particular. El inacabable período que le ha visto como presidente de la diputación provincial (1995-2011) ha presenciado, entre otros abusos, el imparable derroche de dineros públicos y el uso de cargos, designaciones y nombramientos como si de patrimonio familiar se tratase. Nada exclusivo de Castellón, es verdad: el liberalismo, la democracia y el juancarlismo están fundados en la corrupción, son inextricables y necesitan de ella. Pero hay lugares donde esta tragicomedia resulta especialmente llamativa.

La ahora famosa Andrea Fabra Fernández vivía tranquilamente en Madrid con una sinecura de Telefónica (como Iñaki Urdangarín) y sin ocuparse ni preocuparse de los asuntos castellonenses hasta que su padre decidió hacerla senadora por designación territorial (2007) para sorpresa de casi todos. Carlos Fabra Carreras se vio obligado a dimitir el pasado año 2011 debido a los numerosos procesos judiciales en que está encausado (algunos concomitantes con los que implican al mencionadoIñaki Urdangarín y a la esposa de éste, Cristina, hija de Juan Carlos). Simultáneamente renunció a su consejería autonómica en Madrid su yerno, el citado Juan José Güemes, oficialmente para dedicarse a negocios privados.

Además de los abusos de poder, la malversación constante de caudales públicos y el endeudamiento disparatado de las instituciones en pro de proyectos faraónicos, inútiles y costosísimos (como elAeropuerto de Castellón, que aún no ha tenido utilización alguna ni se prevé que la tenga, y que ha costado cerca de doscientos millones de euros, de ellos treinta millones en publicidad y más de trescientos mil en el monumento que Carlos Fabra se ha erigido a sí mismo), el expresidente de la diputación está acusado de numerosos delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, irregularidades y fraudes varios. Ha recurrido a declarar que le tocó la lotería en nueve ocasiones para justificar incrementos en su capital. Y sigue manejando el PP castellonense y valenciano, bajo la complaciente mirada de un Mariano Rajoy Brey que en 2008 calificó públicamente de «ciudadano ejemplar» al «Stalin de Castellón».

Confiamos en que este breve resumen ayude a comprender el desprecio de Andrea Fabra hacia los parados. Ella, criatura de la privilegiada e inútil casta dominante, nunca ha trabajado, pero tampoco ha estado en paro jamás, ni ha sufrido la más mínima privación. En su declaración de bienes aparecen cuatro planes de pensiones (de 1.000 a 31.000 euros), dos préstamos hipotecarios (uno por valor de 1,2 millones de euros, concedido por Bankia, el conglomerado de antiguas cajas de ahorros destruídas por el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato Figaredo; y otro de 541.000 euros de la entidad catalana La Caixa) y varias propiedades en las zonas más caras de Madrid y Castellón.

Como en 1840, pero peor: la verdadera forma de gobierno en España es la de una administración colonial (en nombre de la Unión Europea y del Nuevo Orden Mundial) cuyo nabab es Su Excelencia el Cacique y sus milicias, los partidos políticos. Encabezados por el PPSOE.

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• AA.VV., A los 175 años del Carlismo: una revisión de la tradición política hispánica. Itinerarios, Madrid 2011. Rústica con solapas, 24 x 17 cm. 584 páginas. ISBN 978-84-936787-7-7. Depósito Legal M-42664-2011. P.V.P. 36,00 euros.

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Basta de gobiernos marroquís en España

De entre los diversos grupos que se reparten el poder del gobierno de ocupación de España destaca notablemente el marroquí. Un absoluto desconocido, José Luis Rodríguez Zapatero, en su etapa de jefe de la pseudo-oposición al PP ya mostraba singulares desvelos por ese Estado artificial e innecesario llamado Marruecos. Por aquel entonces en plena crisis con Marruecos, no tuvo el menor empacho en hacerle una visita al sultán marroquí, haciéndose una foto con el sultancito, y un mapa de Marruecos que incluía a las Canarias, los reinos del sur de la Península, Ceuta y Melilla. Significativo fue también el apoyo del PSOE a Marruecos durante la invasión de Perejil. Se valió de su medio oficioso, El País, para publicar artículos de supuestos "expertos" apoyando la tesis de la marroquinidad del islote en cuestión. Desde la llegada al poder del PSOE, como consecuencia del pucherazo mahometano del 11-M (del cual aún es una incógnita el alcance del apoyo marroquí, que en cualquier caso existió y no es descartable que como venganza por la reconquista de Perejil) se ha pasado a una situación de total sometimiento a Marruecos de acuerdo con la máxima "se hará todo lo que Marruecos quiera".

Esta contextualiación es necesaria para abordar la crisis de incierta solución en torno a Aminatu Haidar. Recordemos los hechos que han derivado en dicha crisis:

El Sahara Occidental jamás ha sido parte de ese engendro llamado Marruecos y según la pura legalidad internacional –-a la que dice someterse tanto el Estado artificial de Marruecos como el gobierno de ocupación de España-- obliga a que se mantenga un status jurídico diferente del de la potencia que lo administre o lo ocupe.

Aminatu Haidar quiso entrar en su tierra, el Sahara Occidental, tras recibir en los Estados Unidos un premio de reconocimiento a su lucha pacífica por los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado.

Marruecos le impidió entrar en su tierra y le quitó el pasaporte de la potencia ocupante, Marruecos.

Fue introducida contra su voluntad en una aeronave española. Cuando el Comandante del avión constató que no tenia pasaporte no permitió su entrada en el mismo, pero una "orden superior" del gobierno de ocupación de España obligó al Comandante a embarcarla, contraviniendo la propia legilslación que ellos aprobaron, pisoteando de ese modo el Estado de Derecho.

Desde entonces Aminatu Haidar mantiene una huelga de hambre como protesta por una situación de absoluta ilegalidad, tanto desde el derecho interno como el internacional, pero en el que hay un trasfondo más problemático: la lucha por la dignidad y la libertad del pueblo saharaui, sojuzgado por Marruecos.

Las "soluciones" que el gobierno de ocupación de España ha ofrecido han sido lamentables, y seguramente diseñadas por el grupo marroquí que ostenta el poder en España. Jugando con la frágil salud de Aminatu se le ofreció un salvoconducto por el que fue embarcada de nuevo con dirección a Marruecos, pero en el último instante se le impidió volar. Una maniobra más que evidente para desmoralizarla y debilitar su frágil estado de salud. En esta maniobra una vez más una "orden superior" hizo que la Delegada del Gobierno (de ocupación) en Canarias se impusiera al cumplimiento estricto de la ley, pues el jefe del puesto fronterizo del aeropuerto de Arrecife quiso cumplir la ley solicitando un nuevo salvoconducto para permitir la entrada en el país de Aminatu Haidar. Esta había cruzado la frontera y había salido de España y, por tanto, para volver a entrar necesitaba una nueva autorización. Entonces, el director del gabinete de Moratinos le pidió al agente que estampase el sello de entrada en el salvoconducto, a lo que él se negó porque el documento sólo servía para salir. El agente argumentó que lo más lógico era que Aminatu Haidar se quedase en la zona de tránsito del aeropuerto, que es el lugar donde aguardan los extranjeros que van a ser devueltos a su país porque no tienen la documentación en regla. De esta forma, sería más fácil presionar a Marruecos, ya que la activista no se encontraría en territorio español, sino en una zona internacional. Finalmente, intervino el comisario del aeropuerto de Arrecife que le dijo al jefe del puesto fronterizo que se fuese porque estaba destituido del servicio. Aminatu Haidar volvió así a entrar, muy a su pesar, en territorio español.

Esta crisis merece varias observaciones. La primera es que no es descartable que la misma no haya sido espontánea, sino organizada, aunque seguramente no calculó Marruecos el valor y la determinación de Aminetu Haidar. El régimen de Mohamed VI se asienta en la represión de su pueblo y sobre el majzén, algo más que la corte: toda una red de intereses y corrupción en torno a la pseuomonarquía chapucera alauita. Unas bases ciertamente débiles, pese a la extrema crueldad de las mismas. Por lo que en ocasiones le viene muy bien ensañarse con los aún más débiles (el pueblo saharaui, expoliado y privado de su territorio) para fomentar un artificial nacionalismo. La doctrina oficial de la pseudomonarquía chapucera alauita es la del partido nacionalista Istiqlal, un engendro que vendría a ser algo así como un PNV marroquí, que reivindica el disparate del "Gran Marruecos". Estas concepciones cada día son más débiles y gozan de menor apoyo popular. Primero por la absoluta artificialidad del Estado marroquí. De ello deriva el giro izquierdista del nacionalismo marroquí, que ha ocasionado puntuales distanciamientos con la pseudomonarquía. Y después por el significativo crecimiento de los partidos islamistas radicales, especialmente el Partido de la Justicia y el Desarrollo, que antepondrían la sharia más radical a cualquier consideración estatal. Por más que la pseudomonarquía alauita se asiente sobre ese mismo islamismo radical y de hecho haya impulsado el crecimiento de esos partidos, el llevar hasta las últimas consecuencias esas pretensiones podría acabar imponiendo una república islámica como la de Irán, llevándose por delante a los pseudomonarcas alauitas y todo el majzén. Además el crecimiento de esos partidos irrita a Estados Unidos, que en última instancia es el culpable de la creación del artificial estado de Marruecos y su principal mantenedor. Por tanto estos episodios le vienen muy bien a Marruecos para escenificar una posición de nacionalismo que deje en un segundo plano sus tremendos problemas de estabilidad. Sin embargo si Aminetu persevera en su decisión resquebrajará la alianza de Marruecos con la infracultura progre en su ocupación de España.

Por último hay que tener cautelas en torno a las asociaciones que se dicen de apoyo al pueblo saharaui. Las mismas en su origen nacieron de peninsulares y canarios que habían realizado el servicio militar o habían servido en el ejército o en la administración civil en el Sahara Español (los saharianos). Pero después la progresía (otro de los grupos que se reparte el poder en el gobierno de ocupación de España) las copó y adoptó un nuevo discurso ideologizado "anticolonialista", cuando el Sahara Español para nada era homologable a las aventuras coloniales de las potencias europeas. Y eso a pesar de que su colonización se hizo prácticamente por gobiernos liberales e izquierdistas, muy lejos del afán misionero de la Monarquía Hispánica. Asimismo dichas organizaciones empezaron a organizarse de un modo un tanto extraño, abandonando el carácter de federación nacional con órganos de gobierno comunes y siguiendo de repente las separaciones de las "comunidades autónomas" para organizarse independientemente. Al calor de esta separación han surgido asociaciones que reproducen la organización puramente separatista, como la Koordinadora Otsailak en las Provincias Vascongadas y Navarra (no obstante hubo asociaciones tanto en Vascongadas como en Navarra que rechazaron ese engendro y siguieron trabajando independientemente). En muchas ocasiones bajo estas asociaciones lo que hay son veladas plataformas de apoyo al llamado derecho de autodeterminación de sus respectivas regiones, en lugar de un verdadero apoyo a la dignidad y libertad del pueblo saharaui.

Este gobierno de ocupación de España no puede durar más tiempo. No podemos ser por más tiempos esclavos de los intereses extranjeros. Es hora de derrocarlo.

Adenda: En medio de toda esta tormenta el gobierno de ocupación de España regala a Marruecos 14 millones de euros “dicen” que para reformar su sanidad:

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=150945

Alakrana: vergonzoso punto y seguido.

Los desarrapados piratas mahometanos huyen con el botin. Se lo gastaron en prostitutas y drogas.

Una vez más el débil gobierno de ocupación neomarxista ha hecho el más clamoroso de los ridículos institucionales en el desenlace del secuestro del atunero "Alakrana". La rendición ante las exigencias de unos bandidos tercermundistas absolutamente desalmados --el relato del Patrón del atunero es espeluznante-- que están gastando el dinero del rescate, pagado por todos los españoles, en drogas y prostitutas pone de manifiesto la absoluta inutilidad del gobierno para enfrentarse a grandes crisis en las que se ponen en juego los intereses de toda una nación además de conceptos tan elevados como Justicia y Autoridad absolumente desconocidos y pisoteados por el mismo. Los medios del sistema por otra parte apenas han reparado en el sacrilegio cometido por los piratas mahometanos contra una imagen de la Virgen del Carmen, así como tampoco sobre la actitud del proetarra ayuntamiento de Bermeo, que además de solo ondear en su balcón la ikurriña también cuelga del mismo una bandera en favor de ETA (¿dónde está la deslegitimación institucional del terrorismo de la que hablan Ares y Basagoiti?).

Poco después del desenlace del secuestro ya se han intentado nuevos asaltos a barcos españoles. Las medidas aprobadas por el gobierno amparan intereses bastardos, pero no una preocupación sincera por nuestros barcos. Finalmente, pese a que se aseguró que legalmente no era posible, se apobó el embarque de seguridad privada en los barcos. Y la prestación de servicios de seguridad privada se ha concedido a Segur Ibérica. Dicha empresa de seguridad es participada por destacados miembros del PSOE, entre ellos Carmen Romero mujer del ex presidente Felipe González, aunque actualmente se encuentren separados. Dicha empresa es la encargada de la seguridad de casi todas las sedes del PSOE, entre ellas la nacional de la Calle Ferraz en Madrid así como de casi todos los Ministerios desde la llegada del PSOE al poder. Además también trabaja de modo principal con la Generalitat de Cataluña, en manos del PSOE y ERC. Ha protagonizado además no pocos incumplimientos del Convenio Colectivo de Seguridad Privada y de los derechos laborales de sus trabajadores. A los vigilantes además se les ha dado una formación tremendamente deficiente, de solo 72 horas y ni siquiera se les ha exigido la ha dado la Formación Marítima Básica, que es la habilitación mínima que cualquier persona ha de tener para trabajar en la mar y que ofrece conocimientos esenciales antes de embarcarse. Pese a ello los vigilantes han hecho valer de momento su experiencia previa en la Infantería de Marina española o ante situaciones muy difíciles como la escolta en Vascongadas y Navarra para repeler ya tres ataques contra pesqueros vascongados.

La Audiencia Nacional finalmente volverá a dejar sin juzgar a los piratas capturados, malogrando la labor realizada por las Fuerzas Armadas con su detención. Las presiones políticas han impedido se aplique la Ley sobre los piratas que establecia la posibilidad de juzgarlos en España, tal como pedia la Fiscalía.

A los piratas, desde las primeras navegaciones humanas, se les toma o se les hunde. Unos pacifistas de pacotilla no pueden acabar con este multisecular derecho consuetudinario y tradicional que es la ley del mar. Ni se negocia con ellos ni se anda con miramientos. Cuando los piratas ganan, España pierde, y viceversa. La rendición nacional se está celebrando como una gran victoria, no sólo por la vergonzosa exhibición de un Gobierno rendido, sino por una oposición degradada y unos medios de comunicación moralmente envilecidos. Todos celebran la victoria pirata y la derrota española. Lo malo es que la catastrófica gestión política, militar y diplomática del caso Alakrana, que ha culminado con el titular, España se rinde ante los piratas, no es el punto final. Tras la humillación española, la guerra continúa, porque los piratas –por definición situados en frente y fuera de todo derecho y toda ley–, siguen atacando.

La corrupción como signo del sistema demoliberal (II)

En la anterior Bitácora Montejurra ofrecimos en enero del año 2006 una aproximación al fenómeno de la falsa representación de la democracia liberal y sus relaciones con la corrupción. El actual artículo, al hilo de los últimos escándalos de corrupción, viene a completar lo señalado en su día sobre la devastación que el derecho nuevo ha realizado sobre las firmes y justas instituciones del derecho tradicional hispánico.

La corrupción como signo del sistema demoliberal (II)

La tan celebrada por los políticos del Sistema Constitución de 1812 estableció entre sus múltiples y nefastas novedades la abolición del juicio de residencia (o purga de taula según la tradición de la Corona de Aragón) y del mandato imperativo. Se acababa así como una institución secular del derecho hispánico (en toda su amplitud, pues se aplicó tanto en la nueva como en la vieja España), que suponía una garantía de justicia en la administración de las potestades públicas. La Constitución de 1812 y todas las que la han continuado (con razón la actual de 1978 se proclama heredera de la misma) abrieron además la puerta a la proliferación de agentes y cargos públicos, que a la larga han generado una administración hipertrofiada e hiperburocrátizada, con desplazamiento de los cuerpos intermedios y asunción por parte del Estado de tareas que no le correspondian. Al margen de la valoración, obviamente negativa, que produce esta multiplicación de los cargos públicos la lógica más elemental aconsejaría el mantenimiento de las instituciones de control y fiscalización de la actividad pública. Pero para el sistema demoliberal fue al revés, cuanto más crecía la administración paralelamente menos controles se establecían sobre la misma. Por lo que obviamente la corrupción terminaba signando este modo de organizar lo público.

Esta corrupción generalizada afecta a todos los partidos demoliberales (es decir, todos los del actual arco parlamentario). La corrupción hoy en día es una característica esencial más del sistema demoliberal, articulado en torno a una representación bastardizada por los partidos políticos, sumisos a la exigencias de la finanza, la sinarquía y la mediocracia (retroalimentándose todos). Cuando sale a la luz algún caso de corrupción no es más que un arma política con la que desgastar al rival, pero no hay voluntad de acabar con ella ni de llegar al fondo de todos los asuntos (recordemos a título de ejemplo la inhibición de la Fiscalía ante el célebre caso del "3%" de comisiones exigido por la Generalitat catalana en el periodo de CiU, comisión que es muy posible que siga manteniendo el actual tripartito nacionalsocialista). Al problema de la corrupción se une el problema de la representatividad. Se prohibe el mandato imperativo, impidiendo un control efectivo por parte de los electores y es el partido quien aleatoriamente quita y pone el candidato.

Frente a la opacidad de la actual gestión pública no hay nada que inventar, pese a la nefasta mentalidad revolucionaria que esclava de continuas innovaciones que no aportan ningún remedio efectivo. La Tradición nuevamente es la solución, en ella encontramos instituciones que funcionaron eficazmente durante siglos y que si Dios quiere volverán a funcionar.

174 Juicios de residencia
Al abandonar la cartera ministerial - y al igual que todos los demás funcionarios públicos de la administración nacional, regional o local - cada ministro debe estar sometido a un juicio de residencia. En el caso de los ministros, el tribunal residenciador debe estar compuesto por cuatro magistrados seleccionados por sorteo y presididos por el presidente del Tribunal o Consejo Supremo de Justicia. Correlativamente, para los funcionarios de inferior rango los tribunales residenciadores se formarán con miembros de los proporcionales escalones inferiores de la escala judicial, a tenor de la importancia de sus puestos.
Los juicios de residencia deber n durar al menos tres meses, y durante dicho plazo el funcionario residenciado no podrá ausentarse del país ni disponer de sus bienes, para que éstos respondan eventualmente del resarcimiento de los daños y perjuicios causados durante el período de su actuación oficial.

¿QUE ES EL CARLISMO? (1971)

Edición cuidada por Francisco Elías de Tejada y Spínola, Rafael Gambra Ciudad y Francisco Puy Muñoz.
Centro de Estudios Históricos y Políticos "General Zumalacárregui"Escélicer, Madrid, 1971


LA APORIA DE LA REPRESENTATIVIDAD EN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO, LA CORRUPCIÓN COMO SIGNO DEL SISTEMA DEMOLIBERAL
Publicado en la Bitácora Montejurra en enero del 2006

La modernidad jurídico-política inauguró un sistema de representación inorgánico a través del mecanismo de los partidos políticos y el establecimiento del constitucionalismo. Los representantes de los ciudadanos –nueva categoría política que nace al calor de la revolución- lo son de “toda la nación” y por ello se prohíbe el mandato imperativo para los miembros de las Cortes Generales (en nuestra constitución del 78 lo está por el art. 67.2). El profesor Garronera Morales realiza una síntesis explicativa de la representación inorgánica liberal: "Los teóricos liberales y los revolucionarios que ponen en práctica aquellas doctrinas convierten la supresión del mandato imperativo en auténtico banderín de enganche de los nuevos tiempos. La explicación es lógica. Ya no hay un mero agregado de delegados inconexos. Ha surgido un nuevo sujeto: la Nación y es ésta quien, como titular de la soberanía dicta la verdadera voluntad del Estado. Siendo así, no hay una voluntad previa preconstituida o preexistente a la propia de la Nación. Los representantes con su debate, deliberación y votación, contribuyen a configurar la voluntad nacional, pero no en función de los concretos intereses de sus electores y, menos aún, en calidad de mandatarios, sino como miembros del Parlamento Nacional, auténtica expresión de la nueva soberanía. La consecuencia lógica no se hace esperar: La prohibición del mandato imperativo va acompañada de la configuración de los votantes como cuerpo electoral cuya tarea es elegir a la Cámara pero cuya voluntad no puede predeterminar en modo alguno la libre voluntad del representante. Aún más, la firme convicción del liberalismo de que el libre debate en el Parlamento es la conditio sine qua non para la adopción de una decisión coherente con el interés nacional exige la más absoluta libertad del representante, que en modo alguno puede verse coartada por aprioris o mandatos esencialmente perturbadores". Representación política y constitución democrática : (hacia una revisión crítica de la teoría de la representación) Civitas 1991.

Esta construcción argumentativa viene viciada por la propia filosofía del modelo político. Y la práctica se encarga de ponerlo continuamente de manifiesto. En primer lugar resulta contradictorio que alguien elegido por un partido con unos esquemas ideológicos determinados pueda arrogarse la representatividad de toda la nación (en su sentido político y polémico) y de los intereses de la misma (pues la ideología fragmenta el todo). Por ello el legislador liberal ha arbitrado diversos mecanismos para hacer valer la independencia del diputado por encima de la disciplina partidista, pero nos encontramos con una nueva aporía, pues el sistema electoral español (excepto en el Senado, cámara alta anecdótica y sin apenas capacidad legislativa o de control) es de listas cerradas, y el elector por tanto vota a una opción ideológica, no a una persona concreta. Resulta aún más paradójico el hecho de que se les atribuya a los diputados el ser representantes de la nación cuando muchos de ellos no ocultan su voluntad secesionista y contra la existencia de la propia nación. Son los partidos quienes seleccionan y presentan a los candidatos, quienes los representan ante la autoridad electoral, quienes financian las campañas electorales y, también, quienes deciden el relevante dato del orden de las listas, aspecto trascendente cuando el sistema electoral es, (como el español) cerrado y bloqueado.

En el régimen político de la Monarquía Tradicional se partía de una noción mucho más auténtica que la artificiosa representación liberal. Del carácter social del hombre y de la inevitable existencia de intereses encontrados en la sociedad se derivaba la necesidad de representación genuina y lo que es más importante: sujeción a lo mandado y mecanismos de responsabilidad ágiles, con lo cual quedaba conjurado todo peligro de manipulación arbitraria. Asimismo la auténtica transparencia en la gestión pública quedaba salvaguardada con la institución del Juicio de Residencia, institución que alcanza su máximo esplendor en la custodia del buen gobierno de las Españas de Ultramar. Siguiendo el manifiesto de la Festividad de los Santos Reyes de 1932 de SMC Alfonso Carlos I: “Cortes verdaderamente españolas, ligadas en los casos trascendentales por el mandato imperativo de sus electores, dignas sucesoras de aquellas gloriosas Cortes de los antiguos reinos, aunque acomodadas también, en lo que fuere preciso, a las exigencias harto complejas de los tiempos modernos, y no Parlamentos estériles, donde triunfa la garrulería y el escándalo; ni diputados que apenas conozcan sus distritos, como no sea para someterlos al yugo de sus caciquismos electorales. La Monarquía que yo proclamé debe ser Monarquía de verdaderas repúblicas, es decir, de Municipios libres verdaderamente, tales como España los concibió durante dilatados siglos de su Historia; baluarte inexpugnable de las libertades públicas y honrado ejemplo de escrupulosa administración”.
Además el partido político plantea aún más problemas. En tanto que no es una unidad natural que represente intereses concretos, sino una creación ideológica, lo que resulta ya suficientemente expresivo, “pues es la mentalidad ideológica, producto de la fragmentación del orden ontológico, la que ha portado a la razón moderna a un constructivismo negador del orden natural” (1). Estas unidades artificiales al no poder autofinanciarse por no dar lugar a una actividad productiva que justifique su incardinación social acuden como hemos visto recientemente a las irregularidades en el gobierno y a la obtención de créditos multimillonarios por la banca, que luego se pagan en razón de favores estrictamente políticos. Asimismo en este ámbito también entra la compra de los medios de comunicación con la consiguiente manipulación de la información en las sociedades postmodernas. Con lo cual se teje un triangulo vicioso entre la partitocracia, la mediocracia y la plutocracia alentado por el fundamento ideológico de la democracia liberal, que es la libertad de conciencia y religiosa.

En este contexto de crisis de representatividad actual voces representativas de paradigmas intelectuales dispares como Salvador de Madariaga o Gonzalo Fernández de la Mora han abogado por una suerte de corporativismo diferente de la opción del fascismo de entreguerras y de determinados regímenes autoritarios de postguerra. Es un intento de respuesta a un problema estructural de la democracia, que en su versión orgánica intenta una aproximación a la representación tradicional, pero con la que subsinten determinadas diferencias. Se trata de introducir una corrección a las imperfecciones y contradicciones de la representación partidista, que tampoco han podido ser colmadas con los instrumentos de democracia directa o semidirecta. Cuando se asientan las democracias representativas las mismas se guardan, paradojicamente, contra estos instrumentos directos, estableciendo determinadas cláusulas de intangibilidad en el conocimiento de asuntos y no concediendo carácter vinculante a los mismos. Al margen de regulaciones positivas podemos constatar por la vía de los hechos como una suerte de neocorporativismo con la forma genérica de lobbys extraparlamentarios guían cada vez más la agenda de los gobiernos. La alegalidad de los mismos determinan situaciones complejas, más allá de una supuesta vuelta a la sociedad civil. Los poderes son cada vez más ocultos y los mecanismos del poder cada vez se hacen más difícil de determinar pese a los formalismos jurídicos.

Por el contrario el fundamento del derecho tradicional —analiza hoy Elio A. Gallego— “descansa en el modo propio en que hemos sido creados y de lo que nos es debido para nuestra perfección (2)”. El mandato imperativo como sujeción a los intereses de los diversos componentes de una sociedad, la unidad de poder y mando en la monarquía hereditaria que evitaba las luchas por el poder y aseguraba la encarnación del mismo (frente a la actualidad en la que se puede hablar con razón sinarquía y poderes ocultos en la toma de la mayoría de las decisiones) evitando las conspiraciones y luchas internas, dotando de libertades concretas a los organismos que constituyen la sociedad, y limitando el poder del Rey a través del orden ético custodiado por la Iglesia y por las Cortes auténticamente representativas y las zonas de inmunidad de actuación de la potestad regia. Con un poder encarnado y personalizado en el Monarca frente a la indeterminación de las estructuras de poder sinárquicas modernas. Estos son los fundamentos del orden social cristiano, que definiera San Pío X en “Notre Charge Apostolique,” de 1910: “No, Venerables Hermanos —preciso es recordarlo enérgicamente en estos tiempos de anarquía social e intelectual en que todos sientan plaza de doctores y legisladores—, no se edificará la ciudad de modo distinto de como Dios la edificó; no se edificará la sociedad si la Iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos; no, la civilización no está por inventar ni la ciudad nueva por edificar en las nubes. Ha existido y existe: es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata más que de restablecerla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos contra los ataques, siempre renovados, de la utopía malsana, de la rebeldía y la impiedad. Omnia instaurare in Christo”.


(1) Actas de la XLI Reunión de amigos de la Ciudad Católica. “La ideología contra la verdad”. Barcelona, noviembre de 2003.
(2) “Tradición jurídica y derecho subjetivo”, Madrid, ed. Dykinson, 1996, p.47

El inmoral latrocinio de la subida de impuestos

El Estado del despilfarro necesita dinero. Y lo roba a los españoles. Necesita dinero para sus campañas a favor de la píldora abortiva, para la financiación de la memoria histórica, para retirar los crucifijos de las escuelas y lugares públicos, para regalarlo (¿evasión de capitales?) a las asociaciones de homosexuales de Zimbawe y en general para todo el cúmulo de disparatadas políticas públicas intervencionistas y entrometidas, multiplicando cargos públicos y nombramientos a dedo para introducir su pseudomoral progre en cualquier ámbito de nuestras vidas. Imponiendo la revolución cultural mediante la sustracción del dinero de los españoles. Manteniendo todas las innecesarias instituciones que van desde la jefatura del Estado al último enchufado de la última subdirección general. Multiplicando artificiosamente la carga burocrática a través de las concurrencia competencial entre diversas administraciones (europeas, estatales y autonómicas) que eternizan los trámites y que en muchas ocasiones, sobre todo en el ámbito autonómico no sirven absolutamente para nada pues no son más que las meras justificaciones de los falsos hechos diferenciales consagrados en los estatutos de autonomía para dividir a los españoles. Curiosamente los únicos ámbitos que dejan desguarnecidos son los que con mayor naturalidad debe cubrir el poder público, como la defensa con la práctica desmantelación de nuestras Fuerzas Armadas. También la diplomacia, pues han ocasionado que España carezca de cualquier atisbo de política exterior efectiva y es simple correa de transmisión de las estrategias mundialistas con compadreos neomarxistas. Del orden público más de lo mismo, con la inseguridad adueñandose de las calles.

Ahora anuncian un nuevo robo que afectará a los más pobres y a las familias, sobre las que recae el grueso del consumo. La crisis económica en que nos encontramos ha sido provocada por una especulación financiera alentada desde los poderes públicos como coartada justificadora de grandes índices de crecimiento macroeconómico pero sin justicia social. En última instancia ha tenido que ser nuevamente el Estado el que salvase a la banca de su caída, mediante el sacrificio fiscal de los españoles, como si no tuviesemos suficiente con su usura y cláusulas abusivas. En esta crisis, para mantener el actual índice de despilfarro y de gasto estúpido la ignorante ministro de cuota de Economía ha optado por el mecanismo más sangrante: la subida general de impuestos. Además gravando especialmente el consumo al margen de la capacidad económica, con lo que las rentas del trabajo serán las más afectadas. Pero el efecto será opuesto al buscado (cubrir 80.000 millones de euros del déficit del Estado), y hasta el más lerdo lo entiende: a más impuestos sobre el consumo menor consumo, y más ahora en una sociedad ultrahipotecada. Lo que provocará más cierres de empresas y más paro, con lo que el déficit seguirá aumentando. Sin embargo en mucho habrá avanzado ya la obra de destrucción y manipulación de este nefasto (des)gobierno.

Frente al inmenso e inmoral latrocinio del "Estado Servil" que anunciase Belloc, en el que el capitalismo especulador se une a un poder público derrochador e improductivo (para imponer además --lo que lo hace aún más inmoral-- una visión de la realidad ideológica, totalitaria y distorsionada) restauremos el orden social católico. Restituyamos a la sociedad lo robado por el Estado burocrático y derrochador. Restauremos el gobierno legítimo que asegure el Bien Común y la Justicia.