Objeción de conciencia y doctrina política católica

Roma, 9 octubre 2009, festividad de los Santos Juan Leonardi, confesor y fundador; Dionisio, Rústico y Eleuterio, mártires; Luis Beltrán, confesor.

Con ocasión del próximo Congreso Internacional «Estado y conciencia» de la Unión Internacional de Juristas Católicos que se celebrará en Madrid (D.m.) los próximos días 12 y 13 de noviembre, Patricia Navas ha entrevistado al profesor Miguel Ayuso Torres, para la agencia ZENIT:

Acompañar objeción de conciencia con doctrina política católica, pide jurista

Entrevista a uno de los organizadores del congreso «Estado y conciencia»

MADRID, viernes 9 de octubre de 2009 (ZENIT.org).- «La verdadera resistencia ante las injerencias de parte del Estado debe venir acompañada de la auténtica afirmación de la doctrina política católica». Lo señala el profesor de Ciencia Política y Derecho Constitucional Miguel Ayuso en la siguiente entrevista concedida a ZENIT. Ayuso forma parte del comité del congreso de la Unión Internacional de Juristas Católicos que se celebrará en Madrid el 12 y 13 de noviembre sobre el tema «Estado y Conciencia». Entre las diversas personalidades que participarán en el Congreso se encuentran el cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, y el arzobispo Raymond L. Burke, prefecto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica.

– ¿Actualmente están los Estados tomando terreno en el ámbito propio de la conciencia?

Miguel Ayuso: Es cierto que nuestros días puede hacerse más evidente la potencial conflictividad de la relación entre el Estado y la conciencia. Hay que tener presente que el Estado moderno nació basado en la afirmación de la libertad de conciencia, que ha conducido finalmente a constituir al poder político como fuente única de moralidad.

– ¿Podría poner algunos ejemplos?

Miguel Ayuso: Esto se ve con claridad en la vida interna de los Estados y en la de las organizaciones internacionales. Así, los criterios con que se pretende evitar el contagio del SIDA o regular la natalidad presuponen la exclusión de cualquier normatividad moral de origen religioso. Al mismo tiempo, el Estado separado de la Iglesia también tiende a negar la presencia de la fe en la educación o en la vida social. He ahí el dinamismo por el que el liberalismo descristianiza, como se hace patente en un mundo en el que los paradigmas de la modernidad fuerte se disuelven en un discurso de matriz nihilista.

– ¿Qué diferencias hay en este sentido respecto al pasado?

Miguel Ayuso: Para empezar, hay que distinguir, con la recta filosofía y la doctrina católica, entre libertad «de» conciencia y libertad «de la» conciencia. La segunda, que la Iglesia defiende, no es sino el reflejo de la ley moral objetiva inscrita en la conciencia, en todas las conciencias. La primera, en cambio, que es la de la cultura moderna, y la que se ha impuesto, supone la reclamación de una autonomía moral subjetiva. Las consecuencias políticas de la distinción no son pequeñas. Porque la libertad «de» conciencia lleva al individualismo exasperado, que se resuelve en una visión del derecho positivo como pura fuerza, y que presupone el concepto de libertad negativa, esto es, la libertad sin regla. Pero afirmar que todas las concepciones morales y religiosas tienen derecho de ciudadanía, con el único límite de que los actos que provengan de las mismas no dañen a otros, implica sostener que cada uno puede, en la esfera privada, hacer lo que le plazca. El hecho de drogarse, rechazar transfusiones de sangre necesarias, tener varias mujeres o evadir capitales al extranjero, por poner casos de distinta densidad, se convierten en problemas insolubles.

– ¿Cómo se pueden limitar las injerencias del Estado en los ámbitos propios de la conciencia?

Miguel Ayuso: Una primera solución conduce hacia los terrenos de la objeción de conciencia. Conviene, sin embargo, trazar aquí una distinción paralela a la que acabamos de hacer sobre la libertad de conciencia. Hay también una objeción «de» conciencia y una objeción «de la» conciencia. E igual y lógicamente la primera resulta ajena y contraria a la cultura católica; mientras que la segunda no es sólo aceptable sino que puede resultar incluso obligatoria en función de las circunstancias. Por eso, en nuestros tiempos, se oye hablar mucho de objeción de conciencia. Y bien está en cuanto supone el rechazo de leyes esencialmente injustas. Aunque con frecuencia lleva consigo una cierta ambigüedad, por el contexto de afirmaciones políticas en que se formula, y que no siempre discierne con claridad la objeción «de la» conciencia respecto de la objeción «de» conciencia. De ahí que la verdadera resistencia ante las injerencias de parte del Estado debe venir acompañada de la auténtica afirmación de la doctrina política católica. Ésta es la que sostiene que el Estado (o mejor, la comunidad política) es un instrumento del orden que se funda sobre una invariante moral, de modo que cuando se prescinde de ella no sólo se rechaza el que podríamos llamar «Estado católico», sino que es el propio «Estado» el que desaparece. No es frecuente, sin embargo, escuchar este tipo de afirmaciones en el mundo católico contemporáneo, quizá porque ha sido engullido (aun inconscientemente) por la cultura liberal.

– ¿Por qué se ha escogido para el congreso de este año el tema «Estado y Conciencia»?

Miguel Ayuso: En primer lugar, se trata de un tema central de la filosofía práctica, esto es, moral, jurídica y política. Nunca está de más, por lo tanto, contribuir a esclarecer conceptos tan importantes, tanto en sí mismos como en su interrelación, para los profesionales católicos del derecho. Pero no puede ocultarse que, en segundo lugar, la experiencia contemporánea hace más urgente esa reflexión, en cuanto exige el enjuiciamiento de múltiples cuestiones delicadas en las que está implicada la relación del Estado y de su ordenamiento jurídico con la conciencia.

– ¿Cuántas personas, y de cuántos países, prevé usted que participen en el Congreso del mes de noviembre?

Miguel Ayuso: La Unión Internacional de Juristas Católicos es una asociación privada internacional de fieles de derecho pontificio, dotada de personalidad jurídica, cuya sede central se encuentra en Roma, en el Palacio de la Cancillería, que goza de extraterritorialidad por pertenecer a la Santa Sede. Reúne profesionales o estudiosos del derecho de veinte países y tiene más de cinco mil socios. En este Congreso, el primero mundial que se celebra desde 1994, esperamos unos trescientos participantes, procedentes de una quincena de países. Por el momento, han anunciado su presencia colegas de Estados Unidos, Méjico, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Portugal, Francia, Italia, Hungría y Polonia, además de España naturalmente.

[Por Patricia Navas]

La corrupción como signo del sistema demoliberal (II)

En la anterior Bitácora Montejurra ofrecimos en enero del año 2006 una aproximación al fenómeno de la falsa representación de la democracia liberal y sus relaciones con la corrupción. El actual artículo, al hilo de los últimos escándalos de corrupción, viene a completar lo señalado en su día sobre la devastación que el derecho nuevo ha realizado sobre las firmes y justas instituciones del derecho tradicional hispánico.

La corrupción como signo del sistema demoliberal (II)

La tan celebrada por los políticos del Sistema Constitución de 1812 estableció entre sus múltiples y nefastas novedades la abolición del juicio de residencia (o purga de taula según la tradición de la Corona de Aragón) y del mandato imperativo. Se acababa así como una institución secular del derecho hispánico (en toda su amplitud, pues se aplicó tanto en la nueva como en la vieja España), que suponía una garantía de justicia en la administración de las potestades públicas. La Constitución de 1812 y todas las que la han continuado (con razón la actual de 1978 se proclama heredera de la misma) abrieron además la puerta a la proliferación de agentes y cargos públicos, que a la larga han generado una administración hipertrofiada e hiperburocrátizada, con desplazamiento de los cuerpos intermedios y asunción por parte del Estado de tareas que no le correspondian. Al margen de la valoración, obviamente negativa, que produce esta multiplicación de los cargos públicos la lógica más elemental aconsejaría el mantenimiento de las instituciones de control y fiscalización de la actividad pública. Pero para el sistema demoliberal fue al revés, cuanto más crecía la administración paralelamente menos controles se establecían sobre la misma. Por lo que obviamente la corrupción terminaba signando este modo de organizar lo público.

Esta corrupción generalizada afecta a todos los partidos demoliberales (es decir, todos los del actual arco parlamentario). La corrupción hoy en día es una característica esencial más del sistema demoliberal, articulado en torno a una representación bastardizada por los partidos políticos, sumisos a la exigencias de la finanza, la sinarquía y la mediocracia (retroalimentándose todos). Cuando sale a la luz algún caso de corrupción no es más que un arma política con la que desgastar al rival, pero no hay voluntad de acabar con ella ni de llegar al fondo de todos los asuntos (recordemos a título de ejemplo la inhibición de la Fiscalía ante el célebre caso del "3%" de comisiones exigido por la Generalitat catalana en el periodo de CiU, comisión que es muy posible que siga manteniendo el actual tripartito nacionalsocialista). Al problema de la corrupción se une el problema de la representatividad. Se prohibe el mandato imperativo, impidiendo un control efectivo por parte de los electores y es el partido quien aleatoriamente quita y pone el candidato.

Frente a la opacidad de la actual gestión pública no hay nada que inventar, pese a la nefasta mentalidad revolucionaria que esclava de continuas innovaciones que no aportan ningún remedio efectivo. La Tradición nuevamente es la solución, en ella encontramos instituciones que funcionaron eficazmente durante siglos y que si Dios quiere volverán a funcionar.

174 Juicios de residencia
Al abandonar la cartera ministerial - y al igual que todos los demás funcionarios públicos de la administración nacional, regional o local - cada ministro debe estar sometido a un juicio de residencia. En el caso de los ministros, el tribunal residenciador debe estar compuesto por cuatro magistrados seleccionados por sorteo y presididos por el presidente del Tribunal o Consejo Supremo de Justicia. Correlativamente, para los funcionarios de inferior rango los tribunales residenciadores se formarán con miembros de los proporcionales escalones inferiores de la escala judicial, a tenor de la importancia de sus puestos.
Los juicios de residencia deber n durar al menos tres meses, y durante dicho plazo el funcionario residenciado no podrá ausentarse del país ni disponer de sus bienes, para que éstos respondan eventualmente del resarcimiento de los daños y perjuicios causados durante el período de su actuación oficial.

¿QUE ES EL CARLISMO? (1971)

Edición cuidada por Francisco Elías de Tejada y Spínola, Rafael Gambra Ciudad y Francisco Puy Muñoz.
Centro de Estudios Históricos y Políticos "General Zumalacárregui"Escélicer, Madrid, 1971


LA APORIA DE LA REPRESENTATIVIDAD EN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO, LA CORRUPCIÓN COMO SIGNO DEL SISTEMA DEMOLIBERAL
Publicado en la Bitácora Montejurra en enero del 2006

La modernidad jurídico-política inauguró un sistema de representación inorgánico a través del mecanismo de los partidos políticos y el establecimiento del constitucionalismo. Los representantes de los ciudadanos –nueva categoría política que nace al calor de la revolución- lo son de “toda la nación” y por ello se prohíbe el mandato imperativo para los miembros de las Cortes Generales (en nuestra constitución del 78 lo está por el art. 67.2). El profesor Garronera Morales realiza una síntesis explicativa de la representación inorgánica liberal: "Los teóricos liberales y los revolucionarios que ponen en práctica aquellas doctrinas convierten la supresión del mandato imperativo en auténtico banderín de enganche de los nuevos tiempos. La explicación es lógica. Ya no hay un mero agregado de delegados inconexos. Ha surgido un nuevo sujeto: la Nación y es ésta quien, como titular de la soberanía dicta la verdadera voluntad del Estado. Siendo así, no hay una voluntad previa preconstituida o preexistente a la propia de la Nación. Los representantes con su debate, deliberación y votación, contribuyen a configurar la voluntad nacional, pero no en función de los concretos intereses de sus electores y, menos aún, en calidad de mandatarios, sino como miembros del Parlamento Nacional, auténtica expresión de la nueva soberanía. La consecuencia lógica no se hace esperar: La prohibición del mandato imperativo va acompañada de la configuración de los votantes como cuerpo electoral cuya tarea es elegir a la Cámara pero cuya voluntad no puede predeterminar en modo alguno la libre voluntad del representante. Aún más, la firme convicción del liberalismo de que el libre debate en el Parlamento es la conditio sine qua non para la adopción de una decisión coherente con el interés nacional exige la más absoluta libertad del representante, que en modo alguno puede verse coartada por aprioris o mandatos esencialmente perturbadores". Representación política y constitución democrática : (hacia una revisión crítica de la teoría de la representación) Civitas 1991.

Esta construcción argumentativa viene viciada por la propia filosofía del modelo político. Y la práctica se encarga de ponerlo continuamente de manifiesto. En primer lugar resulta contradictorio que alguien elegido por un partido con unos esquemas ideológicos determinados pueda arrogarse la representatividad de toda la nación (en su sentido político y polémico) y de los intereses de la misma (pues la ideología fragmenta el todo). Por ello el legislador liberal ha arbitrado diversos mecanismos para hacer valer la independencia del diputado por encima de la disciplina partidista, pero nos encontramos con una nueva aporía, pues el sistema electoral español (excepto en el Senado, cámara alta anecdótica y sin apenas capacidad legislativa o de control) es de listas cerradas, y el elector por tanto vota a una opción ideológica, no a una persona concreta. Resulta aún más paradójico el hecho de que se les atribuya a los diputados el ser representantes de la nación cuando muchos de ellos no ocultan su voluntad secesionista y contra la existencia de la propia nación. Son los partidos quienes seleccionan y presentan a los candidatos, quienes los representan ante la autoridad electoral, quienes financian las campañas electorales y, también, quienes deciden el relevante dato del orden de las listas, aspecto trascendente cuando el sistema electoral es, (como el español) cerrado y bloqueado.

En el régimen político de la Monarquía Tradicional se partía de una noción mucho más auténtica que la artificiosa representación liberal. Del carácter social del hombre y de la inevitable existencia de intereses encontrados en la sociedad se derivaba la necesidad de representación genuina y lo que es más importante: sujeción a lo mandado y mecanismos de responsabilidad ágiles, con lo cual quedaba conjurado todo peligro de manipulación arbitraria. Asimismo la auténtica transparencia en la gestión pública quedaba salvaguardada con la institución del Juicio de Residencia, institución que alcanza su máximo esplendor en la custodia del buen gobierno de las Españas de Ultramar. Siguiendo el manifiesto de la Festividad de los Santos Reyes de 1932 de SMC Alfonso Carlos I: “Cortes verdaderamente españolas, ligadas en los casos trascendentales por el mandato imperativo de sus electores, dignas sucesoras de aquellas gloriosas Cortes de los antiguos reinos, aunque acomodadas también, en lo que fuere preciso, a las exigencias harto complejas de los tiempos modernos, y no Parlamentos estériles, donde triunfa la garrulería y el escándalo; ni diputados que apenas conozcan sus distritos, como no sea para someterlos al yugo de sus caciquismos electorales. La Monarquía que yo proclamé debe ser Monarquía de verdaderas repúblicas, es decir, de Municipios libres verdaderamente, tales como España los concibió durante dilatados siglos de su Historia; baluarte inexpugnable de las libertades públicas y honrado ejemplo de escrupulosa administración”.
Además el partido político plantea aún más problemas. En tanto que no es una unidad natural que represente intereses concretos, sino una creación ideológica, lo que resulta ya suficientemente expresivo, “pues es la mentalidad ideológica, producto de la fragmentación del orden ontológico, la que ha portado a la razón moderna a un constructivismo negador del orden natural” (1). Estas unidades artificiales al no poder autofinanciarse por no dar lugar a una actividad productiva que justifique su incardinación social acuden como hemos visto recientemente a las irregularidades en el gobierno y a la obtención de créditos multimillonarios por la banca, que luego se pagan en razón de favores estrictamente políticos. Asimismo en este ámbito también entra la compra de los medios de comunicación con la consiguiente manipulación de la información en las sociedades postmodernas. Con lo cual se teje un triangulo vicioso entre la partitocracia, la mediocracia y la plutocracia alentado por el fundamento ideológico de la democracia liberal, que es la libertad de conciencia y religiosa.

En este contexto de crisis de representatividad actual voces representativas de paradigmas intelectuales dispares como Salvador de Madariaga o Gonzalo Fernández de la Mora han abogado por una suerte de corporativismo diferente de la opción del fascismo de entreguerras y de determinados regímenes autoritarios de postguerra. Es un intento de respuesta a un problema estructural de la democracia, que en su versión orgánica intenta una aproximación a la representación tradicional, pero con la que subsinten determinadas diferencias. Se trata de introducir una corrección a las imperfecciones y contradicciones de la representación partidista, que tampoco han podido ser colmadas con los instrumentos de democracia directa o semidirecta. Cuando se asientan las democracias representativas las mismas se guardan, paradojicamente, contra estos instrumentos directos, estableciendo determinadas cláusulas de intangibilidad en el conocimiento de asuntos y no concediendo carácter vinculante a los mismos. Al margen de regulaciones positivas podemos constatar por la vía de los hechos como una suerte de neocorporativismo con la forma genérica de lobbys extraparlamentarios guían cada vez más la agenda de los gobiernos. La alegalidad de los mismos determinan situaciones complejas, más allá de una supuesta vuelta a la sociedad civil. Los poderes son cada vez más ocultos y los mecanismos del poder cada vez se hacen más difícil de determinar pese a los formalismos jurídicos.

Por el contrario el fundamento del derecho tradicional —analiza hoy Elio A. Gallego— “descansa en el modo propio en que hemos sido creados y de lo que nos es debido para nuestra perfección (2)”. El mandato imperativo como sujeción a los intereses de los diversos componentes de una sociedad, la unidad de poder y mando en la monarquía hereditaria que evitaba las luchas por el poder y aseguraba la encarnación del mismo (frente a la actualidad en la que se puede hablar con razón sinarquía y poderes ocultos en la toma de la mayoría de las decisiones) evitando las conspiraciones y luchas internas, dotando de libertades concretas a los organismos que constituyen la sociedad, y limitando el poder del Rey a través del orden ético custodiado por la Iglesia y por las Cortes auténticamente representativas y las zonas de inmunidad de actuación de la potestad regia. Con un poder encarnado y personalizado en el Monarca frente a la indeterminación de las estructuras de poder sinárquicas modernas. Estos son los fundamentos del orden social cristiano, que definiera San Pío X en “Notre Charge Apostolique,” de 1910: “No, Venerables Hermanos —preciso es recordarlo enérgicamente en estos tiempos de anarquía social e intelectual en que todos sientan plaza de doctores y legisladores—, no se edificará la ciudad de modo distinto de como Dios la edificó; no se edificará la sociedad si la Iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos; no, la civilización no está por inventar ni la ciudad nueva por edificar en las nubes. Ha existido y existe: es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata más que de restablecerla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos contra los ataques, siempre renovados, de la utopía malsana, de la rebeldía y la impiedad. Omnia instaurare in Christo”.


(1) Actas de la XLI Reunión de amigos de la Ciudad Católica. “La ideología contra la verdad”. Barcelona, noviembre de 2003.
(2) “Tradición jurídica y derecho subjetivo”, Madrid, ed. Dykinson, 1996, p.47

Afrancesados de ayer, europeístas de hoy

Monumento a Viçent Domenech, el Palleter, en las Torres de Quart, Valencia. Patriota valenciano que dió el primer grito contra la invasión europeísta y napoleónica en el Reino de Valencia.

La Comunión Tradicionalista en su secular oposición al europeísmo (los ejemplos más recientes la gran campaña nacional por el NO al tratado por el que se establecia una constitución para Europa) siempre ha señalado la continuidad entre los europeístas y los afrancesados. Así, fue Napoleón el primero que quiso establecer un proyecto de Europa políticamente unida bajo los principios revolucionarios que la gestaron, acabando con la identidad de los pueblos que componian la antigua Cristiandad. El proyecto europeizador de la segunda postguerra mundial tenia los mismos protagonistas franceses, cediendo timidamente pequeñas cotas de hegemonía bajo la coartada del "eje franco-alemán". Los fundamentos teóricos eran los mismos: crear una sociedad sin Dios en la que imperasen los principios racionalistas, ilustrados, economicistas; es decir, revolucionarios y liberales. Castizamente siempre entendió el fino sentido del pueblo español lo "europeo" como sinónimo de cambios contrarios a nuestra forma de ser secular. Lo que unido a la génesis histórica del concepto político de Europa como destrucción de la Cristiandad llevó muy pronto al Carlismo a identificar la magnitud de la amenaza. Además de las consideraciones religiosas la mera situación geoestratégica de Europa nunca puede ser integrar totalmente a las Españas, por más que obvias razones de índole geográfico (la mayor parte de las Españas no se encuentran en el continente euroasiatico) y cultural. Por último la planificación económica diseñada por las burocracias centralistas de Bruselas ha determinado la destrucción de nuestro tejido productivo, industrial y agrícola y la incapacidad de defender ciertos sectores como la pesca, así como el establecimiento de políticas contrarias a los trabajadores como la directiva Volkestein. Asimismo en el ámbito de la enseñanza la entrada en la UE ha sido un elemento esencial para imponer una visión anticristiana de la misma en las diversas programaciones estatales de la educación y mediante el proceso de Bolonia se está llevando a cabo un enorme proceso de precarización de la misma. Todo ello ha sido justificado por los gobiernos de turno en base a las ayudas condicionadas y temporales (ya desaparecidas) que tan mal han sido administradas y que para nada compensan el sacrificio sufrido por los sectores aludidos.

A dos siglos de la guerra de la Independencia el gobierno de ZP ha reivindicado el legado de los afrancesados. No es nada raro, siendo el socialista uno de los principales lobbies europeístas, sucesores de aquellos indignos españoles al servicio de ideales extranjeros. Desde Godoy y sus afrancesados los gobiernos débiles y antinacionales de España siempre han intentado buscar poderes extranjeros que los sustenten, en los poderes foráneos pretenden la consolidación de sus puestos y prebendas, a costa de nuestro pueblo. Y en ese afán son capaces de empeorar las condiciones una y otra vez. En el caso del actual gobierno su alianza de civilizaciones es perfectamente compatible con su frenesí europeísta ya que en su concepción anticristiana el Islam cabe perfectamente en el proyecto de construcción europeísta a través de la libertad religiosa y de cultos y de la integración de Turquía. El 20 de febrero de 2005 tras una brutal campaña institucional a la que se unió el PP (con lo que demuestran que sustancialmente nada diferencia a los dos partidos) pretendieron que el fracaso del referéndum -solo uno de cada cuatro españoles con derecho a voto optó por el sí- sobre el proyecto constitucional europeo fuese un impulso al mismo. Después de decaer el proyecto constitucional el gobierno socialista ha sido uno de los principales promotores del Tratado de Lisboa, que supone de facto la aprobación de la Constitución Europea, excepto en aspectos formales que agravan aún más la falta de protagonismo de España, pero sin referéndum previo. Curioso talante democrático. El Tratado de Lisboa concede a la Unión Europea personalidad jurídica (antes solo lo tenian las diversas Comunidades) con lo que se fortalece el centralismo bruxeliense y las macroestructuras de poder; consagra el laicismo a través de la masónica "carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea"; fortalece la política exterior de la UE con lo que en contenciosos como el de Malvinas necesariamente España toma parte por los enemigos de la Hispanidad; en consonancia con su espíritu liberal establece el despido libre y la precarización de las condiciones de trabajo, etc... Además por el ya aludido recurso a poderes extranjeros al que desde los afrancesados recurren los gobiernos carentes de legitimidad España ha perdido peso y poder específico en todas las instituciones comunitarias al concluir negociaciones de modo precipitado, renunciando a cualquier atisbo de dignidad nacional en pos de la aprobación inmediata del Tratado y no ha ejercitado ninguna cláusula de salvaguardia por la que podria no integrar algunas partes del derecho comunitario en defensa de los intereses nacionales.

Los carlistas por contra reivindicamos a los patriotas que se levantaron contra el invasor napoleónico y europeísta. Hace un siglo SMC Carlos VII dispuso que los tradicionalistas reivindicasemos el sentido neto del alzamiento popular contra Napoleón, salvando el honor del recuerdo de los patriotas antinapoleónicos con la publicación de estudios que reivindicaban la gesta y la celebración de grandes aplecs, como el de Manresa. Un siglo después continuamos en esa empresa de recuerdo y denunciamos y combatimos a pesar de la precariedad de nuestros medios actuales los efectos perniciosos que la europeización ha tenido sobre España.

Hay que hacer un esfuerzo para depurar el lenguaje de trampas semánticas y volver al sentido tradicional de los términos, con su carga simbólica y afectiva además de doctrinal. Europa no es un mero concepto geográfico sino ante todo una construcción sociológica, cultural y política que en España siempre fue sinónimo de costumbres y modos opuestos a los autóctonos. Y denunciar que los que se jactan de ser herederos de los afrancesados por la vía del europeísmo continúan la nefasta obra de los que hace 200 años colaboraron con los invasores. Contra la europeización anticristiana la Hispanidad Mariana.

Adenda:

33 España contra Europa
La cristiandad agonizante, en efecto, encontró por gracia de Dios un paladín frente a la Europa creciente entre 1517 y 1648 en las Españas. Era un puñado de pueblos, capitaneados por Castilla, como soldados del orden de ideas de la cristiandad mayor, y constituidos en una cierta cristiandad menor y de reserva, retaguardia fronteriza, arisca e indomable.
Eran pueblos varios dispersos, extraordinariamente diversos y esparcidos, mas unidos férreamente en dos solas cosas: la lealtad en el servicio al mismo rey, y la misión al servicio del mismo Dios. Difícil es enumerarlos. Baste recordar algunos ejemplos. Los cuatro reinos andaluces aportaron el caudal milenario de sus individualidades portentosamente adaptables a todo lo accidental. Las tribus vascas del Pirineo regalaron a la empresa su sentido de la pequeña comunidad. El solar de los pueblos astures, celtas y leoneses aportaron su vieja herencia goda y su fabulosa vocación organizativa de imperio, pasión de unidades demostrada por la egregia cabeza del máximo pensador portugués Jerónimo OSORIO. Aragón, cuna altísima de las libertades políticas, acopió su sentido práctico para la organización económica y jurídica de tradición romana. Nápoles y Sicilia acudieron con los más agudos pensadores que las Españas han tenido. Cerdeña se ganó con justeza los títulos de la lealtad más esclarecida entre todos los pueblos españoles. El Franco-Condado supo ser la trinchera avanzada donde alientan los españoles más españoles de que haya recuerdo...
En el siglo XVI, merced al entrenamiento ocho veces secular de la reconquista, estos pueblos fueron el bastión de la cristiandad frente a la Europa enemiga, y los solos en encontrarse diestros para la excelsa empresa de mantener la tradición cristiana.

34 Los que no somos europeos
Aquellos pueblos son nuestros pueblos. Por eso dimos el ejemplo de que por las aulas de Trento o por las cátedras de Salamanca, por las llanuras lombardas o por los pantanos flamencos, por las tierras nuevamente planeta ignorados casi por los geógrafos, hombres de varias lenguas, razas y talantes, teólogos o rudos, sabios o violentos, fuimos soldados de Cristo. Por humanos, capaces de caer en los pecados de la debilidad. Por hispanos, incapaces de pecar contra el primero de los mandamientos de la ley de Dios. Por ambas cosas, autores e intérpretes de una de las más grandes gestas de que guarda recuerdo la memoria de los hombres.
Cerrando filas, combatieron los españoles contra la Europa laicista que venía, en defensa de la cristiandad que agonizaba. Con una fe que movió montañas, luchamos en defensa de una ordenación social basada en libertades concretas. Porque no luchamos a tontas y a locas, sino dando testimonio sangriento del compromiso temporal que comportaba, como programa político, nuestra fe:
"Nosotros tuvimos un programa político con validez para el mundo entero. Nosotros, los que no somos europeos, los que vivimos aislados detrás de los Pirineos. Y no solamente lo tuvimos, sino que hicimos más: lo sostuvimos. Queríamos un mundo cuyas relaciones internacionales estuvieran asentadas, no sobre los débiles pactos surgidos de la convivencia del momento, de los atropellos unilaterales de los poderosos, sino que las bases del orden internacional se
cavaran en la idea de la universitas christiana"

¿QUE ES EL CARLISMO? (1971)
Edición cuidada por Francisco Elías de Tejada y Spínola, Rafael Gambra Ciudad y Francisco Puy Muñoz
Centro de Estudios Históricos y Políticos "General Zumalacárregui"
Escélicer, Madrid, 1971