Caciquismo contra Carlismo y Carlismo contra caciquismo. La plaga de los Fabra en el Maestrazgo

Castellón, 31 julio 2012, festividad de San Ignacio de Loyola, confesor. Veinte días después sigue comentándose el exabrupto lanzado en el pleno del Congreso de los Diputados, el pasado día 11 de julio, por la representante del PP Andrea Fabra Fernández. Dicha diputada, como es sabido, gritó «¡Que se j****!» tras anunciar Mariano Rajoy la reducción de las ya miserables prestaciones por desempleo, medida que la señora Fabra aplaudió con entusiasmo. Las explicaciones dadas posteriormente por la diputada (quien se ha negado a dimitir, amparada por su partido), además de no corresponderse con la expresión soez, la vulgaridad y la zafiedad que la señora Fabra ha exhibido, quedan desmentidas por el vídeo del pleno. No dirigía su insulto y su desprecio hacia los diputados socialistas presentes (caso en el cual habría usado la segunda persona del plural, y no la tercera), sino hacia los parados.

http://www.youtube.com/watch?v=7ji9gBZ8CR4&feature=plcp&list=PL4185B91D95659362

El nepotismo es uno de los muchos vicios característicos del sistema liberal, llevados al extremo en el juancarlismo. En el caso de la familia Fabra ejemplifica a la perfección cómo empezó y cómo se perpetuó la selección de los peores para los cargos públicos, y cómo se encarnó en uno de los instrumentos principales de la dominación liberal en España: el caciquismo.

Andrea Fabra está casada con Juan José Güemes Barrios, el que fuera consejero de sanidad deEsperanza Aguirre en la llamada comunidad autónoma de Madrid, famoso por su afición a fotografiarse junto a las máquinas expendedoras de condones que él mismo mandó instalar por todas partes. No es extraño, pues, que Güemes se incorporase al clan Fabra. La historia de éste no empieza con el padre de Andrea, Carlos Fabra Carreras, llamado por algunos «el Stalin de Castellón». Nada menos que seis antepasados directos de Carlos Fabra lo han precedido, bien como presidentes de la Diputación de Castellón desde la creación de ésta por el régimen liberal, bien en cargos y prebendas de importancia similar. El primero de ellos fue su tío-tatarabuelo Victorino Fabra Gil, alias «el Agüelo Pantorrilles». Nacido en Lucena, hijo de unos tejedores, aprovechó sus relaciones con el mundo del contrabando para ejercer de guía de los liberales y, sobre todo, de espía y delator contra la población de la zona, mayoritariamente carlista. Formó en las filas de los sanguinarios terroristas liberales conocidos como Milicia Nacional. Guía y enlace del general y político liberal Leopoldo O'Donnell, Victorino Fabra seguirá incrementando su patrimonio después de la I Guerra Carlista gracias a una sucesión de cargos que el régimen victorioso le proporciona; pero, además, conseguirá estar siempre del lado de las facciones triunfantes en las distintas revoluciones y golpes de estado con que los liberales asolan España durante el siglo XIX. El «Agüelo Pantorrilles» murió en 1893 en su despacho como presidente de la Diputación de Castellón.

Entre «el Agüelo Pantorrilles» y Andrea Fabra, los castellonenses han padecido a los sobrinos de aquél, Hipólito y Victorino Fabra Adelantado; a los hijos de éste, José y Luis Fabra Sanz; al hijo de Luis, Carlos Fabra Andrés; y al hijo de éste y padre de la distinguida Andrea, Carlos Fabra Carreras, «el Stalin de Castellón». Fuese con la Unión Liberal, con el Partido Conservador, con el Partido Liberal Fusionista, con la CEDA, con FET y de las JONS, con la UCD o con el PP; y siempre con sus múltiples negocios, los Fabra han ejercido el control caciquil de la llamada provincia de Castellón, de forma constante durante siglo y medio. Frente a ellos, en su contra y en defensa del Maestrazgo y del Reino de Valencia, durante todo este período sólo se ha alzado constantemente el Carlismo, la Comunión Tradicionalista.

Con semejantes antecedentes no resulta extraño que Carlos Fabra Carreras trate a la provincia de Castellón como su predio particular. El inacabable período que le ha visto como presidente de la diputación provincial (1995-2011) ha presenciado, entre otros abusos, el imparable derroche de dineros públicos y el uso de cargos, designaciones y nombramientos como si de patrimonio familiar se tratase. Nada exclusivo de Castellón, es verdad: el liberalismo, la democracia y el juancarlismo están fundados en la corrupción, son inextricables y necesitan de ella. Pero hay lugares donde esta tragicomedia resulta especialmente llamativa.

La ahora famosa Andrea Fabra Fernández vivía tranquilamente en Madrid con una sinecura de Telefónica (como Iñaki Urdangarín) y sin ocuparse ni preocuparse de los asuntos castellonenses hasta que su padre decidió hacerla senadora por designación territorial (2007) para sorpresa de casi todos. Carlos Fabra Carreras se vio obligado a dimitir el pasado año 2011 debido a los numerosos procesos judiciales en que está encausado (algunos concomitantes con los que implican al mencionadoIñaki Urdangarín y a la esposa de éste, Cristina, hija de Juan Carlos). Simultáneamente renunció a su consejería autonómica en Madrid su yerno, el citado Juan José Güemes, oficialmente para dedicarse a negocios privados.

Además de los abusos de poder, la malversación constante de caudales públicos y el endeudamiento disparatado de las instituciones en pro de proyectos faraónicos, inútiles y costosísimos (como elAeropuerto de Castellón, que aún no ha tenido utilización alguna ni se prevé que la tenga, y que ha costado cerca de doscientos millones de euros, de ellos treinta millones en publicidad y más de trescientos mil en el monumento que Carlos Fabra se ha erigido a sí mismo), el expresidente de la diputación está acusado de numerosos delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, irregularidades y fraudes varios. Ha recurrido a declarar que le tocó la lotería en nueve ocasiones para justificar incrementos en su capital. Y sigue manejando el PP castellonense y valenciano, bajo la complaciente mirada de un Mariano Rajoy Brey que en 2008 calificó públicamente de «ciudadano ejemplar» al «Stalin de Castellón».

Confiamos en que este breve resumen ayude a comprender el desprecio de Andrea Fabra hacia los parados. Ella, criatura de la privilegiada e inútil casta dominante, nunca ha trabajado, pero tampoco ha estado en paro jamás, ni ha sufrido la más mínima privación. En su declaración de bienes aparecen cuatro planes de pensiones (de 1.000 a 31.000 euros), dos préstamos hipotecarios (uno por valor de 1,2 millones de euros, concedido por Bankia, el conglomerado de antiguas cajas de ahorros destruídas por el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato Figaredo; y otro de 541.000 euros de la entidad catalana La Caixa) y varias propiedades en las zonas más caras de Madrid y Castellón.

Como en 1840, pero peor: la verdadera forma de gobierno en España es la de una administración colonial (en nombre de la Unión Europea y del Nuevo Orden Mundial) cuyo nabab es Su Excelencia el Cacique y sus milicias, los partidos políticos. Encabezados por el PPSOE.

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• AA.VV., A los 175 años del Carlismo: una revisión de la tradición política hispánica. Itinerarios, Madrid 2011. Rústica con solapas, 24 x 17 cm. 584 páginas. ISBN 978-84-936787-7-7. Depósito Legal M-42664-2011. P.V.P. 36,00 euros.

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La mentira del sufragio en la partitocracia

Para que no decidan por ti hay que acabar con el sistema

Agencia FARO. Madrid, 2 abril 2010. Reproducimos y glosamos una noticia del diario El País.


PSOE y PP negocian que los emigrantes sólo puedan votar para el Senado
El acuerdo supondría vetar a 1,3 millones de españoles el sufragio en las elecciones municipales, autonómicas y para el Congreso de los Diputados
FERNANDO GAREA

El PSOE y el PP negocian un pacto para que los emigrantes que forman parte del CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) sólo puedan votar en las elecciones para el Senado . El acuerdo, que está muy avanzado en la subcomisión parlamentaria sobre la reforma de la Ley Electoral, supondría que 1,3 millones de emigrantes españoles residentes en todo el mundo dejasen de votar en elecciones municipales, autonómicas y para el Congreso de los Diputados.

La fórmula pactada, que está ya casi cerrada, pasa por crear una circunscripción específica en el Senado para estos votantes. Es decir, que habría senadores electos por cada provincia, más los correspondientes a una circunscripción exterior, más los designados por las comunidades. El proceso electoral se llevaría a cabo mediante votación presencial en los consulados para evitar fraudes. Los emigrantes votarían en urna en los días previos a la jornada electoral, y las papeletas serían remitidas después a España por valija diplomática.

Los dos partidos están convencidos de que es preciso revisar la actual situación, en la que el color político de un Ayuntamiento o un escaño del Congreso pueden ser decididos por el voto de ciudadanos que nunca han residido ni residirán en ese municipio o circunscripción electoral.

La situación será aún más significativa en sucesivos procesos electorales cuando se aplique la Ley de Memoria Histórica, que prevé que puedan recibir la nacionalidad española los nietos de españoles. En este momento el número de solicitudes para lograr el pasaporte rondan las 300.000, según los datos manejados por los partidos.

La base legal en la que PSOE y PP se apoyan es el artículo 68 de la Constitución, que establece que "la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España". La expresión "se encuentren" era interpretada hasta ahora de forma amplia, pero los partidos quieren equipararla a "residencia". Es decir, que si no hay residencia en las respectivas circunscripciones, no debe haber derecho a voto en todas las citas electorales. Se acepta que los emigrantes puedan votar en los referendos, pero queda en el aire si podrán hacerlo en los comicios europeos.

La reforma de la ley electoral que negocian los dos grandes partidos supone exigir residencia efectiva para votar en las municipales. Para las autonómicas se aplicaría la definición de los nuevos estatutos sobre los ciudadanos de las comunidades como los que tienen residencia en su territorio.

Otra de las medidas que incluiría el acuerdo consiste en endurecer los requisitos exigibles para presentar candidaturas. En este momento es reconocido que hay candidaturas que se presentan casi con el único fin de disfrutar de beneficios como el acceso al censo, la posibilidad de contar de forma automática con espacios gratuitos de publicidad o las subvenciones para el mailing electoral. Por eso los dos partidos mayoritarios trabajan con fórmulas como exigir un número mínimo de firmas para avalar las candidaturas, o una fianza que disuada a las que no tengan apoyos previos.

Actualmente, la ley electoral ya exige a las agrupaciones electorales un número de firmas de aval que resulta disuasorio. Pero los dos grandes partidos prevén extender esta exigencia a todas las candidaturas.

Entre los flecos que quedan por cerrar está la petición insistente del PP para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada. Los nacionalistas no lo ven con malos ojos, pero el PSOE lo rechaza, y eso que los populares han elevado hasta el 42% del voto el límite exigido para que gobierne automáticamente la lista más votada.

Los dos partidos están también de acuerdo en medidas referidas a las campañas electorales; por ejemplo, que las televisiones privadas estén obligadas a emitir espacios gratuitos de publicidad electoral como hacen las cadenas públicas.

También hay acuerdo para crear un consejo permanente que se encargue de establecer unas normas fijas para los debates electorales, evitando así tener que pactarlos cada vez.

Inicialmente, PSOE y PP se inclinaban por eliminar la actual limitación legal de no publicar encuestas la última semana de campaña, y barajaron la posibilidad de permitirlas hasta la misma jornada de reflexión. No obstante, es probable que fijen el límite en el lunes previo al domingo electoral.

Los dos partidos tienen previsto cerrar el acuerdo durante el mes de abril, cuando culmine el mandato de la subcomisión. Sin embargo, la iniciativa para cambiar la Ley de Partidos y la Ley Electoral con el fin de obligar a la izquierda abertzale a condenar el terrorismo podría modificar ese calendario, de forma que se tramitase toda la reforma legal de forma conjunta.

Los partidos nacionalistas apoyan casi todas las modificaciones previstas, aunque la negociación se lleva casi de forma bilateral entre PSOE y PP. De los acuerdos globales quedarán excluidos Izquierda Unida y UPyD.

El diputado Gaspar Llamazares, principal defensor de la reforma de la Ley Electoral, lamenta que el acuerdo haya acabado con la posibilidad de cambiar el sistema para evitar que su formación sea discriminada en la atribución de escaños. El diputado de IU es crítico con la negociación, que, en su opinión, busca perpetuar el bipartidismo.

Muchos votantes con poder relativo

•El censo electoral se compone de los españoles que residen en España y los españoles en el extranjero. Éstos forman el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), y su registro se realiza y se actualiza en las oficinas consulares. Desde sus países de residencia votan por correo en todos los procesos electorales.
•El CERA a 1 de enero de 2010 incluye a 1.312.646 personas. Las provincias con mayor número de votantes residentes en el extranjero son Madrid (163.374), A Coruña (122.461), Pontevedra (102.001), Barcelona (96.599) y Ourense (77.658).
•El voto de los residentes ausentes puede cambiar algún diputado en elecciones generales y autonómicas, lo que tiene poca influencia en el Congreso y algo más en parlamentos regionales. Sí es clave en las municipales en lugares como Galicia o Canarias. Algunos municipios gallegos tienen un 50% de votantes no residentes.
•En las últimas elecciones gallegas, en 2009, el voto de los emigrantes suponía el 12% del censo. El PSdeG consiguió arrebatar un diputado al PP en Ourense gracias a los votos del exterior, aunque no le sirvió para mantener el Gobierno.
•En las elecciones generales de 2008, los emigrantes cambiaron de signo un diputado por Barcelona, que pasó del PP a CiU por poco más de 200 votos, y un senador por Tenerife, que pasó de Coalición Canaria al PP.


¿Otra vuelta de tuerca para apuntalar a los dos partidos idénticos que en España representan la farsa electoral del sistema? Desde la recta final (unos pocos años antes de la muerte del General Franco) de la llamada Transición, se planificó la implantación de unos partidos políticos sin presencia ni apoyo entre los españoles. Los preparativos pasaron por la imposición de una sucesión absolutamente impopular e indefendible en la Jefatura del Estado (la de Juan Carlos); la eliminación, domesticación o sabotaje de aquellos grupos que, aun en situación de semiclandestinidad, sí gozaban de militancia y apoyos (como el Partido Comunista y la Comunión Tradicionalista, por citar a los más distintos y a la vez a los más representativos); por la promoción de nuevos "líderes" artificiales (como Felipe González Márquez); por la gradual entrega de los medios de información a unos pocos grupos comprometidos con la citada Transición; por la financiación masiva de los nuevos partidos.

Vino después una normativa electoral, a la que alude la noticia reproducida de El País, pensada para favorecer exclusivamente a los partidos políticos y dificultar hasta lo casi imposible la presentación de candidatos y agrupaciones independientes, incluso en las elecciones municipales. A lo que se añadió el sistema de listas cerradas y bloqueadas, en manos de los profesionales de los nuevos partidos políticos. En los últimos años, hemos asistido no sólo a la promulgación de normativas electorales autonómicas, sectarias y discriminatorias, sino a la imposición feminista de la llamada paridad en las listas electorales (asuntos de los que FARO se ha ocupado en ocasiones anteriores). Con todo ello, la proclamada libertad del liberalismo democrático ha quedado reducida a la imposición totalitaria más descarada.

Sin embargo, llama la atención que este pacto del Partido Popular con el Partido Socialista pretenda, por una parte, reducir el voto --cuyo ejercicio además se dificulta-- de los españoles dispersos por el mundo a la elección de unos pocos escaños en el Senado, cámara casi completamente inútil. Si puede defenderse que quienes no residan en un municipio no voten en las elecciones locales, en cambio no se puede sostener que no se vote al Congreso de los Diputados, cámara que concentra, técnicamente, todo el poder de esta dictadura democrática. Ni que se les pueda negar el sufragio en las elecciones autonómicas, cuando las disparatadas comunidades autónomas creadas en 1978 son de hecho mini estados nacionales.

Para algunas comunidades autónomas muy representativas, tanto el PSOE como el PP cosechan, a costa de gastar muchos millones del dinero de los contribuyentes, miles de votos en la diáspora americana, y no pocos en la europea. Es el caso de las organizadas comunidades asturianas y gallegas en el exterior, por ejemplo. Cabe, pues, la sospecha de que el Partido Popular pacte estas reformas porque necesite apuntalarse, dado el creciente descontento de parte de su electorado habitual, que poco a poco va dándose cuenta de que el PP es el Partido Socialista bis; y de que el Partido Socialista crea poder compensar su pérdida de votos del exterior con los votos de los inmigrantes, especialmente de los mahometanos, cuya invasión de España con tanto ahínco fomenta. Aunque en algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, el voto inmigrante prefiere al PP, que compite con el PSOE en estimular la desaparición demográfica de España.

Permítasenos un cierre de tono agresivo, pero no por ello menos verdadero. Si el sufragio electoral es, en inmortal cita de Félix Sardá y Salvany, mentira universal, ¿qué habremos de decir cuando se niega a los españoles y se concede a los moros?

Sobre las mentiras de la representatividad liberal:

http://montejurralealtad.blogspot.com/2009/10/la-corrupcion-como-signo-del-sistema.html

El liberalismo contra los pueblos. Del navarrismo al necionalismo.

Nos hemos ocupado reiteradas veces de la situación política del Reino de Navarra, tanto porque nos han llegado las oportunas colaboraciones como porque la singularidad de su régimen político, sin ser plenamente foral, aún custodia algunas singularidades del derecho tradicional que hacen que su alteración preocupe a todos los que luchamos por las Españas. Hemos tratado de la traición de UPN a los principios que dicen inspirarla, la defensa de Navarra, y que son la base del sustrato sociológico mayoritario en el Viejo Reyno. En estas continuas ceremonias de confusión el cercano quinto centenario de la victoria de los beamonteses está dando lugar a las más disparatadas dialécticas, como ya pasó hace un siglo. En aquel entonces fue el carlista Víctor Pradera Larumbe, el encargado de enmendar la confusión. En la actualidad además ha irrumpido un elemento nuevo: el nacionalismo sabiniano, especialmente en su versión marxista, posee más fuerza que hace un siglo. Y curiosamente, los que se supone que deben defender Navarra se han aliado en muchas ocasiones con los mayores enemigos de la existencia de Navarra para conmemorar dicho centenario. Así nos encontramos el apoyo institucional a la iniciativa batasunera 1512 Nafarroa bizirik en la que concejales de UPN,, CDN y PSN se han sumado a un demencial manifiesto elaborado en los ayuntamientos de pueblos de las Vascongadas gobernados por ANV y EA. Asimismo esta dialéctica también se ha hecho presente en la exposición titulado De Reyno a Comunidad Foral organizada en el Archivo de Navarra en lo referente a los hechos de 1512, aparte de la total omisión de las guerras carlistas y de la Cruzada, Precisamente UPN es uno de los principales enemigos de la Cruzada con la devastación, acompañada de no pocas complicidades eclesiales, de todo símbolo de la misma.

UPN ha claudicado y ha modificado el foralismo por un mero autonomismo estatutario protonacionalista. Así se diseñó esa calamidad constitucionalista del Estado de las Autonomias, en una carrera por la depredación cainita y el invento de hechos diferenciales. Navarra hoy en día ha sido conducida a ser un actor más de este espectáculo, haciéndola virar los políticos insensatos entre el panvasquismo y el antivasquismo, todo por un premeditado desapego de su genuina identidad histórica.

Navarra que llaman “corazón de España”, la antigua Vasconia o tierra de vascones, montañeses de tenaz apego a su independencia. Tierra de hayedos, pinabetes, rocas que vieron pasar muchedumbres de peregrinos que venían a visitar el cuerpo de Santiago. Gargantas de Roncesvalles por las que pasó Carlomagno, los Doce Pares y las huestes lúcidas. Dicen que el valí de Zaragoza, Suleiman Ibn Alarabí, le había llamado para pelear contra el emir de Córdoba y que luego se arrepintió, ello es que Carlomagno ni entró en Zaragoza ni venció a los moros; lo que hizo fue desmantelar los muros de Pamplona. Entró con sus bizarras huestes en son de conquista. Si solo hubiera tenido intento de pelear contra los moros, los vascones de estas tierras, cristianos todos ellos, le hubieran ayudado, pero vieron en él un enemigo a su independencia. Rodrigo Jiménez de Rada, dijo en su día, que Roncesvalles fue una victoria nacional de todos los pueblos de España, que eran acaudillados por el rey de León. Canta el romancero popular a Bernardo del Carpio como adalid de la independencia hispana, que no sufre la intromisión del emperador ni de gentes extrañas en los asuntos de nuestra patria, y tal es, de hecho, el espíritu de aquella batalla.

Sus montañas no fueron holladas por los moros, sus defensores fueron echándolos con tenacidad, de modo que a finales del S.VIII el territorio de Pamplona y la montaña, estaban regidos por señores independientes, bravos guerreros, hermanos todos, que fundaron un reino y un condado, el de Aragón. Nunca ha sido pues la antigua Vasconia, ajena a la historia de sus hermanos peninsulares. Condes de su misma sangre rigieron los destinos de la Jacetania y de Sobrarbe.

Como bien desarrolló Armando Besga, en un mundo rural, como el del primer milenio, el reino de Pamplona nació en una ciudad, esto es, nació en lo distinto: en lo heredado de Roma. Era ya en tiempos inmediatos a la invasión musulmana, una ciudad visigoda situada en la frontera con los vascones; fue la ciudad hispanocristiana que más veces se rebeló contra los musulmanes en el siglo VIII, lo cual indica la existencia de una alianza de los antiguos enemigos (Pamplona y vascones) frente a un enemigo común: el Islam. Esa alianza tuvo un carácter decisivo en la larga y compleja gestación del Reino hispano de Pamplona.

Por tanto, los orígenes hispanogodos del reino están y siempre estuvieron documentados: todo lo relativo al Derecho pamplonés y navarro se relaciona con la tradición romano-visigótica, los códices neogóticos encargados por miembros de la dinastía jimenda, utilización de la cursiva visigótica, etc…etc…etc…que para nada la hacía extraña a otras tierras hermanas como Asturias o Aragón, sino que mas bien, seguía su misma evolución.

Sancho III el Mayor, el gran monarca pamplonés, el “Rex Hispaniarum”, fue el artífice del nacimiento de los dos reinos que iban a ser llamados a cumplir el gran destino que la Providencia tenía reservado a la patria: por un lado Castilla, en la figura de Fernando el Magno (conde y padre del reino de Castilla en la figura de su hijo Sancho II) de sangre vascona como bien escribió Vizcarra Arana, y por otro lado, Aragón, en la figura de Ramiro su primer monarca y de sangre vascona como su padre y hermano. Castilla evangelizó América, Aragón con sus naves, conquistó el Mediterráneo.

Esa fue la cosmovisión no solo del Mayor, sino de sus descendientes. De un conjunto de tribus pirenaicas se pasó a un gran reino que extendía su influencia desde tierras gallegas a catalanas. De las montañas, se había bajado a tierra llana y la expansión hacia el sur (que luego quedó ahogada por los reinos que ella misma había fundado) se hizo inevitable y deseada, recayendo en Nájera su capitalidad. El hermoso romance navarroaragonés, se asentaba y la historia del antiguo Reyno corría pareja a la de sus hermanos peninsulares, con los que luchó codo a codo, pues todos compartían ya desde siglos la misma empresa, en las Navas de Tolosa la gran batalla, si no decisiva, de la Cristiandad en Occidente.

Fue el mismo Sancho VII el Fuerte, héroe y veterano ya de las Navas, quién firmó con Jaime I de Aragón un tratado de prohijamiento o adopción, por el que se instituían ambos dos, herederos de sus respectivos reinos; tratado que no llegó a cumplirse pero que dio muestra de la poca visión individualista, pero gran visión hispana que tenía el Fuerte. Por desgracia, en este caso, el pueblo navarro es celoso de su independencia y libertades y buena parte de él no vió con buenos ojos que su reino cayera en manos del rey conquistador, quizá recordando la amarga experiencia que quedó cuando el gran Alfonso el Batallador de Aragón y de Pamplona, lego sus reinos a las órdenes militares. A partir de ahí, Navarra se convirtió a su pesar, en patio de atrás de las dinastías francesas, salvo pocas excepciones como la de Carlos III el Noble, hasta que fue recuperada legítimamente por Fernando el Católico: Tanto su esfuerzo como el de su esposa, la gran Isabel la Católica, estaba en ensanchar su imperio por el ámbito geográfico que la naturaleza parecía haberles señalado. La Hispania romana y visigótica no podía ni debía estar mutilada por ninguna de sus partes y en ello centraron sus esfuerzos.

Proyectaron varios enlaces entre príncipes de Navarra y de Castilla, planes siempre frustrados desde el lado francés. Se intentó atraer a Juan y Catalina de Albret y apartarlos de la influencia francesa, protegiéndolos de las pretensiones de Juan de Foix, señor de Narbona, que pretendía arrebatarles la Corona. El propio Luis XII apoyaba a su sobrino Gastón de Foix con pretensiones al trono navarro, pero al fallecer éste en batalla, cambiaron las cosas. El interesado rey cismático de Francia se atrajo a Navarra de nuevo a su órbita y combatió al Papa Julio II por los territorios del norte de Italia, cosa que provocó su excomunión y la de sus aliados navarros y dio luz verde a Fernando, aliado de Roma, para recuperar, que no conquistar, el antiguo Reino. A partir de ahí Navarra se incorporó a Castilla, conservando sus fueros y libertades.

Dio Navarra grandes hombres que sintieron la causa de España como propia: ahí estaba Antonio de Leiva (1480-1536) que sucedió al Gran Capitán al mando de las tropas españolas en Italia; Rodrigo de Narváez; Pedro Vereterra, roncalés, célebre en las guerras de Italia; Pedro de Ursúa, baztanés y fundador de Tudela y Pamplona en Nueva Granada y explorador del Dorado y Omagua con 500 españoles; Francisco Espoz y Mina, azote de franceses en la Guerra de Independencia.

Dio grandes cronistas medievales como Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo; Martín de Azpilicueta, maestro en materias morales; buenos médico como Juan Huarte; Fray Diego de Estella, notable escritor místico. Nacido en Tudela, Miguel Server gran médico y heterodoxo, quemado en Ginebra por el protestante Calvino; Don Juan de Palafox; San Francisco Javier, apóstol que él solo vale por 1000; Hilarió Eslava, maestro y compositor de música religiosa; Julián Gayarre, de voz maravillosa e ideas políticas detestables; Santiago Ramón y Cajal el más célebre premio Nobel español oriundo del enclave navarro en tierra aragonesa Petilla de Aragón, Pablo de Sarasate, el gran violinista; el autor de grandes zarzuelas, Emilio Arrieta y tantos y tantos otros que han engrandecido la tierra navarra y han dado nombre a España.
Reke Ride

La corrupción como signo del sistema demoliberal (II)

En la anterior Bitácora Montejurra ofrecimos en enero del año 2006 una aproximación al fenómeno de la falsa representación de la democracia liberal y sus relaciones con la corrupción. El actual artículo, al hilo de los últimos escándalos de corrupción, viene a completar lo señalado en su día sobre la devastación que el derecho nuevo ha realizado sobre las firmes y justas instituciones del derecho tradicional hispánico.

La corrupción como signo del sistema demoliberal (II)

La tan celebrada por los políticos del Sistema Constitución de 1812 estableció entre sus múltiples y nefastas novedades la abolición del juicio de residencia (o purga de taula según la tradición de la Corona de Aragón) y del mandato imperativo. Se acababa así como una institución secular del derecho hispánico (en toda su amplitud, pues se aplicó tanto en la nueva como en la vieja España), que suponía una garantía de justicia en la administración de las potestades públicas. La Constitución de 1812 y todas las que la han continuado (con razón la actual de 1978 se proclama heredera de la misma) abrieron además la puerta a la proliferación de agentes y cargos públicos, que a la larga han generado una administración hipertrofiada e hiperburocrátizada, con desplazamiento de los cuerpos intermedios y asunción por parte del Estado de tareas que no le correspondian. Al margen de la valoración, obviamente negativa, que produce esta multiplicación de los cargos públicos la lógica más elemental aconsejaría el mantenimiento de las instituciones de control y fiscalización de la actividad pública. Pero para el sistema demoliberal fue al revés, cuanto más crecía la administración paralelamente menos controles se establecían sobre la misma. Por lo que obviamente la corrupción terminaba signando este modo de organizar lo público.

Esta corrupción generalizada afecta a todos los partidos demoliberales (es decir, todos los del actual arco parlamentario). La corrupción hoy en día es una característica esencial más del sistema demoliberal, articulado en torno a una representación bastardizada por los partidos políticos, sumisos a la exigencias de la finanza, la sinarquía y la mediocracia (retroalimentándose todos). Cuando sale a la luz algún caso de corrupción no es más que un arma política con la que desgastar al rival, pero no hay voluntad de acabar con ella ni de llegar al fondo de todos los asuntos (recordemos a título de ejemplo la inhibición de la Fiscalía ante el célebre caso del "3%" de comisiones exigido por la Generalitat catalana en el periodo de CiU, comisión que es muy posible que siga manteniendo el actual tripartito nacionalsocialista). Al problema de la corrupción se une el problema de la representatividad. Se prohibe el mandato imperativo, impidiendo un control efectivo por parte de los electores y es el partido quien aleatoriamente quita y pone el candidato.

Frente a la opacidad de la actual gestión pública no hay nada que inventar, pese a la nefasta mentalidad revolucionaria que esclava de continuas innovaciones que no aportan ningún remedio efectivo. La Tradición nuevamente es la solución, en ella encontramos instituciones que funcionaron eficazmente durante siglos y que si Dios quiere volverán a funcionar.

174 Juicios de residencia
Al abandonar la cartera ministerial - y al igual que todos los demás funcionarios públicos de la administración nacional, regional o local - cada ministro debe estar sometido a un juicio de residencia. En el caso de los ministros, el tribunal residenciador debe estar compuesto por cuatro magistrados seleccionados por sorteo y presididos por el presidente del Tribunal o Consejo Supremo de Justicia. Correlativamente, para los funcionarios de inferior rango los tribunales residenciadores se formarán con miembros de los proporcionales escalones inferiores de la escala judicial, a tenor de la importancia de sus puestos.
Los juicios de residencia deber n durar al menos tres meses, y durante dicho plazo el funcionario residenciado no podrá ausentarse del país ni disponer de sus bienes, para que éstos respondan eventualmente del resarcimiento de los daños y perjuicios causados durante el período de su actuación oficial.

¿QUE ES EL CARLISMO? (1971)

Edición cuidada por Francisco Elías de Tejada y Spínola, Rafael Gambra Ciudad y Francisco Puy Muñoz.
Centro de Estudios Históricos y Políticos "General Zumalacárregui"Escélicer, Madrid, 1971


LA APORIA DE LA REPRESENTATIVIDAD EN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO, LA CORRUPCIÓN COMO SIGNO DEL SISTEMA DEMOLIBERAL
Publicado en la Bitácora Montejurra en enero del 2006

La modernidad jurídico-política inauguró un sistema de representación inorgánico a través del mecanismo de los partidos políticos y el establecimiento del constitucionalismo. Los representantes de los ciudadanos –nueva categoría política que nace al calor de la revolución- lo son de “toda la nación” y por ello se prohíbe el mandato imperativo para los miembros de las Cortes Generales (en nuestra constitución del 78 lo está por el art. 67.2). El profesor Garronera Morales realiza una síntesis explicativa de la representación inorgánica liberal: "Los teóricos liberales y los revolucionarios que ponen en práctica aquellas doctrinas convierten la supresión del mandato imperativo en auténtico banderín de enganche de los nuevos tiempos. La explicación es lógica. Ya no hay un mero agregado de delegados inconexos. Ha surgido un nuevo sujeto: la Nación y es ésta quien, como titular de la soberanía dicta la verdadera voluntad del Estado. Siendo así, no hay una voluntad previa preconstituida o preexistente a la propia de la Nación. Los representantes con su debate, deliberación y votación, contribuyen a configurar la voluntad nacional, pero no en función de los concretos intereses de sus electores y, menos aún, en calidad de mandatarios, sino como miembros del Parlamento Nacional, auténtica expresión de la nueva soberanía. La consecuencia lógica no se hace esperar: La prohibición del mandato imperativo va acompañada de la configuración de los votantes como cuerpo electoral cuya tarea es elegir a la Cámara pero cuya voluntad no puede predeterminar en modo alguno la libre voluntad del representante. Aún más, la firme convicción del liberalismo de que el libre debate en el Parlamento es la conditio sine qua non para la adopción de una decisión coherente con el interés nacional exige la más absoluta libertad del representante, que en modo alguno puede verse coartada por aprioris o mandatos esencialmente perturbadores". Representación política y constitución democrática : (hacia una revisión crítica de la teoría de la representación) Civitas 1991.

Esta construcción argumentativa viene viciada por la propia filosofía del modelo político. Y la práctica se encarga de ponerlo continuamente de manifiesto. En primer lugar resulta contradictorio que alguien elegido por un partido con unos esquemas ideológicos determinados pueda arrogarse la representatividad de toda la nación (en su sentido político y polémico) y de los intereses de la misma (pues la ideología fragmenta el todo). Por ello el legislador liberal ha arbitrado diversos mecanismos para hacer valer la independencia del diputado por encima de la disciplina partidista, pero nos encontramos con una nueva aporía, pues el sistema electoral español (excepto en el Senado, cámara alta anecdótica y sin apenas capacidad legislativa o de control) es de listas cerradas, y el elector por tanto vota a una opción ideológica, no a una persona concreta. Resulta aún más paradójico el hecho de que se les atribuya a los diputados el ser representantes de la nación cuando muchos de ellos no ocultan su voluntad secesionista y contra la existencia de la propia nación. Son los partidos quienes seleccionan y presentan a los candidatos, quienes los representan ante la autoridad electoral, quienes financian las campañas electorales y, también, quienes deciden el relevante dato del orden de las listas, aspecto trascendente cuando el sistema electoral es, (como el español) cerrado y bloqueado.

En el régimen político de la Monarquía Tradicional se partía de una noción mucho más auténtica que la artificiosa representación liberal. Del carácter social del hombre y de la inevitable existencia de intereses encontrados en la sociedad se derivaba la necesidad de representación genuina y lo que es más importante: sujeción a lo mandado y mecanismos de responsabilidad ágiles, con lo cual quedaba conjurado todo peligro de manipulación arbitraria. Asimismo la auténtica transparencia en la gestión pública quedaba salvaguardada con la institución del Juicio de Residencia, institución que alcanza su máximo esplendor en la custodia del buen gobierno de las Españas de Ultramar. Siguiendo el manifiesto de la Festividad de los Santos Reyes de 1932 de SMC Alfonso Carlos I: “Cortes verdaderamente españolas, ligadas en los casos trascendentales por el mandato imperativo de sus electores, dignas sucesoras de aquellas gloriosas Cortes de los antiguos reinos, aunque acomodadas también, en lo que fuere preciso, a las exigencias harto complejas de los tiempos modernos, y no Parlamentos estériles, donde triunfa la garrulería y el escándalo; ni diputados que apenas conozcan sus distritos, como no sea para someterlos al yugo de sus caciquismos electorales. La Monarquía que yo proclamé debe ser Monarquía de verdaderas repúblicas, es decir, de Municipios libres verdaderamente, tales como España los concibió durante dilatados siglos de su Historia; baluarte inexpugnable de las libertades públicas y honrado ejemplo de escrupulosa administración”.
Además el partido político plantea aún más problemas. En tanto que no es una unidad natural que represente intereses concretos, sino una creación ideológica, lo que resulta ya suficientemente expresivo, “pues es la mentalidad ideológica, producto de la fragmentación del orden ontológico, la que ha portado a la razón moderna a un constructivismo negador del orden natural” (1). Estas unidades artificiales al no poder autofinanciarse por no dar lugar a una actividad productiva que justifique su incardinación social acuden como hemos visto recientemente a las irregularidades en el gobierno y a la obtención de créditos multimillonarios por la banca, que luego se pagan en razón de favores estrictamente políticos. Asimismo en este ámbito también entra la compra de los medios de comunicación con la consiguiente manipulación de la información en las sociedades postmodernas. Con lo cual se teje un triangulo vicioso entre la partitocracia, la mediocracia y la plutocracia alentado por el fundamento ideológico de la democracia liberal, que es la libertad de conciencia y religiosa.

En este contexto de crisis de representatividad actual voces representativas de paradigmas intelectuales dispares como Salvador de Madariaga o Gonzalo Fernández de la Mora han abogado por una suerte de corporativismo diferente de la opción del fascismo de entreguerras y de determinados regímenes autoritarios de postguerra. Es un intento de respuesta a un problema estructural de la democracia, que en su versión orgánica intenta una aproximación a la representación tradicional, pero con la que subsinten determinadas diferencias. Se trata de introducir una corrección a las imperfecciones y contradicciones de la representación partidista, que tampoco han podido ser colmadas con los instrumentos de democracia directa o semidirecta. Cuando se asientan las democracias representativas las mismas se guardan, paradojicamente, contra estos instrumentos directos, estableciendo determinadas cláusulas de intangibilidad en el conocimiento de asuntos y no concediendo carácter vinculante a los mismos. Al margen de regulaciones positivas podemos constatar por la vía de los hechos como una suerte de neocorporativismo con la forma genérica de lobbys extraparlamentarios guían cada vez más la agenda de los gobiernos. La alegalidad de los mismos determinan situaciones complejas, más allá de una supuesta vuelta a la sociedad civil. Los poderes son cada vez más ocultos y los mecanismos del poder cada vez se hacen más difícil de determinar pese a los formalismos jurídicos.

Por el contrario el fundamento del derecho tradicional —analiza hoy Elio A. Gallego— “descansa en el modo propio en que hemos sido creados y de lo que nos es debido para nuestra perfección (2)”. El mandato imperativo como sujeción a los intereses de los diversos componentes de una sociedad, la unidad de poder y mando en la monarquía hereditaria que evitaba las luchas por el poder y aseguraba la encarnación del mismo (frente a la actualidad en la que se puede hablar con razón sinarquía y poderes ocultos en la toma de la mayoría de las decisiones) evitando las conspiraciones y luchas internas, dotando de libertades concretas a los organismos que constituyen la sociedad, y limitando el poder del Rey a través del orden ético custodiado por la Iglesia y por las Cortes auténticamente representativas y las zonas de inmunidad de actuación de la potestad regia. Con un poder encarnado y personalizado en el Monarca frente a la indeterminación de las estructuras de poder sinárquicas modernas. Estos son los fundamentos del orden social cristiano, que definiera San Pío X en “Notre Charge Apostolique,” de 1910: “No, Venerables Hermanos —preciso es recordarlo enérgicamente en estos tiempos de anarquía social e intelectual en que todos sientan plaza de doctores y legisladores—, no se edificará la ciudad de modo distinto de como Dios la edificó; no se edificará la sociedad si la Iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos; no, la civilización no está por inventar ni la ciudad nueva por edificar en las nubes. Ha existido y existe: es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata más que de restablecerla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos contra los ataques, siempre renovados, de la utopía malsana, de la rebeldía y la impiedad. Omnia instaurare in Christo”.


(1) Actas de la XLI Reunión de amigos de la Ciudad Católica. “La ideología contra la verdad”. Barcelona, noviembre de 2003.
(2) “Tradición jurídica y derecho subjetivo”, Madrid, ed. Dykinson, 1996, p.47

¿Epidemia o mentira?

[FAROagencia] Madrid, 31 agosto 2009, festividad de San Ramón Nonato, confesor, y Santo Dominguito del Val, mártir. Los medios y los políticos del sistema llevan unos meses alimentando el temor a la denominada gripe porcina, también conocida como gripe norteamericana, nueva gripe, o gripe A (H1N1) según la mal llamada Organización Mundial de la Salud (OMS). Es inevitable recordar la anterior alarma por la gripe aviar, que quedó en nada.

Ante lo aparentemente injustificado de la alarma creada, puesto que la citada gripe causa muchas menos muertes que multitud de otras cepas de la gripe y enfermedades corrientes, FARO ha realizado una encuesta entre médicos, farmacéuticos y biólogos de confianza. Se omiten sus nombres porque, como recordaba uno de los encuestados, ya en 1944 (cuando tanto el negocio farmacéutico como el manejo de los medios de información distaba mucho de ser tan grande como en la actualidad) el eminente profesor Vicente Sanchís Bayarn, catedrático de Higiene de la Universidad de Valencia, decía a sus alumnos de la Facultad de Medicina: "El mundo de las vacunas mueve tal cantidad de millones, que les aconsejo que no metan ustedes el dedo en ese avispero, porque saldrán trompicados".

Con diferencias menores en sus respuestas, todos los encuestados están de acuerdo en que la alarma por la llamada gripe porcina es injustificada, y que la incidencia de la enfermedad es insignificante en comparación con otras comunes. Las pocas muertes se están produciendo en personas con otras enfermedades de base, como cualquier gripe.

Todos ellos están en contra de la vacuna que se pretende aplicar (no aceptarán ser vacunados ellos mismos). Quienes se han manifestado sobre el medicamento llamado Tamiflú están también contra su uso en caso de contagio: lo consideran peligroso y de nula utilidad.La mayor parte están total o parcialmente en contra del uso de las vacunas contra cualquier cepa de la gripe; muchos se inclinan a rechazar, en general, la mayor parte de las vacunas de uso habitual, tanto por su dudosa eficacia, como por sus efectos secundarios y por el daño que causan al sistema inmunológico de quienes las reciben.

Los encuestados coinciden en que una dieta completa, equilibrada y sana resulta mucho más eficaz contra todas las cepas de la gripe que cualquier medicamento o vacuna.

Hoy mismo, el Gobierno (de ocupación) de España ha anunciado que ha reservado vacunas contra la citada cepa de gripe para el 60% de la población, y que pretende obligar a vacunarse en primer lugar al personal sanitario y de servicios de emergencia, a los enfermos crónicos a partir de los seis meses de edad, y a las embarazadas. Se habla de extenderla la vacunación forzosa maestros, profesores y resto del personal de los centros de enseñanza. Una vacuna de dudosa eficacia, con efectos secundarios muy peligrosos, y que se ha encargado no a infrautilizados servicios públicos como el Centro Militar de Farmacia de la Defensa (al que se ha asignado un papel menor en este montaje), sino a dos multinacionales farmacéuticas extranjeras destacadas por sus beneficios récord y por su agresiva política comercial y mediática: Novartis y GSK (GlaxoSmithKline), como tuvo el descaro de anunciar en julio Trinidad Jiménez, Ministro de Sanidad de Rodríguez Zapatero. Ambos laboratorios comparten un oscuro historial de promoción de fármacos peligrosos, relación con el aborto provocado y política corporativa hostil a las mujeres embarazadas.

La mayoría de los enfermos de gripe A se curan sin medicación (como es sabido, en realidad no hay medicación eficaz contra ninguna cepa de la gripe, sólo contra sus síntomas). El médico Bernard Debré, miembro del Comité nacional de ética de Francia, asegura que la gripe porcina no es más que "una gripecilla", "no es peligrosa" y que "hay que pitar el final del partido". Nada de pandemia ni de enfermedad apocalíptica. Más bien lo que se aproxime a dimensiones apocalípticas sea el derroche de dinero público en vacunas y medicamentos inútiles y dañinos, y quizá las consecuencias de la aplicación de estos mismos productos. Un médico psiquiatra consultado por FARO manifestaba: "Yo creo que tanta alarma sanitaria, e hipermedicalización de la sociedad, es mala, debilita y aterroriza a la población, la infantiliza". Otro de los médicos encuestados escribía: "[La aparición de nuevas 'plagas' siempre] sucedió periódicamente, pero ahora ocurre en una sociedad, que se considera limpia, sin derecho a 'plaga', en donde nadie se quiere morir, y que tiene constituciones en donde se recoge el 'derecho a la salud' (sic): se rellenan montones de hojas en las redacciones, se da trabajo al becario ocioso, se asusta un poco, se exige un mucho, y, la 'democrática administración' responde, cómo no, 'pelín' sobreactuada".

Personal médico y de enfermería y científicos que colaboraron en el desarrollo de la vacuna contra la gripe A se niegan a que se les aplique y aconsejan que no se acepte. Véase en YouTube el vídeo http://www.youtube.com/watch?v=B4SmFxyust0 (en inglés).

En realidad todos los años, antes del fin del verano boreal, las multinacionales farmacéuticas aumentan sus atenciones hacia periodistas, empresarios de medios y políticos y funcionarios de organismos internacionales y de gobiernos, obteniendo a cambio una campaña sobre "la gripe terrible de este año" que proporciona pingües beneficios merced a las vacunas. La mercadotecnia de la de este año 2009 está alcanzando dimensiones históricas. El correspondiente derroche de dineros públicos en plena recesión, también. Los modos totalitarios del Estado democrático y del Nuevo Orden Mundial (N.O.M.) aprovechan la ocasión para mostrarse.

Junto a las ponderadas y fundamentadas razones científicas recogidas por FARO merece la pena releer un antiguo artículo sobre la las políticas sanitarias de los distintos modelos políticos: La asistencia sanitaria en los distintos modelos políticos. Añadimos desde este blog lo paradójico que supone que se promuevan restricciones en las prácticas religiosas (se proscribe la comunión en la boca, se prohíben peregrinaciones o se limita la devoción a Santiago Apóstol, con la colaboración infame de algunos clérigos) al tiempo que ninguna restricción se sugiere respecto a la promiscuidad o las prácticas aberrosexuales, que potencialmente se exponen mucho más al contagio y suponen un modo de vida decadente e insalubre. Tampoco respecto de los macrofestivales musicales, financiados con dinero público se ha sugerido medida alguna, pese a su insalubridad, hacinamientos y la libertad para el consumo de drogas (la mayoría de las veces una misma droga se consume entre varias personas) que los preside.